Estimado Eduardo:


Por Carolina Vásquez Araya

Su carta es el testimonio de cuánto sufrimiento es posible infligir en un ser indefenso.


Leo sus palabras y me vienen a la mente las devastadoras imágenes de tantos miles de niñas y niños silenciados y sometidos al poder de un padre abusador. No es un cuadro excepcional y esa, no cabe duda, es la parte más triste de la historia. Pero nadie quiere aceptarlo porque eso representa el quiebre definitivo de la unidad familiar. Una unidad solo presente como parte de una utopía, un deseo inconsciente de negar lo malo para aferrarse con uñas y dientes a una estabilidad tan falsa como perversa.


Usted me cuenta su experiencia y puedo imaginar el dolor acumulado durante años. Es como una mancha imborrable en el pasado de tantas víctimas inocentes sometidas a abuso sexual por quien debería ser su protector. Es perceptible en sus palabras ese sentimiento de impotencia y repugnancia del cual es imposible escapar porque a lo largo de la vida surge una y otra vez, como una especie de maldición tan inmerecida como devastadora.
Lo más triste, Eduardo, es el silencio de los demás. Saben y callan porque de eso no se habla, porque el poder patriarcal es tan imponente como para someter al conjunto en una complicidad sucia y contaminante, en la negación tácitamente aceptada para ocultar un hecho criminal capaz de destruir la vida de un infante. Pero me cuenta en su carta de sus intenciones de enfrentarlos uno por uno porque es parte de su terapia de sanación. He de decirle que es un acto muy valiente, perderá la estima de algunos pero quizá logre evitar la cadena de abuso contra sus hermanos menores quienes, usted lo dice, sin duda experimentan el mismo drama.


Usted no imagina cómo un testimonio tan íntimo pueda ayudar a otros a liberarse de ese terrible círculo de violencia, pero su efecto liberador es un hecho. Por lo general, las víctimas sienten la vergüenza que debería sentir el perpetrador y callan por temor a las consecuencias de una denuncia tan devastadora, pero sobre todo por el temor a no ser escuchado o sufrir una especie de exilio emocional por parte del grupo familiar y las demás personas de su entorno social. A lo largo de los años el silencio se vuelve una carga pesada, manifestándose de mil modos diferentes en sus relaciones con la sociedad y también con sus parejas sentimentales, ante quienes abrir esa caja de Pandora resulta una tarea psicológicamente extenuante.


Imagine, Eduardo, cuántos niños y niñas viven esa pesadilla sin posibilidad alguna de escapar de ella porque cuando denuncian nadie les cree. Imagine a esas niñas embarazadas por su padre, por su abuelo, por su tío o por cualquier hombre con suficiente poder para agredirlas sin temor a las consecuencias y sentenciadas por el Estado y la sociedad a una maternidad cruel e injusta. Comprenda, Eduardo, el alcance de su arrojo para enfrentar a quienes debieron protegerlo durante su niñez y vea este acto de reivindicación como un ejemplo para muchos como usted. El periplo familiar que intenta realizar lo colocará del lado de los hombres y mujeres cuyo valor impulsa indefectiblemente un cambio de visión sobre el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo.
Personas como usted, Eduardo, pueden hacer la diferencia con el solo hecho de denunciar y, con ese acto, destruir el silencio alrededor de uno de los delitos más devastadores del catálogo criminal, no solo por lo ruin y solapado, sino por la manera como convierte al hogar –un reducto de protección y amor- en la sede del infierno. Quizá más víctimas sigan su ejemplo y se liberen por fin de ese dolor callado y constante.


Gracias por eso.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es un crimen perverso, cruel y devastador.
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El color de la política


Por  Carolina Vásquez Araya

La acción política no es mala per se, sino el resultado del uso o abuso de ese poder.

“La política es sucia, la política es corrupta, no hay que meterse en política…” Estos son los mensajes destinados a salvaguardar la ética y la seguridad personal a costa de abandonar los asuntos públicos en manos de otros. Mal mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones cuyos integrantes han crecido y desarrollado en un ambiente de desconfianza y apatía generado por un ejercicio opaco, malintencionado, corrupto y exento de valores en la mayoría de países del mundo.
Sin embargo, el compromiso político se convierte en la única herramienta posible para transformar los marcos dentro de los cuales se ejerce el poder. No existe posibilidad de avanzar en la consolidación democrática de las instituciones sobre las cuales descansan la justicia y los derechos ciudadanos si la ciudadanía no participa organizadamente para garantizar su representatividad en las más altas instancias de una nación. Las estrategias mediante las cuales se ha conseguido provocar ese abandono de las obligaciones cívicas por parte de la población han sido creadas precisamente para concentrar el poder casi absoluto en manos de grupos interesados por monopolizarlo y aprovecharse de él.
Esta indiferencia política inducida por la conducta indeseable de quienes se encargan de los asuntos públicos, resulta especialmente perjudicial en la mayoría de países latinoamericanos cuyos sistemas se han decantado por el abuso de privilegios, impunidad para sus delitos, monopolización de los cuadros directivos de las organizaciones políticas y una legislación con candados diseñada para jamás perder ese monopolio. Este escenario resulta especialmente disuasivo ante una juventud privada de educación de calidad y sobre todo de la información indispensable para generar espacios de discusión, análisis y participación.
El recambio generacional es indispensable, pero también lo es la creación de cuadros políticos capaces de romper esos muros construidos por las generaciones anteriores, la mayoría de ellas condicionadas por los resabios de una Guerra Fría cuyos mensajes fueron elaborados a partir de la necesidad de Estados Unidos de dividir a los pueblos. Estas estrategias, cuyo objetivo era dominarlos con mayor eficacia apoyados por títeres represivos y cámaras legislativas acordes con sus proyectos de dominación, se fueron consolidando gracias a la infiltración de grupos religiosos, grandes monopolios y una represión sanguinaria contra todo pensamiento político opuesto.
La participación política, hoy secuestrada por grupos de poder con intereses económicos y altos niveles de corrupción, constituye un derecho ciudadano inalienable en cualquier país democrático o cuyo marco jurídico permita esa clasificación. No hacerlo es un abandono de los derechos pero también de las responsabilidades ciudadanas, toda vez que se delega en otros –por lo general de dudosas intenciones- el futuro de las mayorías. En nuestros países se puede ver el resultado de ese abandono en los espeluznantes indicadores de desarrollo social, pero también y sobre todo en el escandaloso enriquecimiento de las castas económicas y políticas que nos gobiernan.
Es importante reconocer que la política no tiene color. El color se lo dará quien la ejerza de acuerdo con su estatura ética y sus valores. Por ello es importante rescatarla y realizar el arduo trabajo de quitarle esa pátina que hoy la cubre. Nadie tiene derecho a impedir la participación ciudadana, pero será esa ciudadanía la única y principal responsable de abrir los candados que hoy la marginan.

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Los pañuelos verdes


Por Carolina Vásquez Araya

Las cifras de niñas embarazadas y mujeres muertas por abortos clandestinos exigen una revisión profunda y urgente de los marcos legales.


Las mujeres argentinas han marcado un hasta aquí en uno de los temas más sensibles y controversiales para las sociedades latinoamericanas: el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo –IVE- impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El emblema de la organización desde la cual se originó el movimiento hace ya 15 años es un pañuelo verde con una inscripción en blanco que reza “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, poniendo de relieve una de las causas principales de muertes evitables de mujeres en todos los países del continente.


El proyecto de la despenalización del aborto –ya aprobado por la Cámara de Diputados argentina luego de uno de los debates más apasionantes y reñidos de los últimos tiempos- busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando es producto de violación o existen malformaciones fetales graves. El debate, ampliamente difundido, estuvo marcado por intervenciones de carácter científico, ético y jurídico de muy alto nivel, lo cual establece una gran diferencia con las posturas de políticos y miembros de instituciones civiles en otros países, en donde los argumentos excluyen el marco de derechos de la mujer en un contexto real de riesgo de vida, desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos.


Los derechos de las mujeres en cuanto a sus libertades individuales han estado históricamente restringidos. No solo desde el seno del hogar, en donde experimenta la mayoría de las agresiones y limitaciones a su desarrollo, sino en todos los estamentos de la sociedad a la cual pertenezca, en donde se le exigen ciertas conductas predeterminadas por un sistema machista enfocado en privilegiar las aspiraciones del segmento masculino: virginidad, sumisión, entrega absoluta a un rol diseñado para garantizar la reproducción en un escenario lleno de mecanismos de control.


Una de las amenazas constantes en la vida de niñas y mujeres es la violación sexual, hecho consumado en su mayoría por hombres de la familia o conocidos y en cualquier ambiente de su entorno, provocando no solo embarazos no deseados sino también trauma psicológico permanente y toda clase de obstáculos a su normal desarrollo. En el caso de las niñas y adolescentes, un embarazo significa un elevado riesgo para su vida porque al no haber alcanzado su cuerpo una plena madurez, no está preparado para semejante trastorno físico y emocional. Sin embargo, la mayoría de nuestros países presentan cifras récord de niñas y adolescentes embarazadas sin la menor posibilidad de interrumpir un proceso de gestación provocado por un delito, porque sus legislaciones lo prohíben a partir de consideraciones de carácter religioso.


Uno de los resultados más notables de lo sucedido en Argentina con este colectivo que ha logrado mover a las masas en la exigencia de una apertura legal sobre el tema, es haber dejado establecida la condición laica del Estado en su toma de decisiones en una sociedad integrada por personas diversas, cuyos parámetros de vida no responden necesariamente a una visión única a partir de una doctrina religiosa.
La marea verde de las mujeres argentinas ha abierto los espacios de discusión con respeto y la decisión muy saludable de acabar con los mitos y los tabúes sobre la sexualidad femenina, sus derechos reproductivos y su determinación de no volver a cerrar esas compuertas. El diálogo con respeto pero, sobre todo, el diálogo informado, es la tarea pendiente para otros países del continente.

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Hablemos de solvencia moral
Por Carolina Vásquez Araya

Los ataques de Estados Unidos y sus aliados contra Siria nos deben poner en alerta.

El presidente Trump destaca por antipático y por generar rechazo. Pero es importante comprender que la política exterior de Estados Unidos responde a la estrategia de dominación que ese país ha mantenido durante más de 200 años. Creada para dominar política y económicamente al planeta, esta política hoy afecta a Siria,


ayer fueron Irak y Afganistán, anteayer República Dominicana, Cuba, Guatemala, Chile, Argentina, las naciones africanas, Japón y se podría seguir contando las innumerables “intervenciones” abiertas o clandestinas ejecutadas por ese país para imponer dictadores dóciles y sanguinarios.


Siria no es más que una etapa en el dominio pretendido por esa nebulosa administración estadounidense –Trump solo sigue una línea ya trazada- demostrando que cualquier oposición será atacada con violencia. Es importante señalar que Estados Unidos tiene la facilidad para manejar sus planes con un halo de legitimidad gracias a una prensa plegada a sus intereses y el concurso de países como Francia y Gran Bretaña, ávidos de poder.
Si creemos que Siria no nos compete, por lejanía, desconocimiento de la geopolítica actual o por estar más ocupados de nuestros propios descalabros, es importante ver el cuadro completo y comprender que la agresión en cualquier punto del planeta es un aviso de lo que podría sucedernos si intentamos, como Cuba y otros países cercanos, independizarnos del apretado círculo de influencia del gigante del norte. Hemos de entender la política mundial de modo integral ante la realidad de que nadie está a salvo de un golpe de autoridad ante el más tímido intento de subversión, sobre todo si se pretende convertir a nuestros países en modelos de democracia.
La presencia de Rusia y China en el escenario bélico de Damasco viene a representar la única defensa de ese país ya devastado por la guerra. Los intentos de convertir el ataque actual en una herramienta para apoderarse de la riqueza de Siria, como sucedió con otros países de la región, chocan contra dos gigantes opuestos a las ambiciones del Departamento de Estado y sus grandes corporaciones, gigantes que también tienen su agenda en el territorio. Al final de cuentas, los países menos desarrollados y debilitados por el intervencionismo de las potencias somos como un bocado apetecible y difícilmente nos salvamos de ser devorados, tarde o temprano.


En estos días, mientras Estados Unidos bombardea Siria, se desarrolla la Cumbre de las Américas, cuyo tema central es la corrupción y la gobernabilidad. En ese contexto Luis Almagro, secretario general de la OEA, no tuvo empacho en enderezar sus misiles verbales contra Cuba y, en abierta paradoja, justificar la agresión estadounidense contra Damasco, evidenciando hasta qué punto ese organismo responde a las políticas de la Casa Blanca en contradicción con sus principios como ente regional. Eso obliga a repensar en la enorme vulnerabilidad de América Latina y el Caribe ante la presión ejercida por Estados Unidos sobre sus gobiernos con la finalidad de mantenerlos alineados y sumisos, ya que corrupción e ingobernabilidad –temas centrales del foro- son algunos de los “efectos colaterales” de la intromisión estadounidense en todos nuestros países.


Para alegar solvencia moral, como pretende, la Casa Blanca debería aceptar y respetar la voluntad de los pueblos, abandonar las tácticas intervencionistas en países menos desarrollados, abstenerse de destruir sus territorios por medio de la explotación ilegítima e irracional de sus recursos y salir de donde no le corresponde estar. Eso, para empezar.

Mientras Estados Unidos continúe su carrera expansionista, no habrá paz en el mundo.

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Tierra de soñadores


Por Carolina Vásquez Araya

“Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son”, reza el monólogo de Segismundo.

“Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte ¡desdicha fuerte!
¿Qué hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?”


Palabras sabias del poeta, pero tan sabias como inútiles: no alcanzan a penetrar en la conciencia de quienes, convencidos de su fuerza y quizá soñando con la permanencia de sus falsas dinastías por los siglos de los siglos, aplastan los sueños de sucesivas generaciones…


Así es como en pueblos sometidos a la poderosa mancuerna de sus jerarcas, se cocinan alianzas duraderas, tan persistentes como las enfermedades terminales y tan nefastas como aquellas. Las medicinas populares contra el mal de la pérdida de memoria se reducen a unos ungüentos paliativos, unos pocos paseos por la plaza y muchas pláticas sociales cuya búsqueda de respuestas dura lo que un suspiro.
Sueños. Esos delirios de grandeza en unos y las nunca satisfechas ansias de justicia en los más, son como vapores que enrarecen el aire y contaminan las esperanzas de libertad. Por eso cuando surgen voces valientes son acalladas por las balas, en manos prestadas para no dejar huellas. Sueños. Tristes intentos de levantarse, una y otra vez, pretendiendo ignorar que las cartas dicen otra cosa desde las cumbres del hemisferio.


Mañana, dicen los sueños. Mañana se abrirán los caminos; hombres y mujeres desfilarán libres y sus opresores habrán pagado sus delitos. Pero esas promesas se diluyen y el despertar de los sueños provoca el agudo dolor de las promesas incumplidas. Entonces el desfile triunfal del sueño se transforma en el espectáculo de la miseria, del hambre y la desesperanza. Los falsos reyes habrán vencido una vez más, con la complicidad de sus vasallos y el ominoso silencio de las masas.


¿Es acaso la búsqueda de la felicidad una forma de demencia? ¿Es la vida humana una moneda de intercambio entre potencias aliadas en la extorsión y el saqueo? Abrimos los ojos y vemos el dantesco espectáculo de eso que los falsos reyes nos quieren vender como “víctimas colaterales”: niñas, niños, mujeres y hombres asesinados en nombre de la democracia y la libertad. No son sueños, es el despertar. Y entonces vienen los socios en el sucio negocio de la guerra a vendernos las armas sobrantes para armar a otros ejércitos a su servicio, en otras tierras. Esas que no les pertenecen.


En medio de sus sueños de libertad, los niños y niñas de Palestina se retuercen de dolor, atrapados en un campo de concentración israelí; también las niñas de Guatemala ven interrumpidos los suyos en el violento y deprimente entorno de un hogar del Estado. Ellas, así como los niños sirios acribillados por la metralla de imperios ajenos a sus tierras, también quieren despertar de sus pesadillas. Son sueños abortados en medio de una tolerancia demencial, sueños irrealizables en un mundo hostil con sus seres más preciados.  


¿Cuándo se acabará el sueño? ¿O es, acaso, una pesadilla perenne y circular de la cual jamás despertaremos? Algún día surgirán las voces y serán de pronto tan estentóreas que no podremos ignorarlas, como tampoco podrán silenciarlas los falsos reyes y sus cómicos juglares –esos que en su incapacidad e ignorancia nos condenan a la miseria. Es cosa de tiempo para que su fuerza sonora abata con gran estruendo los falsos castillos y derribe de un soplo gigantesco las falsas dinastías. Ese es mi sueño.

 “…Sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son”.

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Pequeñas figuras de papel

La protección de la niñez es un borrador perdido entre otros temas pendientes.

 

Me preguntan a veces por qué insisto en el tema de la niñez, habiendo otros tanto o más importantes en la agenda pública. Insisto, porque dudo de la existencia de una tarea más importante que poner en evidencia la situación dramática –y muchas veces trágica- vivida por millones de niñas, niños y adolescentes, aunque a algunas personas les parezca tediosa mi tozudez. Creo, con firme convicción, en la necesidad de seguir machacando sobre ese clavo herrumbroso, torcido e ineficaz a medio insertar en la agenda política y social. He reflexionado sobre ello para dar una respuesta, llegando a la conclusión de que aunque las niñeces felices parecen ser ya un fenómeno en vías de extinción y tanta convención, tratado y predicamento sobre sus derechos no acaban de prender en la conciencia ni en las decisiones de las sociedades, nuestra obligación prioritaria es defenderlos y hacerlos valer.

Para demostrar cuánto abandono pesa sobre las nuevas generaciones basta dar un paseo por los medios de comunicación locales e internacionales, en donde las violaciones cometidas contra ese sector de la población se han convertido más en un relleno noticioso que en un tema toral de gran impacto. Su grotesca abundancia nos dice cuán poco hemos avanzado en el establecimiento de protocolos y procesos jurídicos y administrativos capaces de garantizar la seguridad y el goce de derechos para una de las franjas sociales más importantes en una nación. Niñas, niños y adolescentes forman, en nuestros países subdesarrollados, un enorme contingente de seres abandonados cuya vulnerabilidad natural los coloca en la mira de quien quiera explotarlos. De ese modo van cayendo en redes de trata, en pandillas, en prostitución, en matrimonios forzados y en abuso laboral con una facilidad pasmosa por no tener la voz, el conocimiento ni la autoridad para defenderse por sí solos.

Entonces, volvemos la mirada hacia las estructuras familiares e institucionales y comprobamos cuán débil es la red de protección de la niñez. Aquellos estamentos creados con el propósito de salvaguardar sus derechos han sido cooptados por sus propios enemigos: seres corruptos con poder suficiente para convertirlos en víctimas de un sistema de abusos legitimados a fuerza de privilegios, justicia manipulada para convertir la violación sexual o laboral en un delito menor, actos de intimidación contra cualquier intento de exigir castigo por esta clase de crímenes.

Los abusos contra la niñez comienzan a partir del momento cuando los adultos –padres, maestros, líderes espirituales- se creen con derecho de propiedad. De esa convicción y de un sistema patriarcal cuyo pilar fundamental es el abuso de poder, se desprende todo un abanico de oportunidades para hacer de niños y niñas víctimas propiciatorias para toda clase de vejámenes, convirtiéndolos en pequeñas figuras de papel clavadas sobre un muro de indiferencia colectiva. De ahí viene el afán de mantenerlos en la ignorancia negándoles el acceso al conocimiento y a la información, de ese modo viven amordazados desde temprano y sometidos a una autoridad ilegítima, sin posibilidad de escapatoria.

Nuestras sociedades han abandonado su misión fundamental debido, en parte, a esa cadena histórica de abuso contra los seres más vulnerables de las comunidades humanas. El sistema ilegítimo y perverso de cadenas de autoridad creadas para someter a grandes sectores de la población a las decisiones de un pequeño círculo de poder, debe ser destruido. De otro modo, el concepto mismo de sociedad continúa siendo una vil mentira.

 

ROMPETEXTO: Se les mantiene en la ignorancia, así es más fácil explotarlos.

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Un agujero en la red

Por Carolina Vásquez Araya

 

Y sabían de la existencia del emperador, pero nunca quisieron reconocerlo…

 

Es doloroso observar cuánto sufrimiento padecen los pueblos de América Latina. Doloroso y frustrante porque su causa es de conocimiento general, lo cual en lugar de propiciar un mejor desempeño de los gobernantes para aminorar sus penas, resulta en la consolidación de los sistemas dictatoriales y represivos para satisfacer las exigencias de un emperador codicioso cuyo puño se dibuja detrás de cada decisión de Estado.

La historia comenzó hace mucho, cuando descubrieron el inmenso tesoro a flor de tierra en su mal llamado “patio trasero” y desde entonces planificaron y ejecutaron con especial empeño un plan para convertir estas tierras de prodigio en su bodega de suministros a precios de quemazón. Para ello fue importante contar con el entusiasta concurso de las élites económicas, ya que de los ejércitos y los políticos se encargarían sus enviados especiales. Y así se fue consolidando el despojo y fue creciendo la miseria, porque para garantizar el éxito de su estrategia era fundamental mantener al pueblo en la ignorancia y la dependencia.

Es de imaginar, entonces, cuánta rabia siente ese imperio al ver a una Cuba insumisa y rebelde que ni siquiera con el perverso bloqueo económico y comercial ha descendido a rendirle tributo. Cuánta rabia contenida al ver a una Bolivia emerger de la más profunda miseria para emprender un camino de desarrollo basado en el aprovechamiento de sus recursos después de siglos de saqueo para enriquecer a un puñado de familias y compañías multinacionales. Cómo les ha de doler una Venezuela que les niega la propiedad de su petróleo y con cuánta ansiedad esperan ver caer a Brasil y con ello ver abrirse las puertas de la Amazonia. Esos agujeros en su red han de trastornar el sueño del emperador y entonces, como compensación, clava su estaca en el corazón mismo de Centroamérica para dejar bien claro quién manda en la región, apoyando a unos gobiernos considerados entre los más corruptos del planeta.

El lamentable y destructivo actuar del imperio no sería tan grotesco si por lo menos no presumiera de representar a la democracia y la libertad. Desde sus bunkers de hormigón en las capitales latinoamericanas emanan las reglas de ese juego al cual los gobernantes se deben ajustar para tener acceso a los privilegios, a la riqueza y al pequeño espacio de poder que se les concede mientras no mencionen las palabras prohibidas: justicia social, nacionalización de los recursos, reforma agraria, protección de la naturaleza, derechos humanos. Mientras tanto, los menos favorecidos –es decir, la inmensa mayoría- se debaten en la desnutrición, la falta de oportunidades y la ruina de su entorno natural.

Ese imperio cuya bandera sigue clavada en el corazón de nuestros países nos recuerda cuán lejos está el continente de ser soberano, independiente y capaz de generar un desarrollo económico, social y político que ponga fin a la desigualdad y la explotación. El falso discurso de la cooperación no es más que la extorsión fácil de quien se sabe superior en poder y recursos. De quien impunemente cruza las fronteras con sus armas mientras se las cierra a miles de migrantes desesperados por sobrevivir. De quien amenaza con el hambre a quienes ya ha despojado de sus riquezas y lo hace con la abierta complicidad de supuestos líderes locales entronizados gracias a su interesado respaldo. Este escenario no es nuevo y la historia de tiranos sanguinarios, dictaduras feroces y derrocamientos oportunistas nos dice cuán lejos estamos de ese sueño de libertad, desarrollo e independencia anhelado por nuestros pueblos.

 

Mientras con una mano da una limosna, con la otra se roba la riqueza.

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Tiempos de tormenta
Por Carolina Vásquez Araya

En estos días se debaten casos difíciles para el sistema de justicia de Guatemala.

Cuando llegué a una Guatemala con 5 millones de habitantes, hace poco más de 44 años, encontré al país en medio de una de las guerras internas más cruentas de América Latina. Una cadena de regímenes dictatoriales, un absoluto desprecio por los derechos humanos –esas “malas palabras”- y una población silenciada por el miedo y la represión. Medio ingenua como era, viniendo de un país en donde la política se practicaba libremente desde los años de colegio, me resultaba extremadamente difícil asimilar esa nube gris que se cernía sobre cada comentario, cada palabra dicha al pasar, hasta que me fui acostumbrando a las frases a medias, los silencios cargados de significado y la impotencia de quienes aspiraban a construir una nación libre e independiente.


Con el transcurrir de los años y ya inmersa en la realidad centroamericana, pude constatar la increíble resistencia psicológica de la población guatemalteca, quien no obstante los obstáculos opuestos a su normal desarrollo continuaba en una lucha decidida en pos de la consolidación de su débil sistema democrático y el respeto por los derechos humanos. Esta determinación ciudadana, sin embargo, durante décadas ha chocado de frente con las sólidas estructuras de corrupción e impunidad heredadas de los gobiernos castrenses y sostenidas al amparo de regímenes supuestamente democráticos, cuyos líderes han permitido y aprovechado las circunstancias para perpetrar toda clase de abusos.


En este escenario resulta verdaderamente impresionante la valentía de personas como la madre y las hermanas de Marco Antonio Molina Theissen, quienes a pesar de los años transcurridos desde la desaparición forzada de su hijo y hermano a la edad de 14 años, han llevado ante la justicia a 5 militares de alto rango quienes por primera vez enfrentan la perspectiva de pasar en prisión el resto de su vida. Ellos son Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Francisco Luis Gordillo, Edeliberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Estos militares son acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio y el secuestro, violación y tortura de su hermana Emma.


Este caso se suma a otro de inmensa relevancia, como el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Mont –fallecido recientemente- y José Mauricio Rodríguez Sánchez por las masacres en contra de la población ixil. Este último juicio con una histórica sentencia por genocidio dictada y luego suspendida por la Corte de Constitucionalidad, representa uno de los hitos más significativos en la búsqueda de justicia para miles de guatemaltecos víctimas de la represión y el exterminio durante los 36 años que duró el conflicto armado interno.


Al ampliar la perspectiva y echar una mirada a los otros dos organismos del Estado, llama la atención de inmediato la evidente carencia de compromiso de las máximas autoridades por realizar un esfuerzo para garantizar la transparencia en la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. De hecho, se hace obvio el interés por protegerse ante la posible eventualidad de que a esa dependencia llegue un profesional íntegro y, por lo tanto, decidido a mantener la línea que hasta ahora ha llevado esa importante dependencia.
Depende ahora de una ciudadanía informada y activa ejercer la fiscalización indispensable para lograr la consolidación del sistema de justicia en un marco de ética y transparencia, derribar los obstáculos opuestos al avance de la democracia e impedir el avance de fuerzas antagónicas a la instauración de un verdadero estado de Derecho. Nadie más podrá lograrlo.

De una ciudadanía activa y consciente dependerá la derrota de quienes buscan torcer la justicia.
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La protesta revolucionaria

Por Carolina Vásquez Araya

 

Francia se levanta para dar una lección al mundo sobre el poder popular

 

La indignación ha lanzado a las calles a miles de franceses, matizada de un fervor revolucionario de profundas raíces históricas que en su momento marcaron el devenir de Europa y el mundo. Consciente de que el poder del pueblo permanece ahí, latente y capaz de transformar la escena social y política, el colectivo conocido como “los chalecos amarillos” ha tomado las calles y paulatinamente ha capitalizado la frustración de una sociedad cansada de los retrocesos provocados por las políticas neoliberales del gobierno de Emmanuel Macron, hasta congregar a ciudadanos de todas las tendencias y estratos sociales. El mensaje lanzado al mundo por este movimiento no podría ser más claro: la Revolución no ha muerto.

Las protestas callejeras en Francia comienzan a despertar también una reacción entre quienes están designados para contrarrestarlas. Las imágenes de policías y bomberos dando la espalda a sus mandos para solidarizarse con los manifestantes constituyen una prueba innegable de las fisuras en el muro cada vez más débil de las estructuras política e institucional que rodean a Macron, quien sin duda comienza a percibir claramente las incalculables dimensiones de la crisis provocada por sus decisiones.

Con la atención puesta en las calles de París, otras sociedades en otros en países gobernados por la corrupción y el abuso se han de preguntar cómo hacen los franceses para mostrar tanta audacia y determinación. Porque poner en jaque a un gobierno aliado con los grandes capitales no es cosa fácil; y enfrentar a las fuerzas de choque resulta extremadamente peligroso. En algunas naciones de nuestro continente latinoamericano se han producido movimientos de protesta de gran magnitud en los últimos años, pero ese espíritu revolucionario capaz de derrotar al miedo y la frustración no parece tener la capacidad de permanecer vivo el tiempo suficiente para generar resultados y sostenerlos.

El mensaje emanado de las protestas en el país galo habla de la imperiosa necesidad de unidad. Pueblos divididos entre ricos y pobres, entre nativos y migrantes, entre tendencias políticas opuestas o creencias religiosas hábilmente elaboradas para generar animadversión y rivalidades entre ciudadanos han creado sociedades débiles y vulnerables, incapaces de identificar y proponer objetivos y metas de beneficio común porque están condicionadas para buscar metas y objetivos personales y de grupo.

El gran desafío que propone el pueblo francés es unirse contra un sistema neoliberal que ha resultado en la debilidad endémica de los Estados. Los gobiernos –en especial los más débiles política e institucionalmente- se encuentran frente a las presiones de una superestructura de inmenso poder económico, la cual se ha apoderado del poder político socavando las bases de la democracia y ha convertido a los Estados en cómplices de sus planes. De ese modo y sin mayor oposición, se apoderan de todos los bienes y recursos más valiosos de las naciones para vendérselos de vuelta a sus legítimos dueños a precios de usura: la minería, la agricultura, el agua, el petróleo, la energía y hasta los cultivos nativos transformados, gracias a patentes legalizadas a fuerza de sobornos, en propiedad corporativa.

Unidad es la fórmula y el pueblo francés lo está demostrando con orgullo y valentía. Unidad con la determinación de no permitir a intereses foráneos imponerse sobre los del pueblo, el cual debe decidir el rumbo de su historia. Es una lección de enorme valor en los momentos que vive América Latina y vale la pena tomarla en cuenta.

 

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Papi ¿por qué me odias?
Por Carolina Vásquez Araya
    
Las crecientes revelaciones de casos de violación de bebés obligan a reaccionar.

Algo muy malo sucede con la especie humana cuando padres, hermanos, maestros, líderes espirituales o simples vecinos son capaces de violar. Pero algo mucho más perverso se revela ante las agresiones sexuales perpetradas contra seres tan indefensos como bebés, niñas y niños en sus primeros años de vida. Cuerpos y mentes aniquilados por ese embate violento y espeluznante que suele acabar con su vida.
Los casos recientes en Chile y Colombia de violaciones y asesinatos de bebés -por mencionar solo algunos- provocan un asco indescriptible. Sin embargo la repulsa social no es aún suficientemente rotunda para evidenciar el horror de estos hechos por existir una especie de pacto de silencio tendente a poner etiquetas grises sobre los atroces crímenes sexuales perpetrados por hombres. Eso es el patriarcado. Así es como se manifiesta a través de los medios de comunicación, los círculos sociales y los tribunales de justicia esa inconcebible complicidad ante las violaciones sexuales.
“No me lo cuentes” es la primera reacción ante la noticia de una bebé de poco más de un año de vida, prácticamente destrozada por la penetración del pene de su propio padre o de su protector asignado por un juez de familia. Eso, porque no queremos saber los detalles de uno de los episodios más crueles que es posible imaginar contra un ser indefenso. Entonces se nos agolpan las imágenes de nuestras propias hijas e inútilmente intentamos borrarlas para hacer como que nunca nos hubiéramos enterado. Pero estos hechos nos perseguirán porque, como sociedad, tenemos la responsabilidad de hacer algo para evitarlos.
La violación es un crimen convertido en costumbre, en una especie de derecho del macho, en una forma de diversión para jaurías de jóvenes o adultos capaces de asaltar, torturar e incluso asesinar a una niña o una mujer. La violación se considera una manera de reafirmar la virilidad imponiéndose física y psicológicamente sobre alguien del sexo opuesto o de su mismo sexo y por ello se ha utilizado históricamente como táctica de guerra. La violación ha sido la manera de someter a otro ser humano y arrebatarle la dignidad.
Esto es una realidad a la cual se enfrenta la mitad de la población mundial; esa mitad que para equiparar sus derechos humanos con los de sus pares masculinos ha tenido que arriesgar la vida y soportar múltiples campañas de desprestigio por tener los arrestos de intentar un cambio radical. Pero los avances, aunque importantes, no son suficientes. A las mujeres se les niegan sus derechos desde antes de nacer y esa desigualdad contribuye a colocarla en posición de inferioridad en su hogar, en su escuela y en su puesto de trabajo durante todo el resto de su vida. Por ello, cuando denuncia una violación o un acto de acoso, es la primera víctima del sistema. A ella se la interroga con dureza, en ella recaerán las dudas y será sancionada por ponerse en la situación objeto de su denuncia. De hecho, se la condenará por haber tenido el descaro de poner de manifiesto uno de los mayores vicios de la sociedad: la misoginia.
Si para las mujeres adultas el sistema patriarcal representa un atentado a su integridad como ser humano, la situación de una niña dependiente de las decisiones de los adultos que la rodean puede llegar a ser una de las peores pesadillas si esos adultos abusan de su debilidad y la convierten en una esclava sexual desde sus primeros años de vida. Para estas prácticas inhumanas, sin embargo, no existen obstáculos bien definidos porque la voz de las víctimas apenas ahora comienza a escucharse.

Los depredadores sexuales son sujetos normales, respetados socialmente, amparados por el sistema.
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El camino del fascismo
Por Carolina Vásquez Araya

Un movimiento despertado de su latencia capaz de destruir todo sentimiento humanitario.

Europa, Estados Unidos y ahora América Latina viven bajo la sombra de uno de los movimientos más destructivos de la historia de la Humanidad. El fascismo revivido hace estragos con cualquier intento de humanizar las políticas de los Estados y carcome el alma misma de las sociedades, creando una ola de rechazo por todo lo considerado “diferente” y segregando a los grupos más pobres como si fueran estos los culpables por todos los males del planeta.


En ese ambiente de desprecio y represión contra las personas por motivos de etnia, religión, nivel socio económico o simplemente por hablar otro idioma, son los cuerpos de choque –uniformados o mercenarios- quienes realizan la tarea de hacer saber cuáles son las reglas del juego. Por esas reglas de la discriminación y el racismo es como niñas, niños, hombres y mujeres del triángulo norte de Centro América sufren persecuciones, violaciones, tortura y muerte, por la sola audacia de haberse atrevido a cruzar fronteras que supuestamente los llevarían a encontrar mejores condiciones de vida. Así fue como una jovencita de apenas 20 años –Claudia Patricia Gómez González- perdió la vida de un balazo en la cabeza disparado por un guardia fronterizo al ingresar a territorio estadounidense.


Claudia Patricia encontró la muerte por mandato desde la cabeza misma del imperio, desde el momento que el presidente del país más poderoso del planeta emprendió la misión de “limpiar” su territorio de latinos y toda clase de extranjeros “indeseables” para sus planes de imponer un estilo fascista de gobierno. Al parecer ignorante de su propia historia, este mandatario se ha empeñado, con una persistencia digna de mejores causas, a la tarea de transformar a la sociedad estadounidense en una especie de modelo de su concepto de comunidad en la cual no tiene cabida la diversidad.


Claudia Patricia no encaja en el perfil aceptable para las leyes de inmigración de Estados Unidos. Tampoco encajó en los grupos objetivo de los planes de desarrollo de su país, Guatemala, en donde no tuvo oportunidad de tener acceso a una educación de calidad que le permitiera progresar en la vida. De haberla tenido, hoy probablemente viviría. En su pueblo, San Juan Ostuncalco, tal y como suele suceder en las áreas rurales guatemaltecas, los servicios estatales son deficientes; la población carece de agua potable, letrinas y cobertura educativa suficiente para una población en creciente aumento, con niveles inaceptables de pobreza y abandono.


Así como ella no encajaba en los planes de su gobierno, tampoco lo han hecho los miles de niños, niñas y adolescentes migrantes desde estas tierras, quienes atrapados en una cadena de horrores desde su nacimiento y ávidos de encontrar una ruta hacia el futuro, se lanzan en una aventura demencial. De ese desfile interminable hacia la tierra de la abundancia son pocos quienes logran su cometido. Muchos quedan en el camino sometidos a los más atroces abusos por las organizaciones criminales, dedicadas -con complicidad de las autoridades de todos los países involucrados- al muy productivo negocio de la trata de seres humanos. Otros, simplemente, son víctimas de su propia fragilidad y quedan tirados en el desierto, ahogados en los ríos durante una travesía para la cual nunca estarían preparados o muertos de un balazo, pero sin quien registrara el hecho para denunciarlo.


De este lado del continente su familia la llora y las redes hierven de justa indignación por este absurdo hecho de sangre. Las autoridades, por su parte, muy atareadas en luchar contra la Cicig para poner atención a este “hecho aislado”.

A Claudia Patricia la condenaron su pobreza, su país y el fascismo revivido.

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Con los ojos bien abiertos
Por Carolina Vásquez Araya

Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.

Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.


Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.
El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.


Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero dan ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.


La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.


Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.



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Carrera con obstáculos
Por Carolina Vásquez Araya

Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.


El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.


Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.


Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.


La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los colores del incordio
Por Carolina Vásquez Araya

Las violaciones a la ley suelen tolerarse como algo normal. Un arcoíris, no.

La bandera multicolor del desfile del orgullo LGTBI en Guatemala -con el escudo patrio en el centro- ha levantado una tan esperada como sonora ola de protestas de los sectores conservadores. Esa reacción no deja de ser natural, ya que se trata de un símbolo de gran significado para cualquier pueblo del mundo. Sin embargo, entre quienes levantan su indignada voz se encuentran algunos conspicuos miembros de grupos sociales de gran poder económico, quienes en su momento enarbolaron la mismísima bandera con el rostro de su líder político-empresarial. La doble moral por donde se vea.
Algo importante de subrayar es el papel de los símbolos en la identidad de una nación. Porque no se trata de banderas, escudos, aves, árboles, flores o sables cruzados. Se trata del mensaje de unidad de un pueblo; su identidad cultural y su respeto por todo lo que significa pertenecer a una comunidad humana dentro de un territorio limitado por fronteras y capaz de erigirse como país independiente y soberano. Quienes pisotean la bandera son, en realidad, quienes atentan contra esos valores –más sagrados aún que el símbolo que los representa- y traicionan a su pueblo.
Por eso resulta indispensable repensar en el significado de la patria y sus símbolos. Porque patria, esa palabra tan rimbombante como irrespetada, no reside en símbolos ni ceremonias cuyo origen se ha perdido en la memoria, transformados con el tiempo en rituales vacíos de contenido. Patria es la comprensión profunda de la responsabilidad de cada quien en la construcción de una sociedad incluyente, unida por los mismos ideales, solidaria y vigilante del cumplimiento estricto y justo de sus leyes y postulados.
La patria reside en el hogar y el aula escolar, desde donde se transmite el conocimiento y los valores cívicos de cada generación de ciudadanos. Es en esos ámbitos primordiales en donde se cultiva la identidad de una nación, nutriendo el cuerpo y la mente de la niñez y la juventud con una visión impregnada de esa mística propia del apego a la tierra en donde se nació, pero partiendo de un sentido de pertenencia responsable y activo. No puede, por tanto, hablar de patria con autoridad quien ampara de modo activo o pasivo la violación de los derechos de la infancia y la condena al hambre y a una vida cargada de carencias.
Tampoco tiene derecho a elevar su voz contra la expresión de un sector de la ciudadanía quienes propician una cultura de odio y discriminación y, para eludir la acción de la ley, recurren a mañosos amparos y sobornos con el objetivo de obtener impunidad sobre sus crímenes. O quienes desde posiciones de privilegio social y económico se consideran moralmente superiores al resto de la ciudadanía, aun cuando esos privilegios los haya obtenido por medio de “delitos blancos”, aquellos cometidos al amparo de leyes dictadas por su propio círculo de poder. Patria –para ampliar el concepto- es la tierra natal o adoptiva a la cual una persona se siente ligada por vínculos históricos, culturales y jurídicos. En conclusión, la patria también tiene derecho a vestirse con los colores símbolo del respeto por la diversidad para todos sus integrantes.
Los mensajes de odio e intolerancia hacia quienes eligen una distinta expresión para su vida personal, solo generan división y violan el derecho humano en uno de los aspectos más sensibles para cualquier ser humano. La integración plena de la sociedad –algo esencial para vivir en paz- depende del respeto mutuo y la voluntad de ver, antes de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio.

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 “No me dejen solo” (AMLO)

Por Carolina Vásquez Araya

 

El Zócalo no ha dejado lugar a dudas sobre la esperanza de los mexicanos.

 

Con un lleno total en el mayor escenario de México –el Zócalo- y en medio de una ceremonia celebrada por las autoridades de los pueblos originarios para entregarle el bastón de mando, López Obrador inició su sexenio bajo la promesa del cambio total; la lucha contra la corrupción y la consolidación de las instituciones mexicanas debilitadas durante décadas de gobiernos venales, opacos e incompetentes. El mensaje va claro, tan claro como su discurso de toma de posesión en donde lanzó las más fuertes andanadas jamás escuchadas -en una ceremonia de tal importancia- contra las políticas neoliberales y los crímenes y excesos cometidos durante el mandato de su antecesor.

Mientras eso sucedía en México, levantando una ola de esperanza para el resto del continente, en Buenos Aires llegaba a su fin la cumbre del G20 con la resistencia de Estados Unidos a firmar un acuerdo sobre el cambio climático y defendiendo su hegemonía en el ámbito de los acuerdos comerciales. Los países más poderosos del mundo tuvieron dos días para decidir cuál será el futuro del planeta durante los próximos años, pero por supuesto ese es un futuro claramente definido por intereses geopolíticos, industriales y comerciales entre gigantes, con total desapego respecto de los intereses primordiales de la mayoría de países en vías de desarrollo cuyas poblaciones enfrentan hambre, guerras y pérdida acelerada de sus recursos.

En el otro extremo del continente, el pronunciamiento inaugural de Andrés Manuel López Obrador fue la antítesis del G20. Su rechazo al marco neoliberal favorecido por su antecesor como parte de su programa de gobierno lanza un mensaje poderoso a su vecino del norte señalando un primer golpe importante de timón en las relaciones bilaterales. Asimismo, consciente de la enorme dimensión de su compromiso y confiando en el respaldo popular, el nuevo Presidente de México, uno de los países más poderosos e influyentes de América Latina, toma distancia de los grupos de poder que llevaron a su antecesor a la primera magistratura y prácticamente los erradica del entorno oficial.

Mensaje recibido. Así debería percibirse este nuevo episodio de la política latinoamericana, que trae nuevos aires y promesas cuyo cumplimiento representaría un soplo de aire fresco para el resto de países. En el caso de las naciones centroamericanas, el impacto será directo no solo en cuanto al tratamiento de la crisis migratoria y los tratados regionales, sino también en cuanto a un nuevo marco ético para las relaciones entre gobiernos. Muchos son los comentarios de escepticismo que rodean el inicio de la nueva administración; sin embargo, aun cuando López Obrador cumpliera una ínfima parte de lo prometido como nuevo jefe de Estado, solo con eso el cambio podría ser tan rotundo y revolucionario como para transformar la política regional.

“No me dejen solo”, repitió, con la certeza de que sin la participación ciudadana no existe la menor perspectiva de éxito. “No nos puede fallar” es la respuesta unánime del pueblo mexicano. Así, con este pronunciamiento poderoso y cargado de energía, comienza una nueva etapa cuyos ecos podrían repercutir en sus vecinos para despertar una poderosa ola de entusiasmo ciudadano en las naciones centroamericanas más afectadas por la corrupción de sus autoridades. En México, un país castigado por las estructuras criminales incrustadas en el Estado –igual como sucede en otros países cercanos- se encuentra quizá el renacer de los valores democráticos que ya la historia actual había dado por irrecuperables.

 

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El manual de las abstracciones
Por Carolina Vásquez Araya

Somos maestros de la evasión, con la capacidad de abstraernos del mundo real.

Como un ejercicio indispensable de supervivencia emocional hemos ido adaptando nuestro mundo interior con el propósito de protegernos contra la fuerza de las circunstancias. Vemos la miseria y el dolor de otros –y muchas veces de nosotros mismos- con un filtro contradictorio de resignación y optimismo, único recurso posible para protegernos de emociones demasiado intensas y devastadoras. Así vamos dejando atrás aquello potencialmente letal para nuestro equilibrio interno. Por ello, quizá, nos hemos convertido en una especie de “procesadores” cuyo objetivo es seguir adelante, no ver lo que no nos toca de manera directa y abstraernos de toda experiencia traumática.
En países como los nuestros, con pasados y presentes cargados de violencia y destrucción, este mecanismo viene instalado desde la infancia. Dotado de un velo de indiferencia que muchos llaman “resignación cristiana” o “así es la vida” nos hemos acostumbrado a tolerar el abuso y el vasallaje de los más débiles como parte de la tradición y la costumbre. En ese conglomerado de seres indefensos ante sistemas adversos al goce de sus derechos humanos elementales están las mujeres, las niñas, niños y jóvenes como los principales actores de esta comedia patética, una comedia cuyo guión nos induce a alterar nuestra escala de valores para acomodarnos lo mejor posible en el estrato que nos toca, siempre con la ambición de trepar al superior.
De este modo, pasan por nuestro lado sin dejar huella acontecimientos cuyo impacto nos debería obligar a reaccionar, participar y dedicar un esfuerzo adicional para hacer de nuestra sociedad un conjunto de seres humanos y no un montón de islas blindadas contra la realidad. El mecanismo de la negación ha sido perfeccionado de tal modo que después de un tiempo -y con el correspondiente abrigo emocional de la negación- tanto las víctimas inocentes de los conflictos armados como aquellas condenadas al hambre y la miseria por el abuso político y económico de las élites dejan de ser personas para convertirse en una masa abstracta y anónima, cuyo destino estaba supuestamente marcado por fuerzas superiores o por dioses inclementes.
¡Qué excelente recurso el de la abstracción! Si no contáramos con ese maravilloso truco de la mente, quizá no hubiéramos podido soportar la visión de las niñas calcinadas ante la vista impávida de los policías en un “hogar seguro” del Estado de Guatemala. Tampoco nos hubiéramos sobrepuesto al dramático relato de las mujeres ixiles violadas por los soldados durante el conflicto armado interno de ese país. O, para verlo más de cerca, si no fuera por los filtros contra la emoción, los muertos que se acumulan en las calles haitianas o palestinas nos impedirían disfrutar del almuerzo dominical. Pero no. Gracias a nuestra valiosa capacidad para obliterar todo aquello que nos cause dolor o siquiera malestar, cerramos el acceso a la solidaridad natural de la especie humana y condenamos a “los otros” a vivir lo suyo sin dedicarles un solo pensamiento.
¿Será esto un mecanismo de protección emocional o con esa actitud carente de valor humano nos condenamos a ser las siguientes víctimas en esa escalada de indiferencia? Al no involucrarnos, no participar y dejar que otros decidan, abandonamos un principio fundamental de toda sociedad organizada y violamos una de las reglas fundamentales del sistema democrático al cual nos adherimos. La realidad actual, por lo tanto, nos obliga a quitar los velos y observar, sentir y comprender el origen, las causas y las posibles consecuencias de cerrar los ojos y dejar pasar.
 
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Amores de temporada


Por Carolina Vásquez Araya


La época trae un cierto romanticismo que dura exactamente un mes. Luego, la realidad.

Resulta imposible librarse de hablar sobre la época navideña, paréntesis obligado cuya característica más notable es un repunte de un sentimentalismo kitsch y la revisión de nuestros fallos y aciertos durante los últimos doce meses. Es también el renacer de los amores de temporada, período durante el cual se relajan las disciplinas y se alimentan las expectativas de recibir en forma de objetos ese cariño muchas veces ausente durante el resto del año. Para la niñez, aun cuando no es regla general porque sin duda hay padres y madres dedicados y comprometidos con el bienestar de su familia, muchas veces es el único período del año en que gozan de algún protagonismo.
Las exigencias de un sistema de vida condicionado por el mercantilismo, sumado a la certeza de que solo el éxito económico se considera éxito, ha creado una sociedad individualista, centrada en el consumo como condición indispensable para “pertenecer” a dondequiera deseemos estar, cuya primera consecuencia es el abandono de los lazos familiares por una infinita serie de sólidas razones, entre las cuales la más recurrente es la falta de tiempo. He visto demasiadas veces durante las navidades ese afán compensatorio  de padres a hijos como para ignorarlo.
La llegada de las fiestas de fin de año ofrecen a la mayoría de personas un modo fácil de confirmar los lazos afectivos con amigos, colegas, familiares, pero cuando se trata de nuestras hijas e hijos, con quienes convivimos a diario y cuya vida se encuentra en nuestras manos -poco capacitadas para una tarea tan delicada- toma un cariz diferente. Es entonces cuando los sentimientos verdaderos se ponen a prueba, cuando debemos reflexionar con la mayor honestidad para reconocer cuánta atención les prestamos fuera de este conveniente paréntesis navideño, qué hemos aportado en su desarrollo personal, cuánto conocemos de sus inquietudes, temores y sueños.
Uno de los problemas más serios de las sociedades modernas es el abandono de la niñez y la juventud. Un abandono convertido en estilo de vida en todos los estratos por la falta de contacto personal y directo con las personas de nuestro entorno. Esto va dañando el flujo de comunicación en la pareja y, con mayor énfasis, entre padres e hijos, rompiéndose en algún punto –el quiebre generacional, quizá-  y generando esos grandes vacíos de comprensión con un distanciamiento progresivo muy difícil de revertir.
En los estratos más pobres –en donde se agrupa, tanto en Guatemala como en otros países de la región, el grueso de la población- la situación es aún más crítica no solo por la falta de recursos, sino por una ausencia endémica de oportunidades de educación generación tras generación, lo cual afecta la atención adecuada de la niñez en todos los aspectos de su desarrollo, así como sus posibilidades de progreso personal. La violencia provocada por esta condición de desigualdad y los elevados niveles de frustración en las familias suele repercutir en un ambiente hostil y amenazador para la niñez, en especial para las niñas, vulnerables al abuso y la discriminación. La Navidad, para ellos, es quizá cuando más conscientes están de sus condiciones de vida y sus enormes carencias.
Para quienes habitamos los centros urbanos, la visión superficial de la época se reduce a protestar por el exceso de tráfico, la escasez de estacionamiento en los centros comerciales y olvidamos los grandes problemas de quienes viven en la más profunda miseria. Nos preocupamos por quedar bien a través de objetos y olvidamos que la esencia de la celebración –para cristianos y no cristianos, es decir, para cualquier ser humano- debe ser la confirmación de los valores en los cuales basamos nuestros compromisos como comunidad.

Un paréntesis cargado de buenas intenciones no basta si no se transforma en realidad.
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Antes de la paz, la justicia

Por Carolina Vásquez Araya

 

Cuando la justicia les pisa los talones buscan el refugio de un acuerdo de paz.

 

Es la historia recurrente de quienes abusan del poder contra una ciudadanía cuyo pecado capital ha sido dejar el espacio público permitiendo a políticos, empresarios, jueces y militares corruptos apoderarse del control en todas las instancias, de un modo casi absoluto. La corrupción es letal y en países como los nuestros ha sido doblemente devastadora cuando desde el exterior y simulando “asistencia económica y/o militar” otros gobiernos deciden sobre el futuro de la nación y el destino de sus habitantes.

En este juego de poderes -y considerando la habilidad de las estrategias empleadas para hacer creer a las mayorías que su más grande enemigo es un comunismo inexistente- las sociedades alcanzan un punto de saturación y eso las lleva a preferir cualquier pacto de paz mal pergeñado antes de proseguir una lucha agotadora y estéril por consolidar el imperio de la justicia. Entonces es cuando terminan por declarar vencedores a quienes las engañan y quienes empeñan el futuro de las generaciones por venir por medio de pactos clandestinos con los enemigos de la ley.

Esos acuerdos de paz propuestos por quienes abusan del poder, esos espejos falsos en los cuales se miran los incautos, representan una historia de larga data en países cuyas ciudadanías vienen ya debilitadas por políticas educativas tendentes a impedirles el entrenamiento y aprendizaje del análisis y la reflexión profundas, informadas y libres. La educación no es para todos y tampoco es totalmente libre. Los sistemas educativos en países sometidos a la influencia del sistema económico más depredador de la historia de la Humanidad vienen diseñados para reafirmar el poder sobre quienes en realidad producen la riqueza, convenciéndolos de que esa riqueza pertenece a otros.

De ahí viene también la invasión de doctrinas religiosas enviadas desde el corazón del capitalismo, cuyo trabajo sobre pueblos privados de educación facilita la persuasión, el adoctrinamiento civil e impone sus parámetros de conducta basados en la sumisión, la misoginia y la resignación como valores espirituales. Es la suprema mentira vestida de amor a dios cuya influencia en nuestros pueblos empobrecidos y abusados representa un importante freno a las esperanzas de desarrollo de nuestros países.

La palabra paz es hermosa, siempre y cuando sea verdadera y refleje las intenciones legítimas de alcanzar un estado de hermandad, en un ambiente de respeto por los derechos humanos, con libertad de vivir una democracia funcional y con capacidad de incidir sobre el destino común. Pero también es engañosa cuando pretende arrojar un velo de silencio sobre la podredumbre, la falsedad del sistema imperante o los crímenes cometidos por quienes, en control del poder perpetran sobre la ciudadanía de manera flagrante y con garantía de impunidad. Es preciso mantenerse alerta para detectar cuándo la paz viene envuelta en engañosas intenciones; ya una vez bajas las defensas, quienes proponen los pactos desde su posición de privilegio fácilmente asestarán otro golpe certero contra la confianza popular.

La historia de nuestros pueblos ha demostrado su tremenda vulnerabilidad ante la fuerza y el poder impuestos desde otros centros de poder económico y político. Nos han impedido progresar y nos han doblegado ante el capital internacional. De paso, han cercenado todo intento de independencia política. Por eso es importante exigir justicia; recuperar la memoria y no permitir jamás el establecimiento de acuerdos ni pactos cuya intención sea acallar esas demandas. La paz sin justicia no es –y nunca será- una verdadera paz. 

 

 

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Mujeres bajo la bota

Por Carolina Vásquez Araya

 

No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia.

 

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia. La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida. A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos.

En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.

Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí  donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente.

Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos. Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.

La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos.

Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no. La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.

Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.

 

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Más allá de las palabras
Por Carolina Vásquez Araya

Los libros son pequeños universos en donde a veces nos perdemos.

Algunos de los recuerdos más poderosos de mi infancia tienen que ver con libros. Nací en una casa en donde abundaban y de padres cuyas preocupaciones, muy alejadas del contenido de las lecturas de sus hijas, nos daban total libertad; por eso, quizá, pude encontrarme con autores como Dostoievski a una edad ridículamente corta. Por eso también me adentré en un mundo fantástico en donde –aun sin comprenderlo- tuve contacto íntimo con las infinitas rutas del lenguaje, una aventura capaz de marcar mi vida para siempre.
Los libros me han acompañado desde entonces y tengo algunos tan antiguos como para deshacerse entre mis manos; pero son tesoros capaces de cambiar no solo un estado de ánimo, sino también una perspectiva de la vida y eso los convierte en un recurso valioso para comprender y afrontar los desafíos de nuestro entorno. ¿Cómo, entonces, vivir sin ellos? Sin embargo, millones de niñas, niños y adolescentes apenas tienen contacto con algún texto escolar de mínima calidad y habitan en aldeas y pueblos en donde una biblioteca es un lujo desconocido.


En el transcurso de mi vida he comprendido que aprender a leer y escribir nunca es suficiente, es apenas el inicio de un ejercicio de comunicación vital para el desarrollo humano. Por ello, privar de educación y de lecturas de calidad a la infancia es un pecado político muy caro, porque aquellas naciones en donde la niñez carece de oportunidades y de acceso a la lectura sufren las consecuencias en un marcado retraso de las posibilidades de desarrollo de sus nuevas generaciones. Guatemala es uno de esos países en donde la lectura está vedada para las grandes mayorías, no solo por el alto costo de los libros sino por el establecimiento –de muy antigua data- de estrategias puntuales para mantener a la población alejada de toda fuente de ejercicio intelectual y, por tanto, del desarrollo de sus capacidades ciudadanas en un marco de conocimiento del mundo que le rodea.


En este escenario, entonces, la celebración de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, representa un respiro importante; una ventana amplia e inclusiva para oxigenar las ideas y renovar el compromiso de compartirlas. Allí, en un ambiente festivo y dinámico de conferencias y lecturas, se produce ese encuentro entre las mentes jóvenes y ávidas de saber con quienes han hecho de la literatura su forma de vida. Lectores y autores en una plataforma de intercambio, cuyo resultado ideal es una cosecha de consumidores de buenos libros y, por ende, de obras que probablemente dejarán una huella profunda en sus vidas.


Filgua es la celebración del libro en un país de poetas, es la fiesta de las letras y las palabras, las ideas y los sueños para compartir. Durante muchos año acudí y algunas veces también participé de esa vorágine de actividades en entrevistas y presentaciones de obras literarias. Tuve el enorme privilegio de disfrutar la compañía y la amistad de autores nacionales y extranjeros de enorme valía y de editores que no han bajado la guardia para continuar luchando por la promoción de la lectura, aun contra los obstáculos de un entorno oficial hostil hacia la educación, la cultura y el arte.


Este año, la XIV Feria Internacional del Libro en Guatemala tendrá como invitado de honor a Francia y estará dedicada a celebrar “El Mundo de Asturias” para conmemorar el cincuentenario del Premio Nobel al escritor guatemalteco. A partir del 13 de julio, Filgua abrirá sus puertas y comenzará su ciclo de actividades. Te invito a disfrutar de esa fiesta literaria.

Cada libro abre tu mente hacia un universo lleno de nuevas ideas.
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Las extrañas rutas de la fe

Por Carolina Vásquez Araya


 

Basta el transcurso de algunos años para que los santos se conviertan en demonios.

 


Tan buena, correcta y supremamente piadosa esa sociedad cuya prioridad ha sido proteger la vida desde la concepción. La defensa del óvulo fecundado se ha transformado en una bandera de batalla contra todo intento de reformar la ley y hacerla más humana, sin reparar en las inmensas desigualdades que enfrenta la mayoría de la población, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres privados de recursos y ante un destino incierto. Cuando esos embarazos no deseados o provocados por incesto y violaciones traen niños al mundo, estos llegan en total desventaja: desnutridos y rechazados. Pronto crecerán abandonados y, con el transcurrir del tiempo, se transformarán en niñas, niños y jóvenes privados de educación y oportunidades. Entonces, esa misma sociedad que los defendió con tanto ardor, exige para ellos el más cruel e injusto de los castigos: la pena de muerte.

Es oportuno, entonces, recordar los principios expresados en la Declaración de los Derechos del Niño aprobados por la ONU hace 58 años, ampliada en 1989 con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en la cual se les reconoce como sujetos de derechos, siendo ambas de observancia obligatoria por todos los Estados signatarios. En ambos textos están explícitos los derechos a la igualdad, a la dignidad y a la protección para el desarrollo físico, mental y social; el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento; el derecho a alimentación, vivienda y atención médicos adecuados; el derecho a educación y tratamiento especial para quienes sufren alguna discapacidad mental o física; el derecho a la comprensión y al amor de los padres y la sociedad; el derecho a actividades recreativas y a educación gratuita; el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Ahora miremos hacia el interior, aquí a la vuelta de la esquina, en donde niñas, niños y adolescentes son tratados como “material desechable” en una comunidad humana indiferente al destino de sus nuevas generaciones. Ejemplo paradigmático ha sido el escenario del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde después de la horrenda muerte de 41 niñas internas en ese siniestro lugar administrado por el Estado no solo no ha habido ninguna reacción de las entidades responsables para dar seguimiento y reparación a las familias afectadas, sino continúan desapareciendo internos de esos centros de reclusión.

Veamos cómo los adolescentes bajo resguardo del Estado y abandonados por su familia, al llegar a la frontera de la mayoría de edad son arrojados de estos “hogares seguros” a la calle sin ninguna protección, carentes de todo recurso para ganarse la vida. Entendamos el mensaje implícito en ese acto despiadado, gracias al cual las redes de trata y las organizaciones criminales se aprestan para reclutarlos como prostitutas, sicarios, esclavos o pandilleros, distribuidores de droga o recolectores de extorsiones. Es imperativo hacer un examen de conciencia para determinar cuál ha sido nuestro papel en esta absurda cadena de errores y contengamos las reacciones irracionales, como la exigencia de una limpieza social que solo revela nuestra absoluta falta de conocimiento de la realidad en la cual sobreviven estas niñas y niños. La tan mentada fe cristiana deja de tener sentido cuando se es capaz de manifestar odio y desprecio por las víctimas y, en un gesto de incomprensible crueldad, se delega todo el poder en sus victimarios.

 

La niñez es una etapa vulnerable y entraña enormes riesgos. No debemos abandonarla.

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El lento suicidio de una nación

Por Carolina Vásquez Araya

Hay muchas maneras de acabar con las posibilidades de progreso para un país.

Cuando presumimos de ser inteligentes, solemos compararnos con otros seres vivos de la naturaleza. Grave error. Nuestra capacidad para pensar, analizar, diseñar nuevos modelos de sociedad, desarrollar tecnología y modificar el entorno se ha divorciado paulatinamente de las necesidades vitales de las personas. Los animales y las plantas, en cambio, funcionan de manera colectiva y no solo se protegen, sino además administran sus recursos para evitar sufrir las consecuencias de una depredación total de su hábitat.


En estas primeras décadas del siglo nuestra dependencia de los sistemas tecnológicos tiende a acentuarse de modo acelerado. Quienes poseen los recursos económicos para tener acceso a la tecnología, esta dependencia alcanza visos de obsesión. Lo que no nos dicen es cómo van a enfrentar las nuevas generaciones –y quizá nosotros- los enormes desafíos cuando los fenómenos atmosféricos alcancen un nivel catastrófico: calentamiento global y desertización con su cauda de inundaciones, pérdida de fajas costeras, agotamiento de los recursos hídricos, sequías y otros fenómenos de los cuales ya hemos tenido los primeros anuncios.


Si esto resulta fatal en países desarrollados, para aquellas naciones menos afortunadas, cuyos gobiernos corruptos se sostienen gracias a un balance desigual de los poderes, el futuro presenta riesgos de enorme envergadura. Entre estos países se encuentran algunos de los más afectados por las intervenciones políticas, económicas y militares de Estados Unidos, como los que componen el triángulo norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y Honduras- cuyas frágiles democracias se encuentran bajo constante amenaza.


En estos países, los indicadores de desarrollo humano revelan un cuadro de abandono y abuso indescriptibles. La desnutrición crónica, miseria, violencia y falta de oportunidades para las nuevas generaciones auguran un futuro marcado por la profundización de sus carencias, con una gran masa poblacional bajo la línea de la pobreza cuyas capacidades intelectuales -reducidas por efecto de su condición nutricional- les impedirá tener acceso al mercado laboral; y cuya pobreza será, por razones obvias, un obstáculo insalvable para emprender cualquier iniciativa como salida hacia el desarrollo.


Lo más preocupante de este cuadro es la falta de inteligencia de quienes poseen el poder económico. Ocupados en consolidar sus privilegios y aumentar sus riquezas, han olvidado el hecho elemental de su dependencia de la fuerza laboral, gracias a cuyo trabajo mal remunerado han amasado algunas de las mayores fortunas del continente. Sumado a ello, su indiferencia hacia las graves consecuencias de sus industrias extractivas y cultivos extensivos, que han destruido por completo algunos de los más importantes ecosistemas de la región, denota una absoluta falta de sentido común.


En otras palabras: la combinación de gobiernos corruptos y empresariados miopes da como resultado el suicidio lento de naciones ricas en potencia, pero miserablemente administradas por castas fincadas por siglos en los poderes de esos Estados. A ello se suma una clase media con afanes aspiracionales y bajo la ilusión de pertenecer al sector privilegiado aun cuando lo sirven por migajas. Este colchón poblacional –entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres- se conforma mientras no haya síntomas de colapso y reeligen, una y otra vez, a sus mismos representantes políticos. Quizá sea ahí en donde se necesita empezar a reconstruir la autoestima de estas naciones castigadas por siglos.

La codicia es capaz de anular la inteligencia y el sentido común.
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El crimen imperfecto
Por Carolina Vásquez Araya

La estrategia de terror impulsada por Piñera solo añade más carbón a la hoguera.

Cuando un pueblo pierde el  miedo es cuando los gobernantes –demócratas o no- deben empezar a reflexionar sobre las causas e iniciar un proceso de cambio. Todo lo contrario hacen los dictadores: refuerzan sus dispositivos de represión, siembran el terror entre los manifestantes, asesinan, torturan y violan como modo de dejar bien establecido su poder y, finalmente, terminan por transformarse en aquello que eran desde un principio detrás de la máscara de la democracia y la institucionalidad. Esto ha sucedido con el régimen neoliberal de Chile, un sistema impuesto desde el corazón del imperio y el cual ha dejado en la miseria a millones de seres humanos alrededor del mundo.
La juventud chilena, con una trasgresión transformada en símbolo –la evasión del pago del Metro de Santiago- rompió los diques de una sociedad que se ha visto arrinconada tras decenios de abuso y marginación, empobrecimiento de sus capas medias, pauperismo en sus segmentos más pobres y el enriquecimiento ilícito –aunque legalizado- de un mínimo porcentaje de privilegiados que observan desde sus trincheras económicas cómo se hunde el país. Esa juventud, que no vivió la dictadura en carne propia, comprendió bien que la subordinación a un sistema depredador e injusto no es la vía para acceder a un futuro de bienestar y desarrollo.
Lo sucedido desde entonces, ya es historia y ha provocado una avalancha de reacciones a nivel mundial: millones de personas se congregan en inmensas manifestaciones exigiendo, por fin, el cambio necesario. Entre otras demandas, además de la renuncia del presidente y sus ministros, exige una nueva constitución para derogar los lineamientos impuestos por la dictadura, y cambios sustanciales en la administración pública, entre otros: los servicios de salud; el sistema de pensiones; el acceso al agua; al mar; la nacionalización de recursos nacionales que hoy alimentan fortunas privadas; la educación pública y, por encima de todo, la erradicación de toda clase de violencia ejercida desde el Estado contra la población.
Los muertos y heridos como consecuencia de la represión militar y de carabineros habla claro sobre el miedo del gobernante y sus huestes económicas. Temen perder los privilegios mal habidos y demuestran tal pánico a la fuerza popular que han traspasado todos los límites, convirtiendo al país en un campo de batalla en donde predominan el abuso y la violencia estatal. La presión hacia los medios de comunicación afines al régimen es solo una de sus tácticas más perversas, también han intentado satanizar las protestas iniciando una serie de ataques planificados por sus cuerpos uniformados, con el propósito de instalar una imagen de terrorismo; han acusado a otros países de haberse infiltrado provocando el conflicto, han criminalizado a la juventud y han implementado toda clase de mecanismos fascistas, como las violaciones sexuales, la tortura y los ataques armados directos contra manifestantes desarmados y pacíficos.
El Estado chileno bajo el mando del presidente Piñera está cometiendo un crimen, pero un crimen imperfecto. La máscara les ha quedado pequeña y hoy, gracias a quienes han documentado los detalles de los ataques de carabineros y militares y también a las declaraciones de algunos funcionarios que han comenzado a revelar detalles sobre las ilegalidades cometidas por las autoridades, ya la pobre reputación del gobierno de Chile se revela de cuerpo entero. Chile ha dejado de ser ejemplo para el mundo; hoy se conoce en detalle y a todo color de qué males padece el sistema dorado de su neoliberalismo.

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Una carga muy pesada
Por Carolina Vásquez Araya

No te quejes si te violan, si te acosan, si te matan. La culpa siempre es tuya…

Cuando un líder de la Iglesia Católica adjudica a las mujeres la culpa por la violencia ejercida en su contra lanza un poderoso mensaje a la sociedad. Lo dicho por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez al afirmar durante una entrevista en Canal 44 de México que los feminicidios perpetrados en ese país se deben a la “imprudencia de las mujeres” es un peligroso aval favorable a quienes cometen esa clase de crímenes. Este comentario podría parangonarse al manejo noticioso de ciertos medios de comunicación que insisten en calificar el feminicidio como crimen pasional.


El cardenal debería conocer la patológica anormalidad de la situación de violencia contra la mujer mexicana y de cualquier otra latitud. El prelado tiene la obligación de reflexionar desde una perspectiva humana y espiritual, si es que su mentalidad patriarcal se lo permite, con el objetivo de comprender que ese afán por convertir a la mujer en la única responsable de la violencia a la cual se enfrenta no es natural ni aceptable en las relaciones entre personas de distinto sexo.


Cuando el representante de una institución tan poderosa e influyente en nuestros países como la Iglesia Católica se permite emitir opinión sobre algo tan complejo y trágico como la violencia criminal contra niñas, adolescentes y mujeres, compromete de hecho la legitimidad de su investidura. El cardenal Sandoval Iñiguez emite una sentencia de culpabilidad contra todo un sector mayoritario de la sociedad al mezclar conceptos atávicos y consignas moralistas,  con lo cual termina por justificar a los perpetradores como si su comportamiento fuera parte de una masculinidad normal y permitida en la sociedad y, de paso, poniendo el dedo sobre sus víctimas subrayando así los parámetros sociales de discriminación.


El papel de las instituciones religiosas debería experimentar una revisión y actualización urgentes para ponerse a la par de otras instancias enfocadas en la promoción de la igualdad, el respeto por los derechos humanos de la población más afectada por la violencia, la injusticia y la pobreza. Dejar de predicar desde las alturas de sus privilegiadas posiciones para bajar al terreno llano y ponerse a la par de sus seguidores. Comprender, por fin, cuáles son los motivos profundos de la violencia de género y contribuir a erradicarlos, porque entre sus feligreses también hay hombres convencidos de su derecho para ejercer la violencia en casa contra su familia, hay violadores, pederastas, acosadores sexuales y asesinos.


Como líderes espirituales, deberían ser los primeros en exigir la implementación de programas completos y bien diseñados para extender en todos los sectores de la sociedad la educación sexual desde la infancia, garantizar a la población femenina el acceso a una educación de calidad y romper los paradigmas de exclusión y discriminación de género que suelen marcar las relaciones dentro de los ámbitos familiar, laboral y social. Desde sus púlpitos, un mensaje de solidaridad, empatía y justicia sin sesgos sexistas representaría un golpe de timón de gran impacto para nuestras sociedades tocadas por la tragedia feminicida.


Para las mujeres, la condena implícita en el comentario del cardenal es una carga muy pesada sobre sus hombros. Es tan injusta como irresponsable, sobre todo cuando este prelado ejerce su misión en uno de los países con los mayores índices de feminicidio del mundo. Un país, además, en donde la mayoría de la población es profundamente creyente y necesita una guía graníticamente comprometida con los derechos humanos.

El papel de los líderes espirituales es ponerse a la par de sus feligreses, no en su contra.
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Un mundo distante
Por Carolina Vásquez Araya

“… dicen que la niña no puede estudiar por ser mujer y el varón sí puede por ser varón.”

Una importante cuota del retraso político, social y económico de la mayoría de países latinoamericanos se debe a la marginación de las niñas y, por consiguiente, de mujeres adultas cuya historia de discriminación y falta de oportunidades para educarse marca su impronta en los sectores más pobres de nuestro continente. Esta es una realidad demostrada en innumerables estudios y gruesos informes de expertos; estudios e informes que solo llegan a manos de otros expertos y cuyo destino final es ser engavetados por los funcionarios de turno. De ese modo, sin mayores trámites y con el propósito de mantener el control de un sistema depredador e inhumano, los políticos encargados de los despachos oficiales deciden truncar el destino de esa cuota humana de talento, capacidades y perspectivas, ante la indiferencia colectiva.


Pensar en cuál sería el resultado de una iniciativa revolucionaria y novedosa para garantizar el acceso a la educación de calidad a todos los niños y niñas del país, es un ejercicio esencial para cualquier político. Junto con ello, atreverse a tomar la iniciativa de establecer programas de nutrición escolar para la niñez de los sectores más pobres -porque sin ese complemento ningún programa educativo puede funcionar eficazmente- alcanzaría un impacto medible en un mayor desarrollo físico, intelectual y psicológico de miles de niñas y niños actualmente desnutridos. En los países menos desarrollados y en donde existen elevados niveles de corrupción, se cuentan por miles los hogares carentes de los ingresos mínimos para sobrevivir con dignidad y es allí, en esos hogares, en donde se suele sacrificar a los más indefensos: las niñas.


“En nuestra comunidad sí existe una gran diferencia. La niña en la comunidad es desvalorizada por ser mujer. Las creencias culturales de la region Q´eqchi´ son: la niña Q´eqchi´ es la que apoya a su señora madre en la cocina, la que va traer agua, la que ayuda a su mamá a lavar la ropa de sus hermanitas, la que cuida de sus hermanitas y hermanitos. El niño Q´eqchi´ es el consentido de la casa, especialmente del padre. Es el que juega y tiene libertad de salir con sus amigos. También va a traer leña con su papá, para la casa… A ella no la valorizan como al varón. Ella es la más afectada” . (Tomado del informe “El Matrimonio Infantil Forzado en Guatemala, Caso del municipio de San Pedro Carchá, elaborado por Plan Internacional).


Esta cita ejemplifica la situación de millones de niñas en nuestros países. Condenadas por costumbre a una vida de servicio, se las conduce inevitablemente a perder toda posibilidad de alcanzar objetivos de vida productiva y gratificante, lo cual sí es accesible para sus hermanos varones, y entonces sus perspectivas se reducen a un matrimonio precoz para el cual no están preparadas; embarazos inseguros y una pérdida total de su libertad individual, destino no solo injusto sino además de una enorme violencia.


Un estilo de vida considerado normal por un sector de la ciudadanía es una fantasía, un mundo distante para las niñas de los sectores más pobres, aquellas cuyos sueños se estrellan contra las paredes de su cerrado círculo doméstico: acarrear agua, lavar ropa, cocinar y barrer; servir, servir y servir porque “para eso son niñas, para servir”. Esta violación flagrante de los derechos humanos de niñas y mujeres en nuestras sociedades, violación naturalizada por costumbres hasta no hace mucho basadas en leyes discriminatorias, requiere la atención de toda la ciudadanía y un compromiso real de reparación. Una niña educada es un ser humano integral, capaz de contribuir a una mejor sociedad.

Para una niña marginada, la independencia está a un mundo de distancia.
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La mordaza colectiva


Por Carolina Vásquez Araya

Los gobernantes necesitan acallar las voces y aplican todo su poder para lograrlo.

Las estratagemas de los círculos de poder de corte fascista pasan por encima de los derechos civiles, aplastan los textos constitucionales, rompen el delicado tejido de los valores humanos y terminan por transformar a las sociedades en enormes masas de seres temerosos del abuso y de la violencia institucionalizada. Al final, ante ese ambiente de incertidumbre las sociedades terminan por aceptar un nuevo estado de cosas en donde su voz no incide. Las dictadoras de hoy tienen un efecto psicológico abrumador, pero sobre todo un efecto letal en la confianza respecto de los sistemas democráticos.


¿En qué momento y cómo se ha debilitado la voz del pueblo? ¿Cómo se ha permitido semejante nivel de amedrentamiento contra sociedades cuyos objetivos parecen estar enfocados en las libertades ciudadanas? En esta lucha por los derechos humanos es fácil observar cómo se empiezan a producir ciertas defecciones; por ejemplo, políticos cuyo discurso se va transformando paulatinamente en una oda al odio mediante el cual modifican la percepción ciudadana sobre las posibles soluciones a sus problemas de supervivencia. Luego, a esta ciudadanía desinformada y hábilmente manipulada se la califica de “facho pobre” sin escarbar en las profundas causas que la han llevado a ceder ante semejante atado de mentiras.


En esta ruta van cayendo una tras otra las propuestas de corte social, bajo la misma etiqueta utilizada con profusión durante la Guerra Fría. Es decir, las políticas públicas dirigidas hacia una mayor inclusión de las mayorías en decisiones de Estado, mejores presupuestos para los rubros esenciales como salud, vivienda, educación, alimentación y cultura, mayor participación de las comunidades en decisiones sobre proyectos de explotación de recursos y, sobre todo ello, una presencia más activa de las mujeres en la vida institucional y política, son vistos como retrocesos por los sectores más poderosos.


El fascismo crudo y sin disimulos enquistado en cada vez más países debería llamar a reflexionar sobre los motivos de semejante caída de los derechos ciudadanos. Es imperativo preguntarse por qué las sociedades están cayendo en la búsqueda de sistemas represivos y abiertamente discriminatorios, porque quizá ahí se encuentre la respuesta para identificar el punto de quiebre que ha llevado a las sociedades a perseguir una vía de violencia y odio, de enriquecimiento para unos y miseria para todos los demás.


En esta ruta demencial las primeras víctimas son el estado de Derecho y la justicia. A partir de ese punto, cuando estos regímenes se consolidan gracias a sus métodos represivos, vuelven su mirada hacia los sectores más débiles en términos de derechos y los anulan. Es así como el papel de las mujeres en los círculos políticos e intelectuales se empieza a estrechar hasta casi desaparecer, consolidándose de ese modo el viejo patrón patriarcal, para cuya supervivencia es esencial imponer un sistema de dominio y sumisión sobre la mayoría de la población. En ese mismo sentido, la niñez y la juventud son consideradas los viveros desde donde resulta fácil reproducir una ideología afín a las pretensiones de imponer y eternizar el sistema dominante.
La información y, por ende, la educación y la cultura son los peores enemigos del fascismo. El control de los medios, la censura sobre libros y cualquier medio de difusión de las ideas se convierte en una prioridad para estos enemigos mortales de la inteligencia y de las sociedades libres. Nuestros países ya han vivido esos infiernos y ven con horror cómo hoy regresan esos viejos fantasmas.

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Los azotes del imperio

Por Carolina Vásquez Araya


Las libertades democráticas son el mito creado para sostener la zanahoria en el palo.


 

Aquí y en todos los países en vías de desarrollo se hace lo que convenga a las grandes compañías multinacionales y a los objetivos geopolíticos de un puñado de Estados en los cuales éstas asientan sus reales. De ahí las guerras bélicas, económicas y mediáticas contra países ricos en materias primas o recursos energéticos, cuyos líderes han osado  rebelarse contra el mandato de esos centros de poder desde los cuales emanan las directrices políticas impuestas a los gobiernos. El imperio -siempre se ha sabido- no perdona las defecciones y, cuando surge alguna, la combate con mano de hierro.

He vivido lo suficiente como para haberlo visto una y otra vez en los abundantes golpes de Estado y en los documentos desclasificados en donde se revelan, al cabo de los años, los verdaderos motivos detrás de esos crueles operativos antidemocráticos. Es tan hábil la estrategia imperialista como para esperar al paso de una generación, contando con la ignorancia de la siguiente respecto de sus intenciones. Y así la pobreza y el subdesarrollo se instalan como algo connatural a nuestra manera de vivir.

Lo acontecido en Honduras no escapa a este esquema de dominación. Estados Unidos y sus aliados no quieren más gobiernos progresistas, mucho menos cuando éstos pretenden consolidarse con el voto democrático en una región tan cercana a sus fronteras. Para ello le sirven los ejércitos financiados y entrenados como feroces guardianes de sus intereses políticos y económicos, equipados con todo el arsenal necesario para someter cualquier intento de manifestación ciudadana. El silencio de la comunidad internacional respecto de la represión en Honduras y el fraude electoral que ha provocado el estallido ciudadano, sin duda responde a consignas tajantes del Departamento de Estado, desde donde se gobierna la mayoría de nuestros países. Los observadores internacionales, entonces, algunos de los cuales proceden de países vecinos, terminan siendo meros espectadores del operativo en un silencio que, por cómplice, se aproxima a lo criminal.

Para los demás países de la región el panorama hondureño es un cuadro de costumbres; es el recuerdo de lo vivido una y otra vez en carne propia, siempre con la excusa del resguardo de las  “libertades democráticas”, “la protección del estado de Derecho”, “el imperio de las garantías constitucionales” y cuanta poesía se les ocurra para acallar las eventuales protestas y consolidar el estatus. El entramado apretadísimo de intereses corporativos con las políticas internas de nuestras naciones ha sido una constante durante siglos, con el conveniente resultado de mantener en el imaginario social el miedo al fantasma del comunismo y la aceptación tácita de la explotación y la pobreza como realidades inevitables implícitas en ese concepto abstracto e indefinido llamado democracia.

¿Qué sucederá en los demás países de la región cuando les toque el momento de elegir autoridades? ¿Acaso coinciden los eventos de Honduras con el incremento inexplicable de los presupuestos militares en países vecinos? El futuro mediato es como una nube negra plagada de amenazas. De ahí la importancia fundamental de combatir la corrupción y depurar a las instituciones, elementos clave para la recuperación del equilibrio político de los países centroamericanos.

Es imperativo entender que la violencia y la miseria en las cuales se hunde la vida de nuestros países no son naturales, responden a estrategias bien pensadas para mantener a la población en silencio, temerosa y sumisa. Será a ella, entonces, a quien le corresponda romper el hechizo.

 

La pobreza no es algo natural a lo cual acostumbrarse. Es estrategia: política y económica.

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“Si se entera, me mata”



Por Carolina Vásquez Araya

Cuando las relaciones están teñidas de miedo, cuando el “otro” es tu peor enemigo.

¡Cuántas veces escuché esa frase, pronunciada al pasar…! “Si él se entera, me mata”. Casual como si el hecho de una amenaza de ese calibre formara parte de la rutina cotidiana, millones de mujeres en el mundo viven bajo la sombra de una dictadura conyugal considerada por muchas personas –hombres y mujeres- como parte de una realidad inevitable, avalada por la costumbre. Expresiones similares aparecen cuando se platica con profesionales de la salud, acostumbrados a ver casos de mujeres impedidas de utilizar métodos de control para evitar embarazos no deseados porque sus parejas lo prohíben, o aquellas deseosas de continuar con su educación pero impedidas de hacerlo porque su potencial independencia económica significaría un desafío contra la autoridad del marido.


No me refiero al siglo diecinueve sino a estos tiempos, tan restrictivos para la mujer como aquellos. Por supuesto, hay avances y muchas compuertas han caído bajo la presión feminista, pero muchas también se resisten a caer. Como por ejemplo, el derecho de las mujeres a una educación plena y de calidad, no solo en temas de salud sexual y reproductiva sino en todos los campos del saber. Las restricciones impuestas para impedir la educación de niñas y adolescentes para condenarlas a una vida de servidumbre se mantienen idénticas a las reinantes durante la época de la Colonia. De hecho, Guatemala aún conserva esos lejanos modelos de vida en muchos aspectos, casi todos ellos en detrimento de la calidad de vida de quienes por ser menos privilegiados se ven obligados a servir a otros, en condiciones de explotación.


De este sistema injusto derivan prejuicios de una injusticia intolerable para la mayoría de mujeres, cuya vida depende de decisiones tomadas dentro de un pensamiento patriarcal que las relega a la categoría de objetos para reproducción, servicio doméstico (en todos los círculos sociales, sin excepción), decoración y entretenimiento. Los parámetros de la sexualidad femenina han sido marcados por hombres acostumbrados a mandar porque asumen que las mujeres están supuestas a obedecer. De hecho, esta “orden suprema” persiste en las ceremonias del matrimonio religioso.


En este marco en extremo conservador se inserta uno de los debates más intensos: el derecho al aborto. Un tema de enorme trascendencia para millones de mujeres alrededor del mundo, cuyos avances en términos de legislación han costado tiempo, vidas humanas, campañas intensas de uno y otro lado del espectro, pero también el ejercicio constante de analizar con visión humanitaria y perspectiva social el drama cotidiano de mujeres enfrentadas a un embarazo no deseado.


El aborto representa no solo una ruptura de los mandatos de las doctrinas religiosas más extendidas en el mundo, sino una especie de amenaza a la autoridad patriarcal, uno de cuyos pilares es su capacidad reproductiva. De ahí el comentario de una mujer ante la pregunta de un profesional de la salud sobre por qué no usaba anticonceptivos: “Si él se entera, me mata”. En esta especie de orden suprema, mezcla de mandato divino con potencia del instinto


reproductivo, las mujeres constituyen el centro de la atención y de las prohibiciones desde todos los ámbitos.
Este poder restrictivo de enorme fuerza social ha representado un enorme obstáculo para que la mujer posea el control absoluto sobre su cuerpo y sus decisiones en términos de concepción y maternidad. En esta lucha y en un mundo que no cesa de agredirlas sexualmente, las niñas, adolescentes y mujeres adultas siguen estando en el último lugar de la lista del goce irrestricto de sus derechos humanos. Es hora de avanzar.

Un mundo restrictivo contra los derechos de las mujeres, un mundo anclado en el pasado.
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Guatemala: El sueño estéril de la democracia
Por Carolina Vásquez Araya

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.


Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.


El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.


Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.


Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.


En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

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El ser inteligente
Por Carolina Vásquez Araya

La inteligencia humana está sobrevalorada; es la única especie que destruye su hábitat.

Cuando pensamos en los alcances de la inteligencia humana solemos referirnos a los grandes avances en la ciencia, la tecnología o las disciplinas intelectuales cuyo desarrollo ha dado grandes exponentes en la filosofía y las letras. Sin embargo, rara vez vemos ese despliegue de conocimientos combinados de modo de buscar el equilibrio necesario para conseguir una mejor calidad de vida para todos sin destruir aquello que nos rodea. Por el contrario, los avances más importantes suelen estar vinculados a una búsqueda incesante de riqueza y poder.


En estos días –así como ha sucedido en muchas ocasiones sin mayor repercusión global- han vuelto a surgir los temas ambientales a partir de una visión apocalíptica del futuro que espera al planeta y sus habitantes. Es innegable, aún cuando los líderes mundiales se resistan a aceptarlo, el hecho de que a partir del uso indiscriminado de los recursos de la naturaleza, el ser humano ha ocasionado un daño irreversible al equilibrio natural y, en su afán por acumular una riqueza mal habida, no solo exterminó a miles de especies; también a millones de sus semejantes.


Esto nos lleva a comprender cómo la concentración del poder político y económico ha permanecido en manos de pequeños grupos de individuos a quienes se debería pasar un test de inteligencia para evaluar qué tan capaces son de controlar tantísimo poder. Porque es imposible creer que mentes privilegiadas puedan destruir su futuro y el de otros, únicamente por acumular una riqueza de tal envergadura, que difícilmente podrán disfrutarla en medio del caos ambiental provocado por su desmedida ambición. La gran industria, esa que nos ha convencido de necesitar lo innecesario, ha sido su afilada espada de Damocles: no hay vuelta atrás, pero tampoco las posibilidades de avanzar cuando para hacerlo es necesario destruir lo poco que queda, incluyendo a quienes habitan los espacios en donde aún existe la riqueza indispensable para seguir produciendo.


El modo como estos centros de poder han controlado a la humanidad por medio de redes de influencia y el monopolio de la información, ha dado como resultado una ceguera colectiva sobre los peligros de la degradación ambiental y sus consecuencias. Lo que hoy aparece como resultado visible de la monstruosa anarquía en el desarrollo y uso de productos –como el plástico, por ejemplo-  durante décadas jamás fue tema de preocupación ni de limitación en su uso. Todo lo contrario, nos convencieron de sus bondades y las grandes corporaciones nos lo vendieron como un importante avance tecnológico, el cual supondría la solución perfecta para nuestras necesidades cotidianas.


Como borregos, aceptamos también el argumento de la minería como foco de desarrollo para nuestros países, la explotación inmoderada de los bosques nativos con la pobre compensación de plantaciones extensas de especies foráneas incapaces de revivir a la fauna extinguida y la privatización del agua, nuestro recurso vital. Tampoco se objetó de manera masiva y consciente el uso de armas de destrucción masiva financiadas y desarrolladas por los grandes centros de la ciencia para uso de gobiernos opresores y colonialistas. Todo lo contrario, se nos convenció de que en esos espeluznantes y mortíferos recursos bélicos descansaban su sueño perfecto la paz, la democracia y la libertad.


Hoy comenzamos a despertar del letargo con muchos años de atraso y lo que se ha perdido jamás se va a recuperar. Pero por lo menos tenemos la gran oportunidad –si alcanzamos la lucidez necesaria- de conservar lo poco que nos han dejado.

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Cuando la consigna es violar
Por Carolina Vásquez Araya

La violación sexual es una agresión cruel, física y psicológicamente devastadora.

Los números son contundentes; miles de niñas, niños y adolescentes son violados cada día en cualquier escenario: la intimidad de su hogar, el ámbito académico, la parroquia, el camino a la escuela, el contexto de una guerra. No importa en dónde, su integridad es amenazada con la sola presencia de un hombre dispuesto a agredirlos en cuanto la oportunidad le sea propicia. Parece una historia de terror pero sucede cada día en cualquier punto del globo, oculto por el miedo y la vergüenza.


¿De dónde surgió la idea de que las niñas son presa a disposición del cazador? ¿Cuándo se reformaron los códigos y las leyes para proteger a los depredadores sexuales para interpretar -con cómplice benevolencia- su costumbre de cometer ese horrendo crimen contra víctimas indefensas como un rasgo de virilidad? La violación es una de las peores formas de violencia contra una niña o una mujer, constituye un acto vil cuyas consecuencias van mucho más allá de la destrucción de la autoestima, la marcan en todos los aspectos de su vida y definen sus relaciones futuras.


En esta especie de holocausto lento contra la niñez también toma parte protagónica el pensamiento patriarcal instalado en innumerables comunidades, el cual permite a los padres dar a sus hijas menores en matrimonio aun en contra de leyes establecidas para evitarlo. No solo las entregan a un adulto en contra de su voluntad, sino además cobran por ese intercambio transformándolas en simple mercancía, convencidos de que las mujeres están destinadas a servir y no tienen derecho a tomar decisión alguna respecto de su vida y su destino.


Entonces es cuando todo esfuerzo por generar cambios en el imaginario colectivo adquiere una enorme relevancia, es cuando los movimientos feministas adquieren un impulso adicional al enfrentar los prejuicios y la oposición pétrea de un patriarcado destinado a extinguirse por opresivo, violento, discriminatorio e ilegal. Es cuando se toma conciencia de los mensajes sutiles destinados a construir barreras y crear guetos con el único propósito de impedir el empoderamiento de las mujeres en todos los escenarios de la vida pública y privada. Es cuando toca involucrarse de manera directa desvelando los mitos y destruyendo todos esos estereotipos con los cuales hemos sido programados desde la niñez y hemos reproducido con las sucesivas generaciones.


Se han escuchado los testimonios escalofriantes de soldados confesando que “violar era la consigna”. Violar a todas las mujeres, incluidas las niñas más pequeñas, porque la violación es una táctica de guerra para continuar la ruta estratégica del miedo y la destrucción psicológica del supuesto enemigo. Es decir, niñas, adolescentes y mujeres debían ser destruidas en su esencia, en su intimidad, privadas de su libertad para obligarlas a servir en los oficios más denigrantes posible, sin haber cometido delito alguno. Mujeres cuya única falta es encontrarse en el camino de los invasores. Así es hoy y así ha sido a lo largo de la historia.


Entonces ¿con qué argumentos se pretende invalidar la lucha de las mujeres por sus derechos sexuales, educativos, sociales, laborales y económicos? ¿Cómo es posible negar la desigualdad en la participación política –tribuna esencial para incidir en el rumbo del país- y marginar al sector femenino de todas las decisiones importantes para una nación? ¿Con qué autoridad se esgrime el discurso antifeminista en un país donde el embarazo infantil es un rasgo de identidad? Es hora, entonces, de cambiar la consigna: “las niñas se respetan, no se violan, no se matan”.
 
Escalofriante táctica de guerra para someter al enemigo: violar a las mujeres.
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El antídoto contra la opresión
Por Carolina Vásquez Araya

Un pueblo que lee es capaz de analizar, reflexionar y luego decidir con inteligencia.

El hábito de la lectura es un arma poderosa contra la opresión. Eso explica por qué en muchos países latinoamericanos se erigen, desde los centros de poder político y económico, obstáculos a la educación de sus pueblos con el objetivo de mantener a la población sometida a regímenes de explotación y carente de las herramientas cognitivas que pudieran proporcionarle los espacios críticos y de reflexión propios de una ciudadanía activa. Los ejemplos abundan, sobre todo en naciones como Guatemala, Brasil o Chile, con gobiernos conservadores aliados de un sistema neoliberal diseñado a la medida de los intereses de sus cúpulas de poder económico. En ellos, el recorte de programas de enseñanza y la falta de inversión en educación responden a la agenda de quienes definen esas políticas desde la clase empresarial.
Algo predominante en el discurso gubernamental de la mayoría de nuestros países es la explicación del fenómeno de la pobreza a partir de variables sociales y económicas. Es decir, de acuerdo con su elaboración de la realidad la gente pobre es pobre porque así está estratificada la sociedad. En ningún caso entra en discusión el tema fundamental: el acceso al aprendizaje a través de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación desde los sectores más necesitados con infraestructura adecuada, redes de bibliotecas y programas educativos actualizados y eficaces, complementados con actividades de promoción de la lectura con el propósito de crear el hábito desde la niñez, uno de los ejercicios fundamentales para el desarrollo de la mente y de las capacidades intelectuales.
En un ambiente de privación de recursos educativos y de entretenimiento, por lo tanto, una actividad como la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es un soplo de oxígeno para una atmósfera contaminada. Este año, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Feria está dedicada al gran poeta k’iche’ Humberto Ak´abal (1952-2019) y tiene la presencia de México como país invitado. En su amplio programa de actividades, Filgua 2019 ofrecerá al público el próximo mes de julio –especialmente a la niñez y juventud de Guatemala-  la oportunidad de vivir una serie de experiencias de enriquecimiento intelectual y de explorar el amplio universo literario ofrecido por este evento que ya cumple su XVI edición.
Filgua es una de las escasísimas iniciativas de carácter popular para la promoción de la lectura en la sociedad guatemalteca, a la cual tienen acceso miles de estudiantes de todos los niveles. Sus salones ofrecen una enorme variedad de actividades de interés para distintos grupos y se ha ido consolidando a través de los años como un centro de encuentro para lectores, escritores, académicos y artistas. Como uno de los países de América Latina con la más pobre inversión estatal en cultura, esta iniciativa de la Gremial de Editores representa una ventana importante hacia el mundo del conocimiento y las letras.
La niñez y juventud de Guatemala merece mucho más y la ciudadanía tiene la obligación de exigir a sus autoridades el pago de una deuda histórica en educación y apoyo a las artes como una de las columnas sobre las cuales se erige una nación libre y democrática, una nación cuyos habitantes sean parte del proyecto. Un pueblo sin cultura, privado del acceso al conocimiento y sin las capacidades intelectuales básicas para incidir en su futuro será incapaz de dar la vuelta de tuerca y traspasar con seguridad los límites que le han impuesto tan injustamente.

 
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Las malas compañías

Por Carolina Vásquez Araya

 

La tormenta política desatada en Guatemala marca un capítulo oscuro en el país centroamericano.

 

En una abierta maniobra represiva y dentro del marco de la conmemoración de la independencia patria, el presidente de Guatemala sacó al ejército a las calles, concentró a las fuerzas policiales desde todos los puntos del país y los apostó alrededor del palacio de gobierno. Acto seguido, dio la orden de revisar a toda persona, niñez incluida. Una de las tradiciones en el país centroamericano son los actos conmemorativos de la firma del Acta de Independencia, llevados a cabo en la plaza central y seguidos de un Te Deum en la Catedral metropolitana al cual acuden autoridades, cuerpo diplomático y público en general. Este año, el cerco se cerró con vallas metálicas y agentes de las fuerzas del orden premunidos hasta los dientes con armas de grueso calibre.

Las imágenes de los miembros de la SAAS escudriñando en las mochilas de niñas y niños ilusionados por ver el desfile y participar en los actos, dieron la vuelta al mundo marcando un episodio más de las vergonzantes decisiones de Morales. El escenario estaba dado para provocar en la ciudadanía una reacción inmediata de repulsa contra este abuso de autoridad con características de golpe de Estado. Y aun cuando no tuvo las repercusiones esperadas, eso fue lo que sucedió.

En otras ciudades surgieron las protestas y en la capital los estudiantes de la universidad estatal se hicieron sentir. Durante el discurso del mandatario –plagado de lugares comunes y con un abierto acento dictatorial- la multitud en la plaza manifestó su descontento gritando consignas y llamándolo a renunciar. Sin embargo, la división de la sociedad guatemalteca está dada. Como una perversa estrategia de dominación diseñada por los sectores poderosos para mantener el control político y económico, el divorcio ideológico implantado desde los tiempos de la Colonia persiste como una nube gris sobre el futuro de la nación.

El presidente Morales cree que esa división entre guatemaltecos lo salvará; está convencido –porque su rosca de militares y adeptos así le aconsejan- de tener el control del país y poder terminar su mandato con los privilegios y honores que él mismo se ha recetado. Su desprecio por la ciudadanía es indescriptible y dado su escaso alcance intelectual, probablemente esto es también resultado de un vértigo de altura, posición a la cual nunca antes tuvo el menor acceso. Entonces, ante un cuadro tan desolador, cabe preguntarse ¿Cómo es posible la defensa de algunos guatemaltecos ante los evidentes abusos de su mandatario? ¿Es acaso una pérdida de fe en el sistema democrático o quizá la protección de privilegios propios conseguidos gracias al tráfico de influencias?

Sin duda hay mucho de eso, pero también es importante tener presente los lazos entre sectores de poder con ciudadanos ansiosos de pertenecer a las élites solo por el hecho de manifestarles su respaldo. El típico arribismo transformado en una venda sobre los ojos para no ver lo obvio porque la verdad suele resultar molesta y estorba en la conciencia. Sumado a ello, la manipulación mediática de los medios de comunicación más poderosos –la red de televisión y radio propiedad del mexicano Ángel González- cuyas frecuencias dependen de las graciosas concesiones del gobierno de turno, crean en amplios sectores de la población, sobre todo aquellos más alejados de los centros urbanos y también los más pobres, la ilusión de que todo está bien.

Guatemala y su democracia están en serio peligro. El destino de sus habitantes está amenazado por las malas compañías de un presidente incapaz de comprender el alcance de sus acciones y convencido de detentar el poder absoluto.

 

Las malas juntas del presidente lo llevan de la mano hacia una dictadura.

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El mito de la civilización
Por Carolina Vásquez Araya

A propósito de la violencia contra las mujeres, también están el racismo y la exclusión.


Si nos detenemos a analizar con los ojos bien abiertos nuestro entorno y más allá, es probable que deseáramos pertenecer a una especie distinta. Una noble, una que se desarrolle en armonía con la tierra, incapaz de hacer lo que los humanos hacemos a diario: matar por placer, sin más razones que el hecho de poder hacerlo; acabar con nuestro entorno natural porque nos convencieron de ser superiores a todo y de detentar el poder para disponer de él a nuestro antojo. Así es como hemos llegado al extremo de carecer de lo más esencial: la sensibilidad y la conciencia.


Nuestro concepto de civilización, esa palabra tan ambigua como engañosa, es algo muy distinto de su significado real, el cual aludía al conjunto de ideas, creencias, artes y costumbres característicos de un conjunto humano determinado. En la realidad, su significado ha variado hacia la capacidad de enriquecimiento de unos a partir de la explotación de otros. En el léxico de la lucha de poderes entre gigantes por la consolidación de sus privilegios, significa la imposición; la capacidad de obtener sin dar a cambio y, por encima de todo, el poder de subyugar a los más débiles después de llevarlos casi a la extinción.


Resulta saludable repasar –como uno de los ejemplos más ilustrativos- la trágica historia del continente africano a partir de las invasiones europeas, la explotación irracional y sanguinaria de sus recursos humanos, minerales y naturales en un afán expansionista cuyo saldo fue la pérdida de identidad de sus habitantes, la esclavitud, las guerras de exterminio, las enfermedades y el hambre. Una estrategia aplicada contra nuestros países latinoamericanos con similares resultados en la imposición de dictaduras, abolición de libertades políticas y la devastación de las riquezas naturales para incrementar el poderío de compañías multinacionales protegidas por los Estados más poderosos del planeta.


Dentro de este escenario, la violencia de género está implícita en la fórmula para anular cualquier intento de cambiar las reglas del juego, evitando que una mitad de la población tenga igual poder que la otra. Las mujeres, tanto por nuestra capacidad reproductiva como por el papel central del segmento femenino en la organización social a partir del núcleo de familia, entramos en un esquema mucho más amplio de dominio y en el cuadro general constituimos un “bien” al cual resultaría riesgoso cederle capacidad de decisión en los campos económico, social y político.


Este esquema de poderes se ha perpetuado a lo largo de generaciones. Los importantes avances en la lucha feminista son pálidos comparados con lo que falta por conquistar. El voto femenino, por ejemplo, un derecho negado por generaciones, representó siempre una amenaza contra el patriarcado, como también lo fue el derecho al trabajo y a la salud reproductiva. En países como los nuestros, con sus centros de poder atado a las normas de la iglesia y a los estereotipos sexistas de la época colonial, los derechos de la mujer continúan bajo un absurdo y criminal embargo político, pero no solo eso las afecta. También su destino como un “producto” para el contrabando a través de poderosas redes de trata, trabajo forzado, esclavitud.


La idea de una civilización como fuente de riqueza moral, ética, intelectual y científica ha sido sustituida por un esquema basado en la riqueza material concentrada en una esfera de poder carente de visión humanitaria y de valores. Volver a plantear su significado a la luz de un humanismo real es otra de esas locas utopías y en ella las mujeres jugamos un importante papel.

Los avances tecnológicos no son la única muestra de avance cuando hablamos de civilización.
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El barniz se descascara
Por Carolina Vásquez Araya

Las reacciones lo dicen todo frente a la ola migratoria latinoamericana

Los fenómenos migratorios forman parte ineludible de la historia de la Humanidad. Múltiples motivos han generado desplazamientos de grandes conglomerados humanos desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra: sequías, inundaciones, invasiones, pestes y hambrunas han obligado a comunidades enteras a buscar refugio en otras latitudes. Por lo tanto, es preciso observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia y no como un problema puntual de un país o una región determinados.


Las recientes oleadas de migrantes procedentes de países en crisis han impactado a quienes, con una mezcla de solidaridad y repudio, ven a las familias en tránsito o en proceso de convertirse en residentes permanentes como una amenaza latente, sobre todo cuando esos movimientos migratorios son masivos y objeto de gran atención mediática. Pero también existen migraciones lentas y sostenidas, como las procedentes de los países más afectados por la miseria y la violencia, cuyos habitantes van escapando en un goteo constante hacia tierras más prósperas buscando aquello que su patria no les brinda.


Nada hay más injusto como el rechazo hacia quienes por necesidad abandonan su tierra, sobre todo si está basado en la ignorancia y el prejuicio. Para comprender la dimensión del drama humano implícito en una migración forzada por el hambre y la violencia, es preciso acercarse y conocer cómo el miedo y el instinto de supervivencia son fuerzas tan poderosas como para inducir a una familia a enfrentar los riesgos de una ruta desconocida y plagada de obstáculos. La criminalización de los migrantes por parte de líderes de países poderosos –el caso Trump y sus mensajes de odio y racismo hacia los pueblos latinoamericanos- no hace más que provocar un eco destructivo en ciertos sectores de la sociedad, tanto aquella perteneciente a los países que experimentan el fenómeno de paso como de ingreso de migrantes, ambos temerosos de la amenaza implícita en todo lo que escapa a su visión conservadora y proteccionista.


Esta falta de empatía es claramente perceptible en un amplio sector de la sociedad estadounidense, pero también en ciertas capas medias urbanas de los países afectados, cuya aparente sensibilidad humana desaparece ante la vista de la cruda realidad de sus periferias, en donde se hacen visibles los estragos de la corrupción, la desidia gubernamental y la indiferencia ciudadana. En países con elevados indicadores de desigualdad, pobreza, violencia y desnutrición, la huida hacia otros horizontes es casi inevitable y termina siendo el resultado obvio de la falta de oportunidades y del círculo vicioso de una miseria abrumadora.


En esta era de la comunicación instantánea y ante el desarrollo de los procesos migratorios masivos en algunos países de la región, llama la atención la abundancia de comentarios xenófobos y racistas contra quienes arriesgan su vida y la de sus hijos en la búsqueda de una vida mejor. Al parecer, olvidan su propio origen –producto de otras migraciones con similares motivos-, reniegan de sus ancestros y con ello hacen evidente que el lustre de barniz de solidaridad y empatía se descascara ante la menor amenaza a su marco de valores y estilo de vida. Muy pocos habitantes de este continente pueden considerarse plenamente pertenecientes a su territorio. Las migraciones europeas, asiáticas y africanas han poblado, mezclado y asentado sus reales en estas tierras pródigas de las Américas. Las pretensiones de pureza étnica o nacionalismos herméticos son por lo tanto cada día más insostenibles y absurdas, pero sobre todo aterradoramente inhumanas.

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El bastón de mando

Por Carolina Vásquez Araya

Un sistema patriarcal históricamente consolidado permea a toda la sociedad.

No es necesario preguntarse por qué cuando hay que tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección de un presidente de la República, la mayoría se inclina por aquellas propuestas abiertamente patriarcales: mano dura, gobierno fuerte, figura masculina. Son los resabios de una colonización no solo operada desde los sistemas político y económico, sino también desde la actitud misma de sociedades acostumbradas a una estructura vertical de mando que no admite excepciones ni la apertura de espacios auténticamente democráticos. La respuesta está en una trayectoria histórica cuya principal característica es la concentración de poder y, de paso, en una idea errónea del concepto de liderazgo.

Quizá por esa razón resulta prácticamente imposible romper las estructuras ya establecidas desde la época colonial, cuando las olas de inmigrantes venidos desde España, con el respaldo de la corona y premunidos de un indudable halo de superioridad, arrasaron con las culturas autóctonas, esclavizaron a los habitantes de estas tierras –eso, cuando no los exterminaron de una buena vez- y se apoderaron de la riqueza de este continente. Esa sensación de pertenecer a una clase superior no ha desaparecido con los siglos. De hecho, se ha ido afianzando a pesar de las mezclas étnicas y a medida que los colonizados han perdido toda posibilidad de equipararse con sus colonizadores.

Es preciso tener muy confusas las ideas para hablar en Guatemala de buen gobierno, de un “legado”, de liderazgo o de grandes cualidades de estadista cuando más del 60 por ciento de la población del país sobrevive bajo la línea de la pobreza y los indicadores de desarrollo humano están por los suelos. Es preciso ser muy cínico para afirmar que algún ex presidente o actual gobernante tiene o ha tenido la menor intención de hacer de Guatemala una nación en pleno desarrollo. Hay que estar ciego –de ceguera absoluta- para no ver la miseria alrededor de los palacios de gobierno, nacional y municipal, con vecindarios carentes de servicios básicos, agua contaminada, redes de alcantarillado que se hunden por falta de mantenimiento, puentes que tiemblan amenazadoramente al paso de los vehículos, calles en ruinas y montañas de basura sin sistemas de tratamiento.

Un líder verdadero no es quien tiene mano dura y la capacidad operativa para hacer “limpieza social” mediante el uso de escuadrones de la muerte. Un auténtico líder es quien organiza a una sociedad para hacerla partícipe de sus políticas de desarrollo, para empoderarla y ponerla a trabajar a su lado en perfecta sintonía con sus ideales. Un líder no es quien grita y amenaza, sino quien ama a su pueblo y lo respeta. Venerar a un dictador, añorar épocas pasadas de dictaduras crueles, racistas y cuyo legado real fueron muertes y desapariciones, no es más que una patología. Una sociedad saludable no añora los regímenes autoritarios. Todo lo contrario, aspira a vivir en un sistema abierto a su participación ciudadana en la construcción de un mejor país, pero sobre todo en la integración real de todos sus ciudadanos sin distingos de clases ni etnias.

Quizá sea el momento de comprender que los cambios urgentes van más allá de la confrontación entre hermanos; los cambios deben comenzar desde el interior, desde el examen de actitudes y aspiraciones, desde los prejuicios y los estereotipos que impiden el desarrollo humano y condenan a una gran parte de la comunidad a vivir en la pobreza más denigrante. Quizá sea el momento de aceptar que la Colonia ya está en el pasado y se requiere del concurso de todos para construir una verdadera democracia.

Añorar las dictaduras del pasado es una patología, una sociedad debe aspirar a la plena democracia.

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El fantasma de papel

Por Carolina Vásquez Araya

 

El libro, símbolo del conocimiento y la información, está bajo asedio una vez más.

 

Después de tantas evidencias sobre los alcances de la guerra contra la información y el acceso a la educación y la cultura, no sorprende que en Guatemala el grupo empresarial organizado haya encontrado la manera de entorpecer una de las actividades culturales más importantes, atacando a la Gremial de Editores y pretendiendo apoderarse de los derechos legales que le otorgan la propiedad de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De este modo se unen al concierto orquestado por los poderes del Estado contra todo cuanto represente un espacio de libertad cívica.

Quizá los editores nunca previeron que su pertenencia a la Cámara de Industria pusiera en peligro uno de sus eventos más emblemáticos. Sin embargo, las acciones del sector empresarial aglutinado bajo la sombra del Cacif ya podían anunciar hasta dónde este grupo de poder es capaz de llegar para neutralizar toda acción tendente a fortalecer la educación y la cultura. De este modo garantiza la continuidad de su enorme influencia en decisiones de Estado y crea las condiciones ideales para someter a la ciudadanía a un régimen de privaciones intelectuales y por tanto analíticas, afín a sus intereses.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, ha representado durante 18 años un centro único de difusión de la lectura en un país con bajos índices de escolaridad y fuertes limitaciones para el desarrollo intelectual y cultural de su población. En este escenario de encuentro entre lectores y autores, entre editores y artistas, ha fluido un creciente interés del público por establecer una conexión más íntima con los libros y lo que estos le ofrecen. Por sus salones desfilan miles de niñas, niños y jóvenes cuyo contacto previo con la literatura ha sido casi inexistente debido a los pobres niveles del sistema educativo, encontrando en Filgua un rico filón de entretenimiento y aprendizaje.

Las intenciones de los empresarios interesados en quitar los derechos de la organización de Filgua a los editores que la crearon no pueden ser más transparentes: revertir la influencia del evento hasta anularlo del todo. Esto, porque al sector empresarial organizado le inquieta y estorba cualquier iniciativa educativa que escape de su control. Porque una sociedad desinformada y muda es mucho mejor que una intelectualmente activa y atenta al quehacer económico y político de su nación. Porque ya llevan varios siglos de silenciarla no van a permitirle expresarse libremente. Porque les asusta el libro, ese temible fantasma de papel.

Quienes hemos tenido algún nivel de participación en la Feria –como expositores, presentadores de libros o simplemente como compradores- comprendemos bien hasta qué punto la apertura del conocimiento a las capas más jóvenes y menos privilegiadas de la población puede incidir en una ciudadanía mucho más consciente de su papel. Esos salones cada vez más llenos de visitantes reflejan un interés creciente por el acceso a la lectura y un evidente rechazo a las limitaciones impuestas por un sistema medieval y caduco de gobierno, cuyas prioridades se alejan cada vez más de las del pueblo.

Las voces de protesta por esta maniobra ilegítima de la Cámara de Industria de Guatemala deben ser escuchadas y acompañadas por una defensa activa de este importante evento cultural. Resulta casi risible que un sector históricamente opuesto a la educación y el crecimiento cultural de su país pretenda adueñarse de esta iniciativa justo cuando está alcanzando los mejores indicadores de éxito, asistencia de público y venta de libros. Filgua es patrimonio cultural y debe continuar siéndolo.

 

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Los avatares de un país (in)seguro


Por Carolina Vásquez Araya

Las decisiones inconsultas de gobernantes ineptos suelen causar daños irreparables.

Uno de los países más violentos y pobremente administrados del continente se ha convertido –con un golpe de puño en el despacho oval- en refugio de migrantes, para tranquilidad del presidente estadounidense. Este, empeñado en quitarse de encima a los miles de seres humanos que cruzan sus fronteras en busca de una mejor calidad de vida, no dudó en hacer pacto a punta de amenazas con el más débil de los gobiernos de la región. Ambos mandatarios,


Donald Trump y Jimmy Morales, plenamente conscientes del despropósito de semejante acuerdo, utilizaron -como la mano del gato que saca las castañas del fuego- a sus ministros del interior para así poner obstáculos a la nulidad del documento que declara a Guatemala como Tercer País Seguro, TPS, mediante el cual sellaron el infausto destino de sus ciudadanos, pero también de las familias de migrantes que huyen de sus países.


Que Guatemala es un país seguro, depende de la perspectiva. Seguro para las mafias que lo gobiernan y cuyas maniobras han convertido al país centroamericano en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Seguro para las redes de trata, ancladas en instituciones del Estado mediante las cuales se garantizan una operación sin consecuencias. Seguro también para las organizaciones criminales, que mediante el patrocinio de las campañas electorales y su generoso financiamiento para políticos tradicionales se han consolidado como una fuerza indestructible entre los círculos de poder.
Guatemala es el paraíso de seguridad para su cúpula empresarial, la cual no ha vacilado en amarrar vínculos con lo más podrido de la institución castrense, su histórica aliada en la eliminación de líderes comunitarios y ciudadanos con potencial político capaz de poner en peligro sus privilegios. Los grandes empresarios, coludidos con gobernantes corruptos, han retrasado el desarrollo de Guatemala como un mecanismo propicio para mantener a su población intimidada, carente de oportunidades de educación, sujeta a trucos legislativos que la convierten en una masa vulnerable a la explotación laboral y sin posibilidad de escapar de ese círculo perverso.


Pero quienes aprovechan de modo indiscutible la seguridad que les ofrece Guatemala son los cárteles de la droga, cuyo inmenso poder les ha dado paso libre por sus puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje en amplias regiones sin vigilancia y en sus fronteras permeables y sensibles al soborno. Como país-pasadizo para estas organizaciones criminales, es el menos adecuado para constituirse en centro de concentración de migrantes quienes, además de su estatus vulnerable, estarán obligados a buscar sustento por sí mismos, sin la menor ayuda del Estado que los acoge, y mucho menos su protección.
Guatemala tiene los indicadores más bajos en desarrollo social y los más altos en desnutrición crónica y violencia criminal. Su congreso –la máxima entidad de representación ciudadana- está conformado en su mayoría por diputados cuyas decisiones dependen de cuán abultado es el sobre mediante el cual los centros de poder compran su voto. Su ciudadanía, conformada en su gran mayoría por personas decentes y deseosas de un cambio profundo en el quehacer político, se encuentran acorraladas por estructuras legalizadas a capricho de quienes mueven las palancas legislativas y judiciales. Por lo tanto, el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, sin consenso popular y sin consideración alguna por sus previsibles consecuencias, ha sido la puñalada final de quien dejará en unos meses el más vergonzante y lamentable gobierno de la historia de ese sufrido país.

Un país seguro depende de un Estado bien administrado, transparente y ético.

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La cabra tira al monte
Por Carolina Vásquez Araya

Es absurdo esperar cambios de fondo en candidatos cuyas trayectorias están a la vista.

Para el evento electoral cuya celebración se avecina en Guatemala, han surgido candidaturas que ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía; y no solo por representar lo peor de una sociedad golpeada por las organizaciones criminales, la corrupción política y la falta de valores del empresariado, sino por un simple prurito de dignidad. La población guatemalteca ha sido castigada una y otra vez por quienes controlan los poderes del Estado, sin tener siquiera el ímpetu indispensable para levantarse, reorganizar sus fuerzas y actuar como corresponde ante los abusos de un sistema diseñado para aprovecharse de sus debilidades.
El circo electoral está que arde y de hecho debería hacerlo, por si después surge de sus cenizas la depuración que necesita con urgencia. En el escenario actual y sin el menor disimulo desfilan los ejemplares más nefastos del entorno político y los electores comienzan el consabido proceso de evaluar los alcances de su participación, sin entusiasmo alguno y más bien con el escepticismo que ha acompañado a todas las elecciones de autoridades desde el retorno a la democracia con la elección de Vinicio Cerezo, cuyo triunfo despertó grandes expectativas y resultó provocando grandes decepciones.
Sin embargo, ante dados cargados gracias a una ley electoral que los maneja a su antojo, la percepción general es de una profunda desconfianza y esta alcanza, de refilón, a las pocas candidaturas honestas que podrían generar un atisbo de esperanza. Pero aun cuando la ciudadanía conoce los antecedentes de algunas candidatas y candidatos poco aptos para ejercer la primera magistratura de la nación, administrar una alcaldía o integrar una asamblea legislativa, lo cierto es que incluso los peores capturan la atención pública gracias a mañas mercadológicas siempre eficaces con un pueblo poco dado al análisis y al cuestionamiento de sus ofertas y, dadas sus graves carencias, también proclive a aceptar la generosidad con la cual los financistas de campaña fijan sus apuestas.
Que la cabra tira al monte no es un simple refrán popular, es una verdad contundente. El comportamiento de algunas candidatas y candidatos empecinados en retorcer las leyes y amordazar a la prensa y a sus opositores, debería despertar todas las alarmas. Si desde una candidatura lanzan amenazas y violan los preceptos constitucionales, es posible imaginar cuánto podrían hacer desde una posición de poder como, por ejemplo, la presidencia de la república. Adicionalmente, sus candidaturas huelen a delito desde el momento que existen investigaciones y evidencias de acciones anómalas en torno al financiamiento de sus campañas, aun cuando sus huestes opongan toda clase de recursos para evitar la acción de la justicia.
El escaparate de las ofertas electorales está plagado de ejemplares nefastos quienes, con un descaro total, lanzan amenazas de regreso a las dictaduras; de falsos cristianos cuyas intenciones deshonestas saltan a la vista; de auténticos dinosaurios del pasado con largas colas de mentiras y corrupción y todo ello como un salto cuántico hacia un pasado que ya se suponía superado. Para los electores, este proceso se ha transformado en un juego de eliminatorias en donde la ficha ganadora podría significar la muerte de la incipiente democracia por la cual se ha trabajado con tanta ilusión y con grandes pérdidas humanas. Por ello, el refrán en referencia debe servir como una guía valiosa para no volver a caer en un agujero negro como el que hoy identifica al país ante el mundo.

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Al olor de la carroña
Por Carolina Vásquez Araya

Atentos a cualquier signo de debilidad, los corruptos esperan…

Nada hay más peligroso que una fiera acorralada. La potencia de su pánico es una droga que la incita a cometer actos extremos para defender su territorio de cualquier amenaza externa. Borracha de adrenalina, es capaz de desarrollar una fuerza destructiva superior a su capacidad con el fin de destruir a sus potenciales enemigos. Así actúan en nuestros países las organizaciones criminales cuando existe la menor posibilidad de perder la inmunidad conseguida durante décadas a fuerza de sobornos y amenazas.


Este es el escenario más peligroso para las naciones democráticas cuyos sistemas han permitido el crecimiento y la consolidación de redes de poder en el corazón de sus instituciones. En Guatemala, el enemigo máximo ha sido una organización destinadas a desarticular estas redes, la Cicig, cuyo desempeño logró investigaciones, procesos y sentencias inéditas en el país, enviando a prisión a muchos protagonistas de los delitos más escandalosos de las últimas décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales conformadas por políticos, empresarios, militares y traficantes de droga y de seres humanos, al sentirse acorralados emprendieron la furiosa arremetida hasta neutralizarla e impedirle realizar el trabajo que el mismo Estado de Guatemala le encomendara.
Muy cerca de Guatemala, en México, la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador ha provocado similares reacciones entre los criminales alimentados por la impunidad que les han garantizado los gobiernos anteriores. Capaces de cualquier cosa con tal de entorpecer y aniquilar al nuevo gobierno, han iniciado un plan de sabotajes con el lamentable resultado de la muerte de civiles tan inocentes como indefensos. La estrategia no solo ha ocasionado pérdidas humanas, también ha creado confusión en una sociedad fuertemente dañada por la acción de las organizaciones criminales.
Decididas a todo, estas mafias súper poderosas operan desde todos los ámbitos y no tienen el menor escrúpulo en afinar su puntería sobre la población civil con tal de crear un ambiente de caos y temor, perfecto sustrato para asentar sus planes y continuar con el despojo de la riqueza de sus países. Es así como amordazan a quien tenga el valor suficiente para enfrentarlas y anulan las iniciativas ciudadanas cuyo objetivo sea transformar el sistema para crear uno capaz de abrir espacios de participación, depuración de instituciones y desarrollo de procesos en el ámbito de la seguridad y la justicia.
Estas fieras buscan el olor de la carroña y se agrupan ansiosas alrededor de los cadáveres de su propia especie. Son traicioneras y crueles, saben muy bien cómo debilitar cualquier intento de rebelión y aplastan todo cuanto amenace la impunidad con la cual los ha beneficiado una larga cadena de gobiernos supuestamente democráticos. Ávidas de riqueza y poder, no dudan en violar leyes con tal de perpetuar –incluso en cadena familiar- el despojo y el abuso. Nuestros países son ricos, tanto que no han podido sustraerse a la explotación irracional y extrema a la cual los han sometido estas organizaciones con la plena complicidad de gobiernos extranjeros poderosos pero igualmente interesados en mantener a la población callada y obediente.
Quizá el miedo pueda ser el aliciente para generar la respuesta de una ciudadanía harta de la sumisión y la pobreza. Quizá por fin se decida a limpiar la carroña que contamina a sus instituciones y comience a exigir, con la debida autoridad, los cambios necesarios para salir del lamentable estado de degradación en el cual se hunden sus sueños y esperanzas.

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Los tiempos mejores
Por Carolina Vásquez Araya

Hace falta una buena limpieza de primavera para sacar toda la basura.

El fraude estaba cantado desde el momento mismo en que los dirigentes de la máxima organización gremial del empresariado guatemalteco decidieron engrasarle los rodos a la campaña de FCN, con un actor de tercera al frente. Desde ese momento, los grandes consorcios le pusieron el pomo al frasco para demostrar, una vez más, que su inveterada costumbre de incidir desde las sombras en los destinos del país buscando apoyar a quien les garantizara su ya histórica hegemonía, siempre funciona.


Sin duda los empresarios involucrados en el financiamiento ilícito no contaban con ser investigados y puestos en evidencia. ¿Por qué iban a hacerlo, cuando su manipulación de las campañas electorales es una constante de la fórmula? ¿Acaso no es el derecho consuetudinario de los dueños de la riqueza cuidar sus intereses no importando cuál sea el costo para el resto de la ciudadanía? ¿Es que alguna vez han tenido que pagar por las fortunas adquiridas a costa de acuerdos secretos con los nuevos gobernantes cada cuatro años?


La sorpresa ha sido el mea culpa inesperado de la cúpula empresarial ante una sociedad que no sabe cómo reaccionar. Unos les arrojan flores y confeti porque, claro, hay que celebrar el “noble gesto” de reconocer sus errores (conste que solo reconocen el más reciente, el más obvio). Otros les arrojan material mucho menos aromático por medio de las redes sociales en una verdadera catarsis por este y otros muchos pecados que se les atribuyen con mayores o menores evidencias. Lo que venga después será, sin duda y como muchos auguran, un parteaguas no solo para la iniciativa privada sino también para la clase política y para la ciudadanía cansada de la madeja de intrigas en que se ha convertido el quehacer institucional en Guatemala.


Las promesas de campaña, divulgadas masivamente en todos los medios gracias a los muy generosos aportes de los empresarios y otros donantes anónimos, jamás fueron cumplidas. Esto, porque dada la tradición de los procesos políticos en el país, no era necesario y probablemente los financistas nunca se fijarían más que en lo que les tocaba en términos de privilegios y exenciones. Así es y así ha sido siempre durante todas las administraciones de la mal llamada “era democrática”.


El candidato de marras prometió que vendrían “tiempos mejores” pero nunca especificó para quién. De hecho, la manera tan radical de encaramarse en una plataforma de excesos lo ha convertido en un símbolo de la mediocridad de su gobierno y le ha generado toda clase de críticas y señalamientos a partir de investigaciones reveladoras de sus escasas dotes de administrador de los recursos del Estado. Quienes le acompañan en la aventura tampoco son las mentes más brillantes del escenario político y lo único que van sembrando es más rechazo y acumulando más vapor en la olla de presión al avalar las mentiras y enredos de su líder.


Las amenazas de quitar de en medio a Iván Velásquez -como si fuera el responsable de la situación caótica del gobierno- se convierten en una auténtica confesión de culpa y en un intento inútil y peligroso por neutralizar la acción de la justicia; esto, con el único propósito de blindarse y terminar el período sin acabar en la cárcel, como sucedió con su antecesor. El futuro político de Guatemala depende ahora de un empresariado limpio, de una ciudadanía consciente y de un cambio radical de las reglas del juego, empezando por la reforma largamente esperada de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si eso no sucede, de nada servirán las plazas ni los golpes de pecho.
 
Un empresariado transparente y una ciudadanía activa podrían propiciar el cambio.
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Los excesos del poder

Por Carolina Vásquez Araya

 

En los países menos desarrollados la ciudadanía vive en irremediable estado de frustración.

 


El sistema en el cual se mueven las fuerzas del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas élites.

Este sistema política y económicamente depredador no solo afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello, ha creado un entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico, minoritario pero abrumadoramente poderoso.

Los obstáculos contra la participación política de sectores tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población por una democracia real e incluyente.

Una de las consecuencias del monopolio del poder en un círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a este sector.

Por otro lado, la explotación irracional de la riqueza–tierras, aguas, recursos mineros- bajo el argumento de ser la única vía para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos en otros países de la región y del continente por ser perjudiciales y no propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.

El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más promisorio.

 

 

Un país, para crecer, necesita planes de desarrollo incluyentes, sostenibles y bien estructurados.

 

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La consigna del silencio

Por Carolina Vásquez Araya

 

Miedo y vergüenza, algunos obstáculos creados a partir de estereotipos de género.

 


Todo ser humano que haya sufrido una agresión sexual ha sido tocado en lo más profundo de su integridad. En esto no hay excepciones y, si las hay, suelen ser muy raras. Un niño, niña, adolescente o adulto víctima de tal escarnio difícilmente podrá borrarlo de su memoria, guardando esa imagen con una dolorosa sensación de repugnancia y culpabilidad. Y el silencio. Ya sea por miedo a las consecuencias sociales y familiares o porque sobre ellos pende la amenaza de una cruel revancha, el silencio tras la violación parece haber sido históricamente la marca de identidad de los crímenes de tal naturaleza y los depredadores cuentan con ello.

Durante la semana pasada y como eco de mi columna anterior sobre el incesto, he recibido más información sobre ese tipo de casos. Por las características de quienes me han compartido situaciones similares existentes en su entorno –personas instruidas con posibilidad de actuar- he podido observar el inmenso poder del silencio incluso en ámbitos de cierto nivel cultural, en los cuales se supone que los prejuicios ya han perdido su fuerza. Sin embargo, ahí están; todavía bien instalados en una suerte de umbral de la privacidad, algo así como una cápsula en donde el valiente intruso que desea denunciar termina por arriesgar más que el hechor.

Esto no es nuevo. No en el incesto y tampoco en otra clase de agresiones sexuales, como lo demuestra el largo silencio que ha precedido a las recientes denuncias de la industria cinematográfica en contra de algunos de sus gurús más poderosos. Ahí no se trataba de niñas indefensas en manos de un depredador, sino de mujeres plenamente conscientes de sus derechos, pero quienes guardaron el mismo silencio oneroso de la mayoría de víctimas. Vergüenza, dolor, impotencia y miedo a las consecuencias de hablar, parecen ser la nota constante.

Si en mujeres poderosas la violencia sexual tiene ese efecto intimidatorio, ¿qué podemos esperar en una niña, un niño o una mujer atados a una relación de poder caracterizada por los abusos? ¿Cómo es posible que un ciudadano ignore los pasos a seguir para realizar una denuncia anónima sobre un crimen de tal magnitud? Esto solo revela que ese silencio continúa alimentado por una carga enorme de prejuicios y estereotipos capaces de re victimizar de manera continuada a quienes sufren estos atropellos, abandonándolas a la voluntad de quien o quienes los agreden.

Urge hacer algo al respecto. Es imperativo iniciar campañas masivas de prevención de la violencia sexual en hogares, escuelas, templos, iglesias, hospitales y todo espacio en donde exista un menor en riesgo o un adulto ignorante de los pasos a seguir para denunciar. Urge reforzar la capacitación de los elementos de policía, investigación y administración de justicia para quitar ese velo de duda ante la palabra de un menor, una duda que desde el primer momento ampara a los perpetradores y coloca a las víctimas en una posición de riesgo.

Si las madres no denuncian por el siempre presente temor a quedar sin sustento económico, buscar la manera de darles acceso inmediato a los bienes familiares, los cuales usualmente se encuentran bajo control absoluto de la pareja abusadora, lo cual también está tipificado en la ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer como violación de sus derechos económicos. Buscar rutas y soluciones viables a esta realidad cada día más espeluznante debería ser una tarea prioritaria para juristas y expertos, cuyo aporte sirva para liberar y dar esperanzas de justicia reparadora a tantas víctimas inocentes cuyas voces permanecen en el más profundo silencio.

 

Las agresiones sexuales no deben señalar a la víctima sino al hechor. Urgen medidas de prevención.

 

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Los vicios del poder
Por Carolina Vásquez Araya

Como en un juego de dominó van cayendo las fichas, una tras otra.

Resulta difícil ver cómo un país tan rico y lleno de posibilidades de desarrollo se hunde en la ignominia política, administrativa y económica por el solo hecho de haber caído en manos de una administración opaca y absolutamente incapaz de llevar las riendas del Estado, en un gobierno cuyos funcionarios tienen un nivel tan primario e ineficiente como pocas veces se había visto. Es preciso repetirlo, Guatemala es un país de riqueza inagotable pero la mayor parte de su población es pavorosamente pobre. Ese, paradójicamente, ha sido el sino que lo condenó a convertirse en lo que hoy es: una tierra de miseria e injusticia, de desigualdades y abusos, un vergel cuya naturaleza exuberante de antaño se ha transformado en enormes extensiones de palma africana, en ríos de basura, en sembradíos de caña, pastizales para ganado, cerros horadados por la minería y más allá, la deforestación y los cauces secos de antiguos ríos.


Quienes se han enriquecido a niveles difíciles de cuantificar han sido las grandes multinacionales y los depredadores locales, aquellos bien organizados en gremiales y cámaras cuyo talento más sobresaliente ha sido mantener un dominio histórico sobre la economía y la política sin haber hecho aportes sustantivos al desarrollo de su propio país sino, todo lo contrario, sirviéndose de sus recursos gracias a sus lacayos en el poder.


Guatemala está en quiebra moral y eso lo sabe cualquier hijo de vecino. Sus niñas, niños y jóvenes –grupo mayoritario de la población- se encuentran en un abandono total y, además de carecer del goce de sus derechos básicos, son el chivo expiatorio de las más perversas estrategias de dominación de los grupos de mayor influencia. En ellos recae el peso de las evasiones fiscales de las grandes empresas al ser los primeros renglones eliminados del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Su educación, en manos de un remedo de líder cuyos objetivos van en dirección opuesta a su discurso y de un gremio magisterial empobrecido y privado de incentivos profesionales para ejercer una labor digna, los lleva por vía directa hacia un futuro incierto y sin mayores perspectivas.


Por si eso fuera poco, una alta proporción de la niñez guatemalteca nace en estado de desnutrición y durante sus primeros años de existencia esa falta de alimento se hace crónica, arrastrando efectos devastadores e irreversibles sobre su salud y su futuro. Guatemala es un país en donde la pobreza de las tres cuartas partes de su población es decisión de quienes acaparan la riqueza desde sus despachos en el palacio de gobierno, desde las más altas posiciones de la administración pública y desde los puestos clave en todas las instituciones del Estado. Esto, porque el sistema avala el saqueo de los recursos nacionales en un sofisticado entramado de fórmulas que permiten tanto el enriquecimiento ilícito como la propiedad de los puestos públicos gracias a leyes casuísticas diseñadas por y para una casta política corrupta y oportunista.


Las decisiones presidenciales de los días recientes han revelado hasta qué extremo las autoridades han perdido la brújula –si alguna vez la tuvieron- y cómo comienzan a revelarse los temores de sus aliados. El sector empresarial organizado ya se ha definido por apoyar a quienes luchan contra la justicia y la transparencia, una movida de piezas fácil de prever dadas las características de su tradicional juego político. Ahora ya con las piezas en su lugar, será cuestión de tiempo que la ciudadanía recupere la voz y se haga escuchar una vez más, fuerte y claro.   

Los inocentes son los primeros sacrificados en este perverso juego de poderes.


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El búnker de Piñera
Por Carolina Vásquez Araya

Encerrado en su ceguera y su profundo odio hacia el pueblo, Piñera lo pierde todo.

Acuerpado por dos instituciones armadas y entrenadas para aplastar a la población –Ejército y Carabineros- el aún presidente de Chile pretende ignorar las justas demandas de la ciudadanía y blindar un sistema neoliberal colapsado, del cual se benefició personalmente durante décadas amasando una fortuna incalculable gracias a los mecanismos instaurados por el régimen de la dictadura. Tan tramposo y superficial como irresponsable, Piñera tiene hoy al país al borde de la peor catástrofe política de su historia, reprimiendo de manera sangrienta a millones de chilenos quienes han puesto su autoridad al borde de la picota.
Las demandas de la ciudadanía no pueden ser más claras: convocar a una asamblea constituyente para redactar una Constitución acorde con las expectativas ciudadanas de justicia social, igualdad, protección de la riqueza nacional y el establecimiento de mecanismos capaces de consolidar una democracia actualmente tambaleante. Es decir, todo aquello con el potencial de garantizar el bienestar general sin los reductos de privilegio imperantes en todo el aparato gubernamental gracias a las trampas legales instaladas por la dictadura en el texto actual. Pero el presidente más cuestionado desde que Chile es Chile –con un 9 por ciento de aprobación- se ampara detrás de su biombo de papel y juega a dictador sin tener siquiera las agallas de dar la cara a quienes exigen respuestas.
El mundo observa con estupor cómo las más impresionantes manifestaciones ciudadanas –arriba de millón y medio de personas en las calles durante la semana pasada- son agredidas de manera irracional por Carabineros, quienes compiten por coronarse como la fuerza policial más sanguinaria del continente. Asesinatos a mansalva, violaciones y abusos sexuales de niñas y adolescentes, miles de heridos por balas y perdigones y algo aún más siniestro, como cientos de manifestantes ciegos por pérdida de ojos, es la cauda de una ola de violencia inaudita contra la población desarmada.
Por supuesto, no faltan quienes responden a la propaganda oficial y defienden la postura de Piñera apoyando su discurso contra el vandalismo, intentando ignorar el enorme cúmulo de evidencias en vídeos y fotografías en donde se demuestra la intervención de fuerzas del orden en muchos de estos actos. Chile es ahora un caldero a punto de estallar y mientras en las calles la juventud acompañada de una impresionante representación ciudadana exige su renuncia, Piñera se toma fotos en los patios del palacio y lanza su más reciente excusa para evadir su responsabilidad: una supuesta intervención de países extranjeros en las protestas.
Si su actitud no hubiera sido ya una afrenta para chilenas y chilenos agobiados por la injusticia del sistema, esta última declaración bastaría para quitarle ese último 9 por ciento de aprobación. Adjudicar a otros gobiernos –evidente la alusión a Cuba y Venezuela- la responsabilidad por la mayor movilización ciudadana que ha vivido Chile en su historia, no solo es un reconocimiento al poder de esos Estados; también revela la pobreza moral de un hombre incapaz de reconocer sus errores, incapaz de aceptar la derrota y, por encima de todo, carente del más elemental sentido humanitario. Apertrechado en su búnker de privilegios mal habidos y rodeado de empresarios beneficiados por el sistema neoliberal que se cae a pedazos, este ya deslegitimado mandatario sigue empeñado en defender un estatus caduco mientras el pueblo, desde las calles, le demuestra que no necesita de ayuda exterior para expresarle su rechazo y exigirle un último acto honorable: reconocer su derrota y renunciar.

La ciudadanía chilena exige a su presidente un último acto de honor.
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Las malas palabras



Por Carolina Vásquez Araya

El derecho de los demás es también mi derecho. Una idea para reflexionar.

Hubo un tiempo no muy lejano –mediados del siglo pasado- cuando no se hablaba de derechos humanos. Era un concepto desconocido para las mayorías; no se había desgastado por la manipulación mediática ni el manoseo social y era algo así como una parte decorativa del léxico diplomático en los círculos internacionales. Luego, con el transcurrir de los años y la violencia política ya bien instalada en los países del Tercer Mundo, fue tomando protagonismo por la obvia necesidad de proteger a la población civil de los desmanes de sus gobiernos y de grupos extremistas.


Sin embargo el tema de derechos humanos nunca parece haber tomado cuerpo más que en círculos muy reducidos de las sociedades, quedando como un tópico de discusión entre expertos pero nunca, o casi nunca, como una materia obligatoria en las escuelas, colegios y universidades para que las nuevas generaciones comprendieran en toda su extensión el significado de esos códigos de comportamiento y de respeto por sus semejantes, pero también la dimensión de sus propios derechos como persona. Por el contrario, se fue desarrollando una especie de anticuerpo dedicado a distorsionar y destruir la esencia misma del concepto.


El respeto por los derechos humanos y todo mecanismo para garantizar su protección, constituyen un capítulo indispensable de la vida en cualquier sociedad democrática en donde las óptimas condiciones de vida de sus miembros representen un objetivo primordial para sus gobernantes. Por el contrario, los regímenes autoritarios y dictatoriales se han caracterizdo precisamente por reprimir los derechos de los ciudadanos, oprimiendo y coartando sus libertades por la fuerza de las armas, la intimidación o la amenaza, abierta o velada.


Esta clase de sistemas opresivos muchas veces cuentan con la colaboración entusiasta de un sector de la sociedad cuyos parámetros valóricos e intereses coinciden plenamente con los de sus líderes, ya sea por protegerse contra una eventual pérdida de privilegios o por pura convicción. Entonces orquestan hábiles campañas de desprestigio contra quienes se empeñan en la defensa de los derechos de la ciudadanía para debilitar su discurso y socavar sus funciones. Estas campañas pretenden destruir no solo a los defensores de los derechos humanos; también atentan contra esos derechos retorciendo su significado con la intención de anular el potencial poderío de una sociedad fuerte y, por lo tanto, consciente de su papel en la vida de la nación.


El desgaste provocado por esos grupos antidemocráticos resulta en un incremento de la violencia social y un creciente escepticismo sobre el papel de la justicia en la resolución de conflictos. Al no comprender la trascendencia de los valores humanos en las relaciones entre individuos y grupos, las tensiones fácilmente derivan en la aplicación de la fuerza anulando toda posibilidad de diálogo y búsqueda de consenso. Se intenta bloquear el flujo de la información, se amenaza a quienes ejecutan una labor periodística, social, humanitaria o ambientalista y poco a poco se van cerrando las posibilidades de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un auténtico sistema democrático.


En otras palabras, el respeto por los derechos humanos no conviene a las fuerzas antidemocráticas por ser la base del desarrollo de una ciudadanía poderosa, educada y consciente de su papel en el mundo que le rodea. Las libertades consagradas en convenios y tratados resultan una amenaza para quienes no poseen las calidades para sobresalir sin el recurso del miedo y la tiranía. Derechos humanos son, para ellos, malas palabras.

Sin el respeto por los derechos humanos no existe la menor posibilidad de vivir en democracia.
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Ella se llamaba Juana Ramírez

Por Carolina Vásquez Araya

 

Las niñas y mujeres indígenas y campesinas de Guatemala son el último eslabón.

 

Doña Juana Ramírez Santiago era una autoridad en su pueblo. Desde joven había comprendido su misión y había dedicado su vida a ayudar a otras mujeres como ella: marginadas, campesinas e indígenas privadas de servicios adecuados de salud y carentes de oportunidades para adquirir los conocimientos necesarios que les permitieran alcanzar una adecuada calidad de vida. Doña Juana era una de las más de 20 mil comadronas guatemaltecas cuya labor es proporcionar un entorno saludable a las mujeres en el proceso de embarazo, parto y lactancia. 

Consciente de los obstáculos enfrentados por su comunidad para tener acceso a los servicios de salud en el área rural, doña Juana dedicó sus esfuerzos a compartir y aplicar sus conocimientos, salvando la vida de muchas madres gestantes. A sabiendas de que el entorno cultural y social de las comunidades más alejadas de los centros urbanos es profundamente hostil para las niñas, adolescentes y adultas, usualmente privadas de acceso a la educación y sujetas a la autoridad patriarcal, ella se convirtió en una activa defensora de las mujeres de su etnia, ya que los escasos recursos disponibles para gozar de servicios de salud adecuados en la mayoría de aldeas y caseríos indígenas representa una seria amenaza y es causa de muertes maternas evitables, una de las más elevadas en América Latina y el Caribe.

Es allí en donde el papel de las comadronas resulta esencial. Sin embargo y pese a la trascendencia de su papel en atención sanitaria para comunidades alejadas de los centros urbanos, han debido soportar innumerables obstáculos cuando entran en contacto con algunos de los centros de salud del sistema estatal al acompañar a sus pacientes, debido a la barrera cultural entre el personal ladino no suficientemente entrenado para comprender ciertos usos y costumbres -como la necesidad de las mujeres indígenas de mantener su traje típico durante el proceso del parto, hablarles en su idioma y respetar su intimidad- lo cual consideran opuesto a las normas establecidas.

En este ámbito trabajaba doña Juana y, por su liderazgo en el seno de su comunidad, se había convertido en una voz importante y una protagonista activa en los programas de desarrollo y en la defensa de los derechos de las mujeres ixiles. Quizá no habrá mayor repercusión pública de su importante labor humanitaria, quizá nunca se conozca en detalle la trayectoria de esta lideresa indígena por pertenecer a uno de los sectores más abandonados de la sociedad guatemalteca. Pero la recordarán con respeto y admiración quienes conocieron el alcance de su misión.

Cuatro balazos fueron suficientes para derribar a doña Juana Ramírez Santiago, fundadora de la Red de Mujeres Ixiles. Quizá los asesinos no sabían a quien eliminaban. Quizá solo recibían órdenes de otros, dedicados con furia a exterminar a toda voz disidente, a todo opositor de un régimen de represión política y social. Lo que sin duda ignoraban es que a doña Juana no lograron callarla porque su pensamiento y sus ideas desde hace tiempo echaron raíces en su comunidad, una de las más golpeadas por el exterminio y la represión durante el prolongado conflicto armado interno.

En Guatemala, ser activista en pro de los derechos humanos y por la protección del ambiente equivale a colocarse directo en el centro de la diana. Más de 20 líderes comunitarios han sido asesinados en lo que va del año y el escenario actual permite suponer que la represión contra este importante sector continuará mientras las instituciones garantes de la justicia no actúen de manera firme, tal y como lo manda la Constitución.

 

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Los juegos de la mente
Por Carolina Vásquez Araya


Los humanos poseemos un mecanismo de adaptación que nos salva o nos arruina.

No dejo de maravillarme cada vez que alguien intenta justificar el estatus actual en Guatemala, como si esperara la aparición de algún fenómeno mágico capaz de transformarlo y, de paso, responsabilizando a las víctimas por la imperdonable situación de marginación, hambre y discriminación en la cual viven: “es que se reproducen como conejos”, “es que el problema reside en la sobrepoblación”, “es que si se aplicara la pena de muerte esto cambiaría”, “es que las mujeres no educan a sus hijos”… Actitudes especialmente recurrentes en personas cuyo nivel de educación está por encima de la media, con posibilidades de incidir en cambios sustantivos de un sistema política y económicamente caduco, un sistema cuyo efecto más notable es la división de la sociedad entre unos pocos ricos muy ricos y una inmensa mayoría de pobres muy pobres.
Por lo general, estos comentarios carecen de un respaldo documental, más que esa ‘sensación’ de estar en lo cierto. En sentido contrario: lo documental, las investigaciones académicas, los avances en el estudio de los fenómenos sociales y económicos de las últimos décadas en Guatemala revelan otra cosa muy diferente y dejan al descubierto las enormes injusticias que padece más de las tres cuartas partes de la población. Adjudicar a las víctimas del sistema la culpa de la violencia, la desnutrición (“solo les dan tortillas a sus hijos, así cómo van a desarrollarse…”) y otras profundas carencias padecidas por los sectores más pobres, es un acto de infinita maldad e ignorancia.
En días recientes se han producido violentos desalojos y familias enteras han quedado a la intemperie sin alimentos, sin techo sobre sus cabezas, con niños y ancianos soportando el frío de la noche. Eso, para proteger los intereses de individuos y empresas cuyas fortunas han sido amasadas a la sombra de la corrupción y los privilegios. Este es solo un ejemplo de la injusticia, pero como este hay muchos: fuentes hídricas –ríos y lagos- impunemente contaminadas por desechos industriales; periodistas asesinados, amenazados o capturados por denunciar actos de corrupción de empresarios, autoridades y redes criminales; obras inconclusas y abandonadas; pactos legislativos cuyo objetivo es callar a la prensa, amordazar a la población y garantizar la impunidad por crímenes cuyas consecuencias, entre otras, es la muerte por desnutrición, los asesinatos de mujeres, la muerte materna y, por supuesto, la criminalización de las protestas ciudadanas.
Pero la mente juega de manera perversa con nuestro instinto de conservación, neutralizando el impacto de las agresiones para no experimentarlas con toda la fuerza de la conciencia. De este modo, las personas se refugian dentro de su ámbito más cercano, en su ilusión de inmunidad contra una realidad abrumadoramente poderosa y continúan en su quehacer cotidiano hasta que la violencia los alcanza. Y la violencia, hipotéticamente, los alcanzará; si no de manera directa, lo hará por medio de experiencias en su círculo familiar o laboral, a través del temor de caminar por las calles, detenerse ante un semáforo en rojo o ver aproximarse a un hombre en una motocicleta.
Si analizáramos con la mente muy atenta los alcances de la distorsión de nuestro sistema de vida y de valores, quizá veríamos cómo lo patológico se ha vuelto natural, cómo nos acomodamos para no confrontar una realidad dolorosa por injusta, por viciosa, por macabra. Cómo hemos adoptado a las redes sociales para hacer de ellas un instrumento de catarsis, tan estridente como ineficaz para incidir de manera seria y contundente en un estado de cosas rayanas en el surrealismo más extremo.

De nada sirve la protesta si no está articulada por una organización que le aporte consistencia.
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El dolor de escribir
Por Carolina Vásquez Araya

Escribir no es más un desafío intelectual. Es un reto moral que me deja exhausta.

Cada semana busco en el abrumador escenario del caos mundial ese tema crucial, esa parte de la realidad sobre la cual debería explorar conceptos, ideas, información relevante con el propósito de llegar a formar un texto suficientemente lúcido y veraz como para compartirlo. Es un parto difícil porque son muchos los monstruos que nos rodean a diario y nos colocan ante la disyuntiva de hincarles el diente o dejarlos pasar. Pero entonces surgen las dudas y las urgencias: ¿la invasión del imperio contra pueblos indefensos; el abuso del sistema económico o el creciente fenómeno de la búsqueda de justicia y libertad? Luego, pienso en cuán relevante es el papel que nos toca en este concierto desafinado de lo mediático, en donde se cruzan los intereses diversos de nuestras sociedades ante una ciudadanía carente de los recursos para separar la paja del grano porque le han enseñado a creer en lo que leen; a dudar de lo que ven y a aceptar el discurso de los poderosos porque de ahí, de esos círculos de un bien aceitado poder, depende su trabajo y, por ende, su supervivencia.


Por lo tanto, ese prurito que a veces nos hace creer en la pertinencia e importancia de nuestro pensamiento se diluye cual nube de verano al sacudir el ego y comprender, en toda su dimensión, el hecho irrebatible de que somos un elemento descartable en el juego de las grandes ligas. Un juego en donde predomina el discurso predeterminado, diseñado con el propósito de controlar la información, definir los temas prioritarios y acallar las voces independientes: ese molesto rumor de la conciencia ciudadana capaz de alterar el orden de un mundo a la medida. De ese modo, las grandes batallas como las emprendidas por la igualdad de género o el derecho al aborto, el respeto por la diversidad sexual o los derechos de los pueblos originarios, el cese de la esclavitud y de la destrucción del hábitat, pueden convertirse en un molesto -pero más o menos tolerado- ruido ambiental.


Escribir una columna de opinión es un ejercicio doloroso si la intención tras ese esfuerzo cotidiano reside en abrir una ventana a la reflexión. Al abordar un tema de actualidad y desmenuzarlo en un texto limitado por cantidad de caracteres es necesario tener muy claro el lugar que nos corresponde en este concierto: no conocemos más detalles que los permitidos; no lo sabemos todo; nuestras fuentes muchas veces tienen el agua turbia y la única herramienta confiable al alcance es nuestra fortaleza moral para elaborar un mensaje coherente, honesto y bien estructurado. Su difusión –amplia o limitada- es, finalmente, un asunto secundario.


¿Por qué esa urgencia de compartir nuestras preocupaciones ante un universo de lectores totalmente desconocido? ¿Qué nos impulsa a lanzar nuestro llamado de protesta por las aberraciones cometidas por los más poderosos contra grupos específicos y pueblos enteros alrededor del mundo pero también aquí, a nuestro lado, en nuestro entorno inmediato? ¿Es que acaso existe la posibilidad de incidir en el proceso de un cambio tan hipotético como remoto? Las inquietudes personales –porque al final de cuentas una escribe sobre sus propias batallas- van engrosando una lista interminable de actos impunes contra los cuales estrellamos las débiles lanzas de otro discurso, otra reflexión y, consecuentemente, otra frustración al comprobar cómo nuestro entorno sigue girando en la dirección equivocada. Esta digresión es solo eso: una pequeña revolución de las neuronas que todavía conservo, un vistazo breve a las dudas existenciales de esta columnista fiel.

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Deshojando la margarita



Por Carolina Vásquez Araya

Una de las mujeres más avanzadas de su tiempo: la escritora, ensayista y poeta Margarita Carrera nos lega una letra fuerte y comprometida.

Durante mi vida he tenido el privilegio de compartir con grandes mujeres, ilustradas intelectuales guatemaltecas cuyo aporte en la literatura, el arte o la ciencia representa a un sector social de enorme importancia para el desarrollo de este país. Entre ellas -por supuesto- Margarita Carrera, por quien sentí una inmediata afinidad. Desafiante y decidida a romper paradigmas, integró ese grupo de excelencia de las “primeras mujeres” al obtener su diploma como licenciada en Letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala, primero, y luego al ingresar a la Academia Guatemalteca de la Lengua dejando su impronta bien marcada en ese cerrado círculo de intelectuales.


Tal como figura en sus innumerables reseñas biográficas, Margarita destacó por su trabajo como ensayista y sus propuestas filosóficas marcaron una ruta de pensamiento que la llevó a producir un importante cuerpo de obras de gran trascendencia. Sin embargo, su interés por el destino de su patria marcó también una buena parte de sus letras, publicadas durante años a través de columnas de opinión en distintos periódicos nacionales. Su novela En la mirilla del jaguar,  biografía novelada de monseñor Juan Gerardi Conedera –asesinado dos días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más- constituyó una de sus obras más relevantes.


El acucioso recorrido por la vida y obra de este sacerdote, cuya dedicación en la defensa de los derechos humanos de la población indígena le colocó en una de las posiciones más prominentes durante el proceso de paz en Guatemala, pero también en una de las más vulnerables frente a sectores adversos, se transformó en una lectura obligada para todos los guatemaltecos tanto por su importancia histórica como por ilustrar de manera puntual la dimensión del conflicto social de esta era, sus antecedentes y sus repercusiones para el futuro de la nación.


Margarita Carrera no fue una mujer dócil ni se ajustó a los cánones de su tiempo. Esto queda reflejado con precisión en su novela autobiográfica Sumario del recuerdo, publicada en 2006. Cuando me entregó su libro autografiado, como solía hacer en un gesto de enorme generosidad, me dijo “léelo, te va a gustar”. Y no solo me gustó, también me llevó a conocer de un modo diferente a esta escritora de múltiples facetas. Su sentido del humor, la avidez con la cual sorbía la vida, su capacidad para retar a su mundo y lanzarse a las aventuras sin pedir permiso, fueron descritos allí con esa soltura de pluma reservada a quienes poseen el talento y la audacia para ver la vida con sus propios ojos.


Margarita hará falta en estas páginas, desde las cuales realizó grandes aportes en el debate de la vida nacional y en la discusión filosófica, saltando de una a otra de esas complejas plataformas con total autoridad. Hará falta, sobre todo, en la poesía de esta tierra de poetas. Margarita ha dejado un legado literario de lujo para un país cuya población todavía se debate en la pobreza, en la ausencia de políticas sociales, en obstáculos para garantizar la educación de la niñez y en un sistema hostil a los derechos humanos, todos temas abordados por ella. Margarita no estará para seguir desafiando al mundo desde su mente brillante, pero ha dejado abundante material para estudiar su pensamiento y trasladarlo hacia las nuevas generaciones. Su figura frágil, su largo cabello y su sempiterna sonrisa nos quedan en el recuerdo. Que descanse en paz.


gmail.com Margarita Carrera fue ejemplo de mujer de vanguardia y dejó una obra que lo demuestra.
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Una ventana hacia la nada

Por Carolina Vásquez Araya

 

Un proyecto vital para la niñez de Guatemala, carente de recursos y marginado por falta de interés.


 

Como una oportunidad para reducir la mortalidad materno-infantil se lanzó en 2013, con gran pompa, la Ventana de los Mil Días, iniciativa respaldada por organismos internacionales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades nutricionales de madres y sus bebés desde la etapa de gestación, porque “la desnutrición en niños menores de 2 años tiene efectos irreversibles en el desarrollo físico y mental, y atenta contra el futuro de una sociedad”, como acotó la doctora Guadalupe Verdejo, representante de OPS/OMS. Mucho ha pasado desde entonces y esa estrategia nunca prosperó.

La niñez guatemalteca es el último de los eslabones de la cadena. A ella llegan apenas los sobrantes del banquete y muchas veces ni siquiera eso. Como prioridad cero, tampoco los programas destinados a favorecerla experimentan una fiscalización estricta y, por ende, la desviación de los fondos destinados al desarrollo integral de la niñez pasa por debajo del radar.

Cuando se habla de corrupción se suele enfocar el objetivo en los detalles del saqueo sin poner el dedo en el problema central, que es la impunidad consecuente. Es decir, el pago por los delitos contra la integridad de las instituciones queda como una tarea pendiente mientras la ciudadanía gira su atención hacia otro escándalo y otro más, sucesivamente, perdiendo el hilo esencial de la acción de la justicia por los que ya hicieron titulares de portada.

De ese modo se van acumulando las deudas ante la ley, un nudo gordiano capaz de entorpecer durante décadas todo intento de avance en la labor de la justicia y la reparación de los daños cometidos contra la población, especialmente de menores recursos. Y así como sucede en el caso de este programa tan valioso para las nuevas generaciones, acontece con otros de mayor o menor impacto y queda en el imaginario social la idea de la imposibilidad de luchar contra la impunidad, porque ésta es ya parte de una subcultura imperante en todos los ámbitos.

El incumplimiento del programa de los Mil Días se podría catalogar como un crimen de lesa humanidad al condenar a un numeroso grupo de madres e hijos a una desnutrición forzada, privándoles de su derecho a lo que muy claramente les garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”

Por si quedara alguna duda, el Artículo 2º. insiste: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Muchos escándalos acaparan titulares. Innumerables casos de corrupción, algunos casi anecdóticos y otros de dimensiones grotescas mantienen en vilo la atención ciudadana. Sin embargo, la pérdida de capacidades físicas y mentales de miles de niñas y niños menores de 2 años ocasionada por falta de nutrientes y baja calidad de vida, queda únicamente señalada en estadísticas tan frías como insuficientes si se desea dimensionar el problema para ponerle un alto definitivo.

El país ha quedado señalado como uno de los más incumplidos en objetivos mundiales destinados al desarrollo integral de la persona. Sin embargo, no es únicamente por su incapacidad para ejecutar los fondos destinados a programas sociales, sino también porque los presupuestos fluyen hacia destinos ajenos y fuera de la vista pública. Detener el régimen de impunidad es tarea de todos, pero también lo es restaurar la confianza en las instituciones garantes del estado de Derecho.

 

La niñez ha sido prioridad de los gobernantes durante las campañas electorales, pero desde entonces, nunca más.

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La estrategia del hambre
Por Carolina Vásquez Araya

La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es natural ni justificable.

En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y proteger de ese modo un sistema comercial a la medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, no tiene justificación alguna.


En la realidad, el sistema político impuesto por un rígido marco de intereses corporativos no deja espacio a las indispensables acciones de los Estados orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. A partir de esos acuerdos solapados, resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las consecuencias de este desajuste en las prioridades de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces en la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes.


En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.


La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la inversión extranjera.


Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que si el futuro del planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están.  

Las decisiones políticas surgen en los despachos de las grandes multinacionales.

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El límite de la tolerancia



Por Carolina Vásquez Araya
    
Cuando la tensión excede los límites, la cuerda se rompe y todo regresa a cero.

Nada hay más perverso que el sistema en el cual se desarrolla la vida de los pueblos menos desarrollados. Las reglas, diseñadas por las potencias capitalistas para su propio beneficio, consisten en anular la voluntad popular, instalar gobiernos afines a sus planes y crear el ambiente propicio para mantener el poder mediante el temor y la sumisión. Curioso paralelo con las tácticas de dominio patriarcal y la aplicación de la violencia en el contexto social y familiar como mecanismo de control.
De acuerdo con las leyes de la dialéctica, la lucha de opuestos genera una crisis cuyo resultado es un nuevo estadio de la situación, para resolver el conflicto antes de iniciarse –como en cadena- otro estado de contradicción, otra crisis y otro paso hacia delante. Lo contrario sucede en nuestros pueblos: las crisis devienen en un clima de supresión de libertades y, por ende, se genera una reversión de las fuerzas, de modo que después de un estallido de protesta social lo usual es un silencio oprobioso y un estado insano de tolerancia al abuso de poder.


En la estructura social de nuestros países las clases tienden a diferenciarse con mayor énfasis; los sectores de mayores ingresos constituyen el fiel de la balanza y de ellos depende en gran medida hasta qué punto se aplicará presión sobre quienes controlan la política y la economía. Es decir, si la población urbana acomodada lo decide, se puede posponer de manera indefinida todo acto capaz de remecer el estatus. Las manifestaciones desde los estratos populares serán criminalizadas, anuladas y desvirtuadas por medio de la manipulación mediática y el recurso de la fuerza pública.


Países en donde un sector minoritario posee el control casi absoluto de la economía y la gestión legislativa no tienen oportunidades de desarrollo, porque en ellos no existe el recurso del diálogo ciudadano, la transparencia en la gestión pública ni una administración de justicia equitativa. Menos aún el respeto por los derechos humanos de las “minorías mayoritarias” como los sectores de mujeres; de niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes. Tampoco se da la apertura necesaria para gestar una fuerza de participación y oposición efectivas para la defensa de esos derechos, porque estos se oponen a los intereses de las élites.


Entonces no se puede decir que la tolerancia tiene un límite, sino más bien es preciso reconocer que la tolerancia tiene un punto de retroceso. Es en este punto en donde se produce el eterno retorno de los ideales y, como resultado de ello, la agonía de las democracias. Naciones divididas y confrontadas entre ricos y pobres, pueblos originarios y ladinos, rurales y urbanos, tienen pocas esperanzas de superar sus conflictos en un marco dialéctico saludable y propositivo. En cambio, son tragados por un vórtice de mayor pobreza y cada vez menores perspectivas de progreso.


Este escenario se repite una y otra vez, generando un ambiente insano de escepticismo ciudadano y empoderando más y más a quienes aprovechan la coyuntura para enriquecerse, para crear leyes clientelares, para consolidar sus redes de influencia y apoderarse de los Estados ante la mirada impotente de la sociedad. Para evitarlo solo existe el camino de la participación a costa de esa sensación de seguridad tan importante para las personas. Una seguridad ficticia, dependiente de la voluntad de otros y tan frágil como para tambalear ante cualquier golpe de timón. Una sensación de seguridad cuyos pilares se diluyen en el aire ante la sola amenaza de las dictaduras. Una seguridad falsa como falsa es la esperanza de cambio si no se está dispuesto a contribuir para generarlo.

La tolerancia y sus límites depende de cuán importante sea la sensación de seguridad personal.
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El derecho a la verdad
Por Carolina Vásquez Araya

Uno de los graves problemas en la sociedad es la institucionalización de la mentira.

El imperio de la justicia y el acceso a la información son de los temas más sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en cualquier país. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la ciudadanía para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una posición analítica e informada y participar activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.
Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso público. Esto sucede en países carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros históricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa información para evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro de las instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por quienes administran la política, la economía y la justicia de una nación.
Ayer 24 de marzo se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las víctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina.
Las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las persecuciones contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las políticas de tierra arrasada -con el propósito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son crímenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los círculos de poder bajo cuya protección de encuentran los perpetradores –dentro de las estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus políticas represivas.
América Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y dejan a las mayorías privada de derechos esenciales como la educación, salud y alimentación. En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.
El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la información pública y, especialmente, a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauración del estado de Derecho.

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En la recta final
Por Carolina Vásquez Araya

A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.
Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.
En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.
La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.
El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Zona de desastre
Por Carolina Vásquez Araya

En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.

Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.


Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.


Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.


El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.


En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.

Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.
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Chile, en blanco y negro
Por Carolina Vásquez Araya

Después de muchos años de rechazo al sistema, la olla de presión finalmente ha reventado.

El modelo chileno, tan admirado desde la distancia segura del ámbito mediático, finalmente ha topado la paciencia de la ciudadanía estallando en una ola de protestas expresada en manifestaciones pacíficas y cacerolazos, pero también en una serie de actos de vandalismo de extrema violencia. Difícil, a pocas horas de los acontecimientos, elaborar una hipótesis más o menos certera sobre la situación en la cual se encuentra el país sudamericano, después de una jornada que culminó con toque de queda y bajo control militar en dos de las ciudades más importantes por ser sedes de dos poderes del Estado, como son Santiago y Valparaíso.
El hecho de haberse iniciado las protestas como reacción ante el incremento del pasaje del Metro de Santiago –decisión que finalmente debió ser suspendida por el presidente Piñera- no significa en absoluto el fin del conflicto; esa medida desproporcionada contra una población que ha perdido capacidad económica de manera consistente durante décadas de gobiernos neoliberales, no fue más que la gota que derramó un vaso lleno de reclamos mucho más graves que esos 30 pesos de diferencia en la tarifa. Ni los gobiernos de la Concertación ni los de extrema derecha ejercidos por Sebastián Piñera han sido capaces de comprender en toda su dimensión la necesidad urgente de equilibrar sus políticas públicas, dando un espacio justo a las demandas ciudadanas.
No deja de ser significativo que los actos de mayor violencia se enfocaran precisamente en aquellas empresas sobre las cuales existen fuertes resquemores por ser símbolo de un sistema que margina a las mayorías: bancos, oficinas de las AFP, farmacias, supermercados, garitas de peaje y estaciones del Metro;  allí se enfocó la mayoría de hechos vandálicos, en muchos casos con destrucción total de su infraestructura, en distintas localidades del país. Por lo tanto, al parecer no se trató simplemente de una protesta por la tarifa de transporte de la capital, sino por los abusos sistemáticos de un sistema diseñado por y para el grupo económico más privilegiado, el cual deja al margen de los beneficios de la riqueza a las grandes mayorías, arrinconando con recursos legales a quienes exigen cambios de fondo.
El domingo, Chile amaneció con una fuerte resaca, pero las manifestaciones no terminaron del todo a pesar de la represión policial y la presencia del ejército en sus ciudades más importantes. A la ciudadanía no parece amedrentarla el fantasma de la dictadura ni las amenazas explícitas de las autoridades castrenses que han tomado el control. Son muchos años de reclamos y manifestaciones por el derecho a la salud y a la educación, por la eliminación de los privilegios corporativos, por la depredación sistemática de sus recursos naturales entregados a grupos empresariales, por la agresión sostenida contra el pueblo mapuche, por la privatización del agua y por la precariedad del empleo.
Las jornadas de protestas han puesto en evidencia la dura realidad de un país próspero en apariencia, pero debilitado profundamente por un sistema injusto y totalmente deshumanizado. Es el Chile en blanco y negro en donde se contrapone la imagen feliz de exportación con una realidad cada vez más precaria para la clase trabajadora, la cual vive en una deuda perpetua para poder sobrevivir, y para un amplio sector de la juventud cuyas perspectivas académicas y laborales resultan cada día más estrechas. El gobierno de Piñera, sin embargo, ha reaccionado con represión y, lejos de comprender la necesidad de diálogo y consenso, actúa contra la razón aplicando la fuerza: una falla estratégica tan profunda y extensa como la que cruza la geografía de ese hermoso país.

La ciudadanía chilena exige respuestas políticas, no represión militar.  
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Ese cuerpo no te pertenece

Por Carolina Vásquez Araya

 

La experiencia más dura para una niña es ser violada y no recibir justicia ni protección.


 

La niña es violada por su padre desde los 8 años. Cumplirá 12 y ahora teme que su hermanita menor sufra la misma suerte. Una amiga de su madre, quien conoce el caso, en lugar de denunciar reúne a su grupo de oración para pedir la intercesión divina, quizá pensando que al fin y al cabo se trata de un asunto privado en el cual nadie más que la propia familia tiene derecho de actuar. O quizá esta mujer de verdad cree en los milagros y entonces ese y todos los papás, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, médicos y vecinos recibirán la iluminación divina y dejarán de abusar a sus hijas, sobrinas, hermanas, primas, alumnas o hijas de sus feligreses. Esta historia no es invento mío, me la ha compartido un lector horrorizado por el destino de esas víctimas inocentes.

Los embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años no son producto de una violación aislada, sino por lo general se producen por abuso sexual reiterado. Su enorme incidencia ya no permite continuar en el engaño de considerarlos casos aislados, sino producto de una norma tácita de conducta del sistema patriarcal, entre cuyos postulados figura una especie de permiso de propiedad de los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esta actitud de desprecio viene desde el momento del nacimiento –el cual, además, en muchos casos genera frustración por ser niña y no varón ese nuevo miembro de la familia- y de manera automática esa nueva vida pasa a constituir parte del patrimonio, quedando sus derechos eliminados de la ecuación. Es de ese modo como una mayoría abrumadora de niñas termina en situación de marginación, utilizadas para labores domésticas, explotadas y discriminadas desde los primeros años de vida, en una posición de absoluta desigualdad.

Este “cuadro de costumbres” no es exclusivo de Guatemala ni de otros países de la región. El incesto y las violaciones sexuales perpetrados contra niñas desde sus primeros años de vida son algunas de las aberraciones cometidas de manera sostenida e impune dentro y fuera del seno familiar. Tampoco es una práctica propia de sectores pobres y con bajo nivel educativo, ya que estos delitos cruzan todos los grupos sociales sin distinción alguna. Si un día se rompieran los diques de esas mal llamada “privacidad” y hablaran las víctimas de incesto y violaciones durante sus años de niñez y adolescencia, estallaría un ensordecedor coro de voces.

Por supuesto, los violadores no atacan solo a sus hijas, también lo hacen con sus hijos desde muy temprana edad, indiferentes al daño físico y emocional provocado sobre ellos. Los resultados de esa violencia, pero sobre todo las consecuencias del silencio de quienes conocen los abusos y prefieren ignorarlos, representan una carga psicológica que durará toda la vida y tendrá impacto sobre cualquier relación futura de esos niños y niñas.

Mientras estos abusos suceden y se multiplican, los derechos de la niñez son ignorados por el Estado y por las instituciones cuyas responsabilidades tocan a este sector vulnerable de la población, como educación y salud. Las niñas embarazadas no solo no reciben una atención prioritaria, sino se las considera parte secundaria de la ecuación y se las obliga a mantener un embarazo por violencia y una maternidad no deseada, que acabará para siempre con sus esperanzas de desarrollo. Para ellas no solo no hay justicia, tampoco el respeto por su condición de niñas con derechos.

La ciudadanía tiene un papel protagónico en este escenario de enorme desigualdad por no denunciar los abusos, por encubrir el incesto –con lo cual lo propicia- y por evadir su responsabilidad en el ámbito de la protección integral de la niñez. Abstenerse de denunciar es participar de los crueles actos cometidos contra este sector tan desprotegido. Ya es hora de actuar.

 

Las niñas son desprotegidas desde la cuna y con el tiempo se convierten en un objeto a merced de quienes abusan de su integridad.

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Las debilidades del sistema


Por Carolina Vásquez Araya
   
La profunda miseria de los pueblos forma parte de un plan estratégico.

Solemos ver los acontecimientos como reflejos segmentados de un caleidoscopio; un juego de espejos que nos obliga a separar en trozos dispersos algo que  -visto en toda su dimensión- podría darnos una perspectiva más precisa del espeso caldo político en el cual están sumergidas nuestras naciones tercermundistas. Por ello, es preciso comprender que la pobreza es parte de un plan y los grandes estrategas saben muy bien que para conservar el control del hemisferio sur hay que aplicarlo sin concesiones ni medias tintas. Para ellos, los grandes conglomerados de seres humanos privados de medios de subsistencia son daños colaterales necesarios en esa cruzada por el enriquecimiento de los más ricos y el control de los recursos valiosos de nuestras naciones.


Para ello, cuentan con la complicidad graciosa de gobiernos hundidos en la más grosera y vil corrupción. Son sus peones –los más insignificantes- y precisamente por su carencia de valores, su desprecio por la ley y su ignorancia respecto de la historia de sus pueblos, estos peones son capaces de hundir a sus países más allá, incluso, de las intenciones de sus amos. En Centroamérica se puede observar con prístina claridad el entreguismo de gobiernos aliados con el mayor de sus enemigos: un remedo de sistema neoliberal extremo, cuyo efecto ha sido colapsar a sus instituciones y a sus economías aplastando toda oportunidad de desarrollo. Guatemala, Honduras y Nicaragua no pueden definirse por el color político de sus gobernantes –porque no hay ideología que justifique tanta miseria moral- sino por los hechos que los colocan entre los más represivos, violentos y corruptos del continente.


El caos institucional, las violaciones de los derechos humanos, el desprecio por el estado de Derecho y un estatus permanente de incertidumbre en el cual se debate una ciudadanía abandonada a su suerte, los han convertido en un ejemplo de lo que no debe ser. Sus estrategias de intimidación contra pueblos ya debilitados por el solo hecho de carecer de medios de subsistencia mínimos, funcionan como un freno a la acción ciudadana, mecanismo esencial de toda democracia. En este contexto viciado, los negocios más prósperos son los monopolios, el tráfico de seres humanos y de drogas, en ese orden.


La indiferencia de autoridades e instituciones por el destino de miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos sin dejar huella permite deducir la complicidad de sus instancias encargadas de la seguridad ciudadana. Así de podridas están las estructuras institucionales. A esto se añade un plan maestro de larga data, concertado con los sectores de poder económico para mantener a sus pueblos alejados de toda posibilidad de empoderamiento a través de una educación de calidad, acceso libre e ilimitado a la información y la garantía de un sistema de salud capaz de prevenir y evitar la desnutrición crónica que –solo en Guatemala- afecta a más de la mitad de la población infantil.


El cuadro no responde a un castigo divino ni a un infausto destino marcado por la rotación de los planetas. Es parte de un plan perverso pergeñado por mentes maquiavélicas con el único propósito de apoderarse de las riquezas de los países para acrecentar las arcas de un puñado de seres todopoderosos capaces de definir el destino de las naciones con la complicidad de títeres locales. Es, en otras palabras, el mapa de los deseos dibujado por un sistema económico voraz y carente de humanidad, ante el cual los pueblos empobrecidos son indefensos. A menos, claro, que sean capaces de elevarse por sobre sus diferencias para elegir, de entre toda la basura electoral, a sus mejores cuadros políticos. 
 
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El espejo de la reina mala


Por Carolina Vásquez Araya

Cuatro días o toda la vida para discutir políticas públicas con perspectiva de género.

En el contexto de la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género celebrada recientemente en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, desfilaron en una rica secuencia los testimonios, relatos de experiencias, propuestas de cambio y análisis de la situación de equidad en distintos países del continente ante un auditorio atento y participativo. Este encuentro fue auspiciado por la alcaldía de la ciudad anfitriona, ONU Mujeres, la Unión Iberoamericana de Municipalistas y otras organizaciones.


En estas cuatro jornadas fue posible apreciar el enorme interés de las mujeres de comunidades rurales e indígenas –y también de quienes desarrollan sus actividades en centros urbanos- de participar en las decisiones políticas de su entorno; pero, sobre todo, fue un evento muy ilustrativo sobre los grandes obstáculos opuestos por un sistema patriarcal cuya fuerza y permanencia trasciende en mucho las posibilidades reales de cambio en las estructuras de poder. Las conferencias magistrales incluidas en el programa de actividades tocaron temas fundamentales, como la búsqueda de soluciones para la consecución de estructuras administrativas igualitarias en gobiernos locales –alcaldías- en donde se genera una gran parte de los proyectos de desarrollo de los países y la construcción de ciudades seguras para niñas y mujeres.


Quedó explícita durante las exposiciones la fuerte hostilidad contra quienes propugnan por sistemas igualitarios. Persecuciones, atentados, prensa sesgada y descalificación por género fueron algunos de los fuertes testimonios compartidos por mujeres que han traspasado las fronteras marcadas por el sistema para incursionar en posiciones de poder político. Esto debe poner a las organizaciones de mujeres en alerta constante y obligarlas a cerrar las brechas ideológicas para consolidar frentes más resistentes en la lucha por los derechos a la participación en todas sus expresiones.


En su conferencia de cierre una de las expositoras más sobresalientes, la antropóloga Rita Segato, fue enfática al afirmar que la única vía posible para alcanzar los objetivos de igualdad en todos los ámbitos, es el derrocamiento del sistema patriarcal; un ejercicio de reconstrucción desde las bases mismas de la convivencia humana, un trabajo pendiente de redefinición de la masculinidad y de las relaciones entre sexos bajo la premisa de una correspondencia equilibrada del poder en todas sus dimensiones. En este sentido, Rita Segato usa con enorme dosis de humor la parábola del “espejo de la reina mala” del cuento. Un instrumento para mirarse a sí mismo y preguntarse “¿Qué he hecho mal? ¿Cómo me veo? ¿Quién soy?” y a partir de ahí deshilar una serie de interrogantes fundamentales para entender por qué pensamos y actuamos de una determinada manera.


Los cambios propuestos, sin embargo, requieren de una voluntad colectiva de reparación de las inequidades más evidentes y limitantes para el desarrollo pleno de las sociedades. No existen las recetas y tampoco los milagros. En esta ruta será preciso abolir paradigmas que establecen categorías en todos los órdenes de la vida, empezando por la formación de las nuevas generaciones en un plano de plena igualdad, ya que será en quienes al final de cuentas se va a depositar la mayor carga para la realización de ese paso indispensable desde un sistema excluyente hacia una forma de vida justa e igualitaria. La Cumbre de Género ha dejado más preguntas que respuestas, ha depositado dudas y urgencias en quienes asistimos. Se han sembrado las semillas y dependerá de un esfuerzo constante y bien estructurado la calidad de los frutos a cosechar.

Las mujeres líderes sufren persecuciones por amenazar el monopolio del poder.

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Lo que el tiempo no borra
Por Carolina Vásquez Araya

Los humanos ocupamos un espacio imposible de borrar con el olvido.

Se han cumplido ya ocho años desde el alevoso asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Cristina Siekavizza. Ocho años durante los cuales su familia no ha dejado de exigir justicia a pesar de que los “presuntos” responsables de su muerte poseen el poder de retorcer el curso de la justicia y pretenden eludir su acción mediante el compadrazgo dentro del sistema. Pero Cristina, como miles de mujeres y niñas asesinadas por hombres de su entorno familiar, permanece en el corazón y la mente de sus seres más queridos.
Ya son muchas las víctimas de la misoginia en Guatemala y el mundo. Castigadas por su sexo, vistas como presas accesibles al dominio masculino e impotentes ante las instituciones dominadas por un severo hetero patriarcado, en pleno siglo veintiuno todavía deben luchar por el derecho sobre su cuerpo, por ser escuchadas, por merecer crédito sobre sus denuncias de violencia, por el acceso a una equidad elusiva a lo largo de un camino sembrado de trampas que –como las minas de campo- les estallan en la cara cada vez que dan un paso al frente.
En Guatemala la justicia en casos de feminicidio depende de un sistema tradicionalmente machista. Quienes poseen los medios para eximir su responsabilidad por vidas humanas perdidas como resultado de sus delitos, celebran la existencia de un sistema legal permisivo y flexible, diseñado a su conveniencia para entorpecer los justos reclamos de las víctimas y de sus familiares. Por eso, quizá, no resulte tan incomprensible ese vergonzante 98 por ciento de impunidad en la resolución de casos dentro del sistema de administración de justicia y tampoco es una incongruencia la acción de jueces y magistrados amparando a criminales confesos pero cuyo estatus social y económico les garantiza la libertad.
Así como Cristina, muchas niñas y mujeres han perdido la vida o han desaparecido tragadas por las redes de trata sin esperanza alguna de ser objeto de investigación y de un proceso de justicia transparente y con visión de género. En este contexto de violencia y discriminación, los asesinatos perpetrados con extremada crueldad contra niñas y adolescentes ni siquiera llaman la atención de los medios de comunicación. Esto sucede, quizá, por su reiterada presencia en los reportes policíacos o porque la vida de las niñas y adolescentes –cuando no pertenecen a ciertos círculos sociales- no marcan pauta en el interés de sus agendas.
Es difícil comprender cómo, en países presuntamente democráticos y modernos, la vida y el desarrollo de la mitad de su población –el amplio sector de mujeres- dependa de la voluntad de la otra mitad en un sistema diseñado para someterla y obstaculizar cualquier iniciativa capaz de darle acceso a una vida libre de violencia. Es importante señalar que en el marco jurídico no existen leyes creadas para restringir el derecho de los hombres a su cuerpo, como existen con respecto de las mujeres al suyo. Esa evidente asimetría, establecida desde el sistema patriarcal y sin la intervención de una perspectiva femenina en las instancias de toma de decisiones, constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
El resultado de este sistema es una vida en constante riesgo para la población femenina y la perspectiva siempre presente de ser objeto de violencia sexual, física, económica y jurídica. El juicio contra el presunto asesino de Cristina es un símbolo que señala, por su excepcional visibilidad, la enorme deuda de la justicia con los miles de niñas y mujeres asesinadas en condiciones semejantes, pero cuyos casos siguen ocultos entre expedientes que nunca se abrieron.
 
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La maldición de Sísifo
Por Carolina Vásquez Araya

“…Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. (Camus)

Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde esta volvería a caer por su propio peso para que Sísifo nuevamente la cargara y así, repitiera su castigo hasta el infinito… Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas; como una maldición convertida en el leit motiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia (sin conocerla) en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo cuyas decisiones son inapelables.
Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una, y otra, y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar –si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio- las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. En un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional, una vez más la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción.
Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y cárteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y, de ese modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación –la televisión abierta a la cabeza- manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria.
En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse –como Sísifo- acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla, nuevamente, caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo y quizá con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala sumida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios.
La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder, es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo político, social y económico. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas. Además, de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla, firme y sólida en la cima de la montaña, para iniciar una nueva era.

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Diferencia de opinión



Por Carolina Vásquez Araya

La polarización de las sociedades constituye un obstáculo difícil de derribar.

El intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es, en esencia, un ejercicio saludable; pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir a las sociedades frente a determinados intereses económicos, sociales o políticos. La diferencia entre uno y otro suele residir en cuál acuerdo sobre un marco valórico serviría de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Es en esa dicotomía entre lo ético visto desde una perspectiva social y los intereses particulares, en donde reside la mayor conflictividad y desde donde surgen enfrentamientos derivados de la inevitable oposición de ideas.
Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.
Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.
En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.
Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.
De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

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Deconstruir y recrear: el arte de Dawi

 

Los salones del Museo Pumapungo en la bella ciudad de Cuenca, Ecuador, son el escenario más adecuado para exhibir la obra del pintor argentino Ariel Dawi.  Esto, no solo por la dimensión de sus cuadros, sino por la necesidad estética de observarlos desde la distancia y apreciarlos así, uno por uno, para luego aprehender la estricta unidad del conjunto.


El Azuay sufre -bajo el pincel y la paleta de Dawi- una metamorfosis estructural profunda. El artista no se ha conformado con absorber la belleza y plasmarla en sus lienzos. Él ha “deconstruido” sus formas y colores, los ha procesado desde una visión muy particular e íntima para luego volver a integrar los elementos y convertirlos en algo diferente pero totalmente reconocible, aun cuando lleva la impronta inconfundible de su estilo.   


Los experimentos cromáticos del artista argentino parecen tocar los extremos: De una fuerza rotunda en el color de El Paraíso en la otra esquina pasa a la sutileza onírica de un paraje húmedo y nublado, como en Mayo en Azuay.  Sus azules profundos –él se ha apoderado de los cielos y las aguas de Cuenca- contrastan con el brillo de los tejados rojos y la sequedad del páramo. Pero no se detiene ahí, también juega con la desintegración de las formas en un proceso de abstracción en donde, por ahí escondidos, se adivinan breves bosquejos de figuras animales y humanas.


El impacto visual de esta exposición le ofrece al espectador la excepcional oportunidad de re-ver el entorno que le rodea. Analizarlo desde los ojos de Dawi y apreciar la riqueza de sus colores, sus texturas y sus formas termina siendo parte del ejercicio estético al cual el pintor nos lleva de la mano, para abandonarnos frente a la experiencia individual y dejar el resto del trabajo a nuestra imaginación. Quizá por esto su propuesta estética resulta tan enriquecedora como generosa.

 

 

Carolina Vásquez Araya

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Tema de cierre y apertura
Por Carolina Vásquez Araya

Imposible cerrar el calendario con tantos casos no resueltos de niñas y niños desaparecidos.


Mientras hay quienes caen en la tentación de hacer su lista de objetivos personales para el nuevo año, el listado de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos durante 2017 continúa creciendo y los esfuerzos de búsqueda por parte de las autoridades resultan insuficientes para detener este gravísimo problema de seguridad. Pero no solo hay desapariciones, también asesinatos a mansalva a todo lo largo y ancho del territorio guatemalteco, como evidencia de un fallo sistémico del estamento político.
Cuesta creer en la indiferencia de quienes gobiernan este país ante una situación cuyas consecuencias se equiparan a las provocadas por una guerra declarada, en donde quienes caen por ataques armados son, en su mayoría, civiles inocentes. Estas muertes, acumuladas a lo largo de las semanas y los meses, van engrosando el expediente de los casos no resueltos y las familias de las víctimas ya saben que jamás tendrán el consuelo de ver la acción de una justicia pronta y expedita, como ha sido la sempiterna promesa incumplida de sus autoridades.
Pero esa indiferencia tiene un origen muy fácil de adivinar: es el desprecio por la ciudadanía, basado en el hecho de que detentar el poder político y económico del país equivale a poseer un cheque en blanco para hacer del Estado un proyecto de enriquecimiento personal sin obstáculo alguno. La riqueza nacional parece ser una fuente inagotable capaz de alimentar la voracidad de un equipo de gobierno tras otro, en perfecta sucesión. Los mecanismos adecuados para crear una ilusión de legalidad a esas maniobras han sido cuidadosamente diseñados por quienes los aprovechan.
Por eso no hay dinero para el desayuno escolar de millones de niñas, niños y adolescentes que asisten a las ruinosas escuelas públicas. Tampoco hay suficientes implementos de enseñanza porque, después de todo, esos niños y niñas -pobres por decisión de quienes acaparan el poder- están destinados a ser mano de obra barata y no conviene darles un nivel de educación que los transforme al cabo de unos años en ciudadanos críticos, empoderados políticamente y potenciales líderes sociales.
Entonces la fórmula está dada: una masa desinformada y aplastada por un sistema injusto y abusador, incapaz de defender sus derechos, resulta mucho más fácil de dominar que una ciudadanía educada y consciente del alcance de las leyes que deberían protegerla. En semejante plataforma el desarrollo de las organizaciones criminales creadas durante décadas de abuso político se consolidan y actúan a la luz del día extorsionando, asesinando, secuestrando y convirtiendo esta tierra promisoria en un vasto cementerio.
La niñez y la juventud de Guatemala ha sido obligada a emigrar para salvar su vida e intentar del modo más arriesgado e injusto construir un futuro mejor. Muchos mueren en el intento, otros son capturados por las redes de trata que, como una verdadera malla de pesca, atrapa a los más débiles y los esclaviza en todas las crueles variantes de la explotación. Quizá por ahí van algunos de los niños, niñas y adolescentes cuya desaparición aparece en los anuncios de la Alerta Alba-Keneth. Pero no son todos. Sin embargo, el silencio de las autoridades sobre este drama cotidiano revela con meridiana claridad cuánta importancia le dan a este segmento de la población pero, por encima de todo, deja en evidencia una actitud de “dejar hacer” al impedir con maniobras presupuestarias y políticas el fortalecimiento de las instituciones cuya naturaleza es la defensa de la niñez y de toda la población.   

Los frecuentes llamados por el aparecimiento de niñas, niños y adolescentes marcan el año.
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Las fronteras urbanas
Por Carolina Vásquez Araya

Más allá del pavimento, lejos de las luces y los grandes edificios, también existe nación.

La imagen muestra una escuelita rural perdida entre aldeas y caseríos, plantíos de maíz y laderas deforestadas, en donde la niñez recibe clases en medio del lodo (cuando llueve) o del intenso calor irradiado por la lámina que medio los cubre (cuando hay sol). Los materiales escolares disponibles para sus alumnos se reducen a lo mínimo, porque la pobreza no ofrece mucho más que un remedo de establecimiento educativo con tablas y bloques de cemento para apoyar los cuadernos, en donde a pesar de las carencias los niños se esfuerzan heroicamente por aprender los rudimentos de una enseñanza insuficiente.


La experiencia de millones de nuevos habitantes de nuestro continente suele estar marcada por el hambre y la indiferencia endémica de sus gobernantes, cuyo desempeño está condicionado por los grandes capitales. El marco de referencia para estos mandatarios encumbrados gracias a sistemas clientelares y corruptos se encuentra definido por los intereses de una clase empresarial inclemente y voraz, cuya visión de la infancia es la de un contingente de futuros nuevos trabajadores sometidos a explotación y sin recursos para tener acceso a una vida digna. Los pobres son pobres porque así les tocó, dicen algunos. Es la voluntad de Dios, dicen otros. Y lo predican en los templos para acallar pensamientos rebeldes, potencialmente peligrosos.


Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez son, entonces, algunas de las tácticas más productivas para blindar el sistema neoliberal diseñado ad hoc para los países subdesarrollados y proteger así la continuidad de los círculos de poder económico y político. Privar a las nuevas generaciones de acceso a la salud, a la alimentación y a la educación responde a planes bien estructurados de control social, tal como sucede con la invasión de doctrinas supuestamente religiosas cuyo papel fue cuidadosamente diseñado por la CIA en los albores de la Guerra Fría para aplastar, biblia en mano, toda amenaza de subversión.


Sin embargo, así como resulta conveniente abortar en su germen toda posibilidad de desarrollo intelectual y social de este enorme segmento poblacional conformado por niñas, niños y jóvenes, también es un arma de doble filo en países cuyos sistemas productivos jamás podrán trascender el marco agroexportador por falta de un recurso humano tecnológico, creativo, emprendedor y capaz de hacer ese salto indispensable hacia una economía del tamaño del siglo actual. El desafío planteado, entonces, es transformar el modelo desde sus raíces y rescatar las riquezas naturales, pero también el timón del desarrollo; y desempolvar los conceptos arcaicos coloniales para convertir a estos países-finca en auténticas naciones.


Uno de los motores esenciales para generar estabilidad social y construir nación es la distribución equitativa de la riqueza. Pero no solo hacia los centros urbanos –como suele plantearse desde los centros políticos- sino poner atención de manera muy puntual en aquellas áreas en donde nunca alumbra el sol del presupuesto de inversión pública. El potencial humano ignorado existente en áreas rurales marginales, en donde ni siquiera hay presencia de Estado –mucho menos de justicia- guarda en su interior un gran reservorio de talentos cuya participación activa podría transformar la realidad actual. Abrir caminos de progreso para la niñez y la juventud de esas regiones no es, por lo tanto, un acto de caridad, sino uno de la más elemental justicia.

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La amenaza de un pueblo educado
Por Carolina Vásquez Araya

Para evitar una fiscalización del quehacer público, se torpedea la nave del conocimiento.

La estrategia no puede ser más transparente: restar a la educación y abonar al ejército. Es decir, preparar las condiciones para la perfecta dictadura. En medio queda el juicio ciudadano, el cual a los grupos en el poder les sirve como tapiz para limpiarse la suela de los zapatos. En realidad, la calidad educativa en Guatemala ha experimentado los embates del más feroz sistema político-económico del que se tenga registro.


Los estudios de organismos internacionales y nacionales no pueden evitar poner en evidencia las deficiencias de este pilar fundamental para la calidad de vida y así aparecen los vergonzantes indicadores sobre baja escolaridad, abandono escolar, analfabetismo y pobres resultados en las pruebas del sector académico.


Como si la escasez de material didáctico moderno, así como los obstáculos para la preparación profesional de maestros y catedráticos no fuera suficiente, también está la infraestructura ruinosa de escuelas e institutos públicos, carentes de lo más elemental para realizar una jornada digna y productiva. Algunos carecen de pupitres, otros de servicios sanitarios y las niñas, niños y adolescentes que acuden a ellos son obligados a soportar los rigores del clima y las malas condiciones de sus establecimientos educativos.


Sumado a todo ello está la actitud adversa de muchos padres de familia a la educación de las niñas, a quienes por costumbre relegan a las labores domésticas o del campo, condenándolas de ese modo a un futuro de privaciones, maltrato, sumisión y escasez de oportunidades. Es decir, un contexto en el cual no tienen modo alguno de escapar a toda una vida de servidumbre. El sistema, si es que así puede llamarse a la carencia de principios, reduce las perspectivas de desarrollo de las nuevas generaciones, pero también las del país en su conjunto.


El sector educativo, empezando por su ministerio y pasando por sus sindicatos, ha sido un protagonista principal en todos los planes de gobierno. Sin embargo, su protagonismo se ha orientado hacia objetivos ajenos a brindar a la población estudiantil un sistema blindado contra las manipulaciones políticas y del sector económico. La educación sigue acatando instrucciones de entidades religiosas y de empresarios cuya idea de educación consiste en generar cuanta mano de obra barata sea posible, sin reparar en el daño que eso ocasiona a un sector tan importante como la niñez y la juventud, pero también al país en general.


Por el contrario, el pequeño segmento de altos ingresos goza de todos los privilegios por ser heredero de la cúpula económica gobernante y, aunque cuenta con acceso abierto a una educación de primer nivel, esta rara vez se refleja en una modernización del quehacer público y mucho menos en una humanización de sus políticas. Más bien queda plasmado en una mayor concentración de la riqueza y la consiguiente profundización del abismo que lo separa del resto de la población.


El desarrollo de un país es imposible sin un pueblo educado y consciente de la importancia de su participación en la vida pública. Para hacer esto posible, todo el esfuerzo del Estado se debe enfocar a proporcionar las condiciones ideales para dar acceso a las aulas a toda la población infantil sin excepción alguna; crear institutos técnicos y vocacionales para restar fuerza al poder del crimen organizado; romper el estereotipo sexista y trabajar a nivel de las familias para evitar la discriminación contra las niñas y, por último, elevar la calidad del profesorado ofreciendo capacitación y mejores salarios en el marco de una institucionalidad sólida y transparente.

La educación es la piedra fundacional de una sociedad desarrollada, equitativa y justa.
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Los genios perdidos
Por Carolina Vásquez Araya

Para ver brotar talentos como el de Yahaira Tubac es necesario cambiarlo todo.


La elección del presidente del organismo legislativo es un ejemplo ilustrativo de cómo en Guatemala no se premian el talento, la experiencia, la capacidad y la ética sino el poder del dinero. Claro como el agua. Al otro extremo está esa población obligada a buscar sus propias respuestas para salir del abandono y la miseria a la cual la condena un sistema depredador e injusto. Por allí, en la lejanía institucional de la Guatemala profunda –como gustaba decir alguien que ya olvidé- apareció esta niña prodigio, la pianista de 7 años Yahaira Tubac quien interpreta con una precisión asombrosa obras de Mozart y Beethoven. Yahaira fue gestada y criada con amor y educada con una sensibilidad excepcional a pesar de haber llegado a una familia de escasos recursos, alejada de los centros en donde se cuecen los privilegios. Es la prueba viva de cuán fácilmente perdemos la ruta del desarrollo cuando prevalecen, en las altas esferas, la negligencia y la ignorancia. Pero también retrata cómo un mínimo acceso a las artes universales puede transformar la vida y el destino de un ser humano, a cualquier edad.


Esas altas esferas, no por altas calificadas ni capaces, deciden el destino de la niñez de este país marcado por las carencias. Desde los despachos oficiales se recortan y reparten los dineros pertenecientes a la población. Se decide, por ejemplo, cuáles asignaturas formarán parte del pensum escolar y a cuáles condenarán a la pobreza. Estas políticas educativas, sin embargo, han sido la marca de identidad desde hace mucho y se reflejan no solo en la infraestructura miserable de las escuelas a nivel nacional, también en el desprecio por la cultura y el arte expresado de todas las maneras posibles por las clases política y económica.


Las razones sobran: las nuevas generaciones ya vienen con un código de barras en el ombligo destinadas, no a sobresalir en el mundo gracias a sus distintos talentos, sino a servir a las clases dominantes como mano de obra barata, muy barata, no vaya a ser que el país pierda competitividad. Y las niñas, niños y adolescentes pasan por un rasero castrador de genios, emparejador hacia abajo para evitar la terrible amenaza de los liderazgos comunitarios. Eso, considerado una especie de política pública pergeñada en alguna oficina ministerial, y no necesariamente con una visión de futuro, sino con una instrucción de más arriba para no perder la perspectiva de la línea trazada por los centros de poder económico.


¿Cuántas Yahairas podría tener Guatemala si desde mucho antes de nacer ya tuvieran un lugar protegido y enriquecedor en el cual crecer y desarrollarse? ¿Es que acaso somos tan escépticos que dudamos hasta de la posibilidad de ver surgir decenas de niños prodigio llenos de potencial? Triste cosa es una sociedad que no crea en sí misma hasta el punto de aceptar los tijeretazos oficiales a la educación de sus descendientes, quizá creyendo en las buenas intenciones de sus gobernantes. Más triste aún es resignarse a la respuesta obligatoria -“no hay presupuesto”- a sabiendas de su falsedad.


A la niñez se le ha negado todo y las consecuencias son devastadoras: reducción de la talla y el peso, desnutrición crónica, pérdida de capacidades intelectuales, muerte temprana y alta vulnerabilidad a enfermedades prevenibles. Por encima de ese castigo, la violencia física, sexual y psicológica a la cual los enfrenta un sistema inclemente con la población más pobre, condenándola a luchar desde cualquier trinchera para sobrevivir.
Como Yahaira, también la cantante kaqchiquel Sara Curruchich demuestra cuán posible es vencer las barreras para proyectarse al mundo como un ejemplo de talento y cultura, a pesar de los pesares.



Los obstáculos al surgimiento de talentos excepcionales tiene origen en políticas discriminatorias y racistas.
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Sophos lanza su nuevo servicio de gestión y respuesta ante amenazas

La nueva oferta de búsqueda, detección y respuesta de amenazas está impulsada por Machine Learning y análisis de expertos para neutralizar las amenazas de ciberseguridad más avanzadas

Guatemala, 8 de octubre de 2019.  – Sophos (LSE: SOPH), líder mundial en seguridad de redes y terminales, anunció el lanzamiento de Sophos Managed Threat Response (MTR), un servicio de administración integral de búsqueda, detección y respuesta ante amenazas. Este servicio de reventa proporciona a las organizaciones un servicio dedicado de seguridad 24/7 para neutralizar las amenazas más sofisticadas y complejas.

Esta clase de amenazas incluyen atacantes activos, los cuales aprovechan ataques sin archivos y herramientas de administrador como PowerShell para escalar privilegios, filtrar datos y difundirlos lateralmente -como se explica en el artículo de SophosLabs Uncut sobre el malware Lemon_Duck PowerShell-. Atentados como estos son difíciles de detectar, ya que involucran un adversario activo que utiliza herramientas legítimas para fines perjudiciales, por lo que el Managed Threat Response elimina esta amenaza por completo.

“Los delincuentes cibernéticos están adaptando sus métodos y lanzando cada vez más ataques híbridos, los cuales combinan la automatización con el ingenio humano interactivo para evadir con mayor efectividad su detección. Una vez que logran establecerse, emplean técnicas ‘living off the land’ y otros métodos engañosos que requieren la interacción humana para descubrir e interrumpir sus ataques", señaló Joe Levy, director de Tecnología de Sophos. “En su mayoría, otros servicios de MDR simplemente notifican a los clientes sobre posibles amenazas y luego los dejan solos para gestionar este problema. Sophos MTR no solo mejora los equipos con inteligencia adicional sobre amenazas, experiencia incomparable en productos y cobertura ininterrumpida, sino que también brinda a sus clientes la opción de tener un equipo altamente capacitado que tome medidas específicas para neutralizar amenazas, incluso las más sofisticadas".

Basado en Intercept X Advanced con detección y respuesta de punto final (EDR), Sophos MTR fusiona machine learning con análisis de expertos para mejorar la detección y eliminación de amenazas, además de realizar una investigación más profunda de alertas y acciones específicas. Estas capacidades innovadoras se basan en la adquisición de Sophos de la tecnología de Rook Security y DarkBytes, la cual además incluye:

?    Búsqueda de amenazas dirigida por expertos: Sophos MTR anticipa el comportamiento de atacantes e identifica nuevos indicios de peligros. Sophos busca y valida de manera proactiva incidentes potenciales e investiga eventos casuales y adyacentes para descubrir nuevas amenazas que antes no podían detectarse.
?    Detección de adversidad avanzada: Sophos MTR utiliza técnicas de investigación comprobadas para diferenciar el comportamiento legítimo de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los atacantes. Junto con la telemetría mejorada de Sophos Central, que proporciona una imagen detallada y completa de las actividades adversas como parte del servicio, se puede determinar el alcance y la gravedad de las amenazas para una respuesta rápida.
?    Respuesta humana acelerada por máquina: un equipo altamente capacitado de expertos de clase mundial genera y aplica inteligencia para detectar amenazas, y toma medidas para interrumpir, contener y neutralizar ataques de forma remota con rapidez y precisión.
?    Descubrimiento de activos y orientación prescriptiva del estado de la seguridad: Sophos MTR proporciona información valiosa sobre activos administrados y no administrados, vulnerabilidades para evaluaciones de impacto mejor informadas y threat hunting. Además, la orientación prescriptiva y procesable para abordar debilidades de configuración y arquitectura permite a las organizaciones mejorar de manera proactiva su posición de seguridad con defensas reforzadas.

Sophos MTR puede personalizarse con diferentes niveles de servicio y modos de respuesta, esto para satisfacer las necesidades únicas y cambiantes de organizaciones de todos los tamaños y niveles de madurez. A diferencia de muchos servicios MDR que se centran en el monitoreo y la notificación de amenazas, Sophos MTR escala rápidamente y toma medidas contra las amenazas en función de las preferencias de cada organización.

Sophos MTR ya se encuentra disponible a través de socios registrados de Sophos en todo el mundo. Obtenga más noticias de Sophos y visite Sophos.com para obtener información adicional.


Lo que dicen nuestros socios y analistas de la industria:
"Las empresas enfrentan ataques sofisticados desde todas las direcciones, por lo que es absolutamente crítico que no solo puedan detectar amenazas, sino que también respondan a ellas rápidamente", dijo Aaron Sherrill, analista Senior de Seguridad de Información en 451 Research. “Muchos proveedores afirman que ofrecen capacidades de respuesta, pero en realidad, pocos toman las medidas necesarias para eliminar las amenazas como parte de sus ofertas de detección y respuesta administradas (MDR). Sophos MTR combina la consistente protección de punto final, con la experiencia humana y la inteligencia sobre recopilación de amenazas de SophosLabs para crear una oferta completamente nueva que satisfaga una creciente necesidad del mercado".

"La única forma de protegerse contra las amenazas avanzadas de hoy es combinar las mejores herramientas con las mentes humanas más brillantes", dijo Jeremy Weiss, líder de Práctica de Seguridad Cibernética en CDW. “Sophos Managed Threat Response es un parteaguas en el mercado, ya que combina el aprendizaje automático con el análisis humano para obtener un enfoque evolucionado para la protección proactiva de seguridad. Esta oferta personalizable fortalece nuestras capacidades de búsqueda de amenazas existentes y nos ayuda a proteger mejor a nuestros clientes".

"El cibercrimen no duerme, por eso, las organizaciones necesitan protección las 24 horas", dijo Ken Hamilton, presidente y CEO de Total Tech International Inc. "Con Sophos Managed Threat Response, los clientes de Total Tech pueden estar seguros que están cubiertos, incluso durante el segundo y tercer turno que son notoriamente difíciles de cubrir. Las recomendaciones del estado de seguridad brindan un enorme valor adicional, ya que nos permite tomar medidas inmediatas para mejorar nuestras defensas”.



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Sobre Sophos
Como líder mundial en seguridad cibernética de próxima generación, Sophos protege a casi 400 mil organizaciones de todos los tamaños en más de 150 países de las amenazas cibernéticas más avanzadas de la actualidad. Desarrollado por SophosLabs -un equipo global de Threat Intelligence y Data Science- las soluciones nativas de la nube y mejoradas por IA de Sophos, aseguran protección en puntos finales (computadoras portátiles, servidores y dispositivos móviles) y redes contra tácticas y técnicas cibercriminales en evolución, incluidas las filtraciones de adversarios activos y automáticos, ransomware, malware, exploits, exfiltración de datos, phishing y más. La galardonada plataforma basada en la nube de Sophos Central integra toda la cartera de productos de Sophos, desde la solución de punto final, Intercept X, hasta el Firewall XG, en un único sistema llamado Seguridad Sincronizada. Los productos de Sophos están disponibles exclusivamente a través de un canal global de más de 47 mil socios y proveedores de servicios gestionados (MSP).
Sophos también pone a disposición de los consumidores sus innovadoras tecnologías comerciales a través de Sophos Home. La compañía tiene su sede en Oxford, Reino Unido, y cotiza en la Bolsa de Londres bajo el símbolo "SOPH". Más información está disponible en www.sophos.com


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Niñez: ¿Costo u oportunidad?


Por Carolina Vásquez Araya

Sin una niñez bien alimentada, tarde o temprano todos sufrirán hambre.

La niñez y la juventud representan la renovación indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores, tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo sin incidencia alguna en los programas políticos.
En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no productivos” y la eliminación de materias del pensum escolar por “no ser relevantes” como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer una ciudadanía fuerte y responsable.
Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de recursos –la abrumadora mayoría- es sometida a enfrentar las peores condiciones para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.
Es evidente la intención detrás de esta “no-política educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el resto de la región.
El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus integrantes.
Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación; un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.   

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Sólida como el diamante
Por Carolina Vásquez Araya

Se requiere fortaleza para resistir con dignidad el aberrante sistema patriarcal.

Ya basta de utilizar la supuesta fragilidad de las mujeres como arma psicológica de dominación, para apoderarse no solo de su cuerpo sino también de sus decisiones, porque la historia no puede ser más ilustrativa de su enorme fortaleza ante el ataque sistemático contra sus derechos. Las mujeres de todas latitudes han sido botín de guerra, objeto de abuso sexual, laboral y jurídico, han sido vasallas de un patriarcado impuesto a la fuerza para doblegar sus intentos de independencia. Como cualquier sistema dictatorial: solo que mucho más sutil, mucho más solapado.
Ya basta de “enseñarle” cuáles son las fronteras de su libertad. Desde la más tierna infancia se le marcan los límites y construyen los muros de un encierro virtual en donde el comportamiento se ha de ajustar a las exigencias del patriarcado. La niña ha de ser modesta, obediente, sumisa hasta el extremo de la esclavitud y esos supuestos dones se le presentan como los atributos ideales de su sexo. Luego vendrán -por añadidura- el silencio y la resignación, disfrazadas de virtudes santificadas por textos ancestrales escritos por hombres convencidos de la inferioridad de su sexo.
Ya basta de humillarla al invadir su espacio personal como si el cuerpo de una mujer fuera un objeto diseñado para el placer de los hombres. Ya basta de abusar de su paciencia ante la discriminación en el trabajo, en la escuela, en los círculos académicos, en donde se le niega el derecho de expresión y un lugar entre los mejores, aún siendo la mejor. Ya basta de propagar estereotipos para rebajar sus virtudes espirituales para etiquetarla como un frágil y débil ser ávido de protección masculina. La historia de millones de mujeres es evidencia de cuán fuerte y cuán sólido es su espíritu de lucha ante las adversidades creadas para someterla.
Ya basta de asesinarlas como mecanismo de intimidación y control. La mujer no pertenece a un hombre, no es parte de su patrimonio ni debe ser considerada un ser dependiente en un sistema jurídico creado para dominarla. Toda ley, todo reglamento, toda norma cuya naturaleza atente contra la libertad y la igualdad entre los sexos, debe ser eliminada por ser injusta y perversa. Garantizar el derecho de la mujer sobre las decisiones que afectan su vida es un acto de justicia largamente postergado, así como las reparaciones por violar su integridad desde posiciones de poder, una antigua costumbre tolerada por un sistema de valores arcaico cuya vigencia es un atentado contra la moral y la ética.
Ya basta de imponerle desde el poder político el marco restrictivo de una doctrina religiosa. Es una violación flagrante de la ley vigente en la abrumadora mayoría de países democráticos, signatarios de tratados y convenciones sobre el respeto a las libertades ciudadanas. Ya basta de recitarle versículos para convertirla en un ente sumiso ante la voluntad patriarcal, porque el patriarcado no es más que un sistema destinado a extinguirse por injusto, violatorio de los derechos de las mayorías en todos los campos: sexual, económico y social.
Ya basta de negarle acceso a la educación con la excusa de haber sido creada para servir desde el ámbito doméstico. Las evidencias de su capacidad creadora, de sus dones intelectuales y artísticos, de su naturaleza sólida ante los desafíos de la vida, constituyen la prueba más contundente de que la mujer, en espacios de decisión, constituye un factor determinante para garantizar el desarrollo correcto y equilibrado de cualquier sociedad. Toda política en contra de sus derechos impone un absurdo freno al avance de un país. ¡Ya basta!

La fortaleza de la mujer no necesita más demostración que un repaso por la Historia.
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Guatemala: Un país secuestrado
Por Carolina Vásquez Araya

Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel...

El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor  de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).  Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.


Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de su misión original.


Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.


Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.


El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.

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El rostro de un país abandonado
Por Carolina Vásquez Araya

Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.
Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.
Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.
El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.
Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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La bancarrota democrática


Por Carolina Vásquez Araya

Los recursos del sistema democrático no parecen ser suficientes para impedir su colapso.

Si algo quedó claro durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, es la bancarrota moral del sistema político en la mayoría de países latinoamericanos. Con democracias débiles –algunas a punto de desaparecer bajo los incesantes embates de la corrupción- y escasas perspectivas de recuperación, los gobernantes dejaron patente su incapacidad para cumplir con los objetivos planteados desde hace casi dos décadas para reducir la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la falta de educación y otros parámetros que marcan el profundo subdesarrollo de nuestros países.


Los discursos de la Cumbre no se diferenciaron gran cosa de aquellos elaborados para otros encuentros, otras cumbres, otras asambleas; excepto, quizá, por el énfasis en las crisis migratorias. Pero los problemas fundamentales continúan hundiendo a los pueblos mientras sus líderes enfocan sus esfuerzos en librarse de investigaciones de corrupción y blindar sus fortunas mal habidas con los recursos que les ofrece un sistema diseñado para ello, arrasando con marcos jurídicos y buscando escondrijos legales.


A la par de la bancarrota moral que todo eso implica, las huestes políticas han creado las condiciones ideales para una bancarrota democrática que les daría el espacio y el poder para actuar a su antojo en las décadas por venir. Los acosos a la prensa independiente son apenas uno de los pasos mediante los cuales buscan cercenar la participación ciudadana y su posible incidencia en decisiones de Estado. Todo indica un intento de crear las condiciones para conseguir el aval ciudadano en la consolidación de regímenes dictatoriales, con el manido argumento de reducir la violencia.


Los participantes en la Cumbre –en especial quienes gobiernan los países menos desarrollados- han gozado de los beneficios del poder para consolidar sus privilegios, pero han abandonado sus promesas de cambios sustanciales para favorecer al resto de la población. Esto, porque esas promesas nunca fueron pronunciadas con otra intención más que apoderarse de espacios privilegiados desde los cuales, y con el entusiasta concurso de sectores de poder económico, es posible amasar fortunas obscenas sin pagar las consecuencias.


El tráfico de influencias y la impunidad fueron el sello de identidad de algunos presidentes presentes en la Cumbre. Con un descaro insolente se presentaron como víctimas de oscuras conspiraciones, como líderes contra la corrupción y piadosos ejemplares de pureza espiritual. En la realidad han condenado a sus pueblos a la miseria extrema, a la muerte por falta de atención sanitaria por el colapso de los hospitales públicos, a la ignorancia por el colapso del sistema educativo, a la violencia y la muerte por las debilidades injustificables del sistema de investigación y justicia.


Estos magnos eventos solo sirven, al final de cuentas, para ofender a los pueblos marginados, conscientes de su impotencia frente a los círculos de poder. Las abundantes falsedades derrochadas en discursos sobre-elaborados quedarán impresas en los informes finales y, al formar parte de documentos históricos, les restarán toda legitimidad. La verdad es otra: está en los indicadores de desarrollo humano cuyos números indican con meridiana claridad el retroceso en la lucha contra el hambre, en la mortalidad materna, en la asistencia a las escuelas, en el trabajo infantil, en las violaciones sexuales, en las ejecuciones extra judiciales y en los juicios manipulados para cubrir los actos de corrupción. Ese es el verdadero contenido del discurso que jamás se pronuncia.

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Los agujeros negros



Por Carolina Vásquez Araya

Nada tan letal para una democracia como la concentración del poder político.


Cuando se menciona al sistema –cualquiera sea este- como fuente fundamental del fallo de un proceso de gestión gubernamental, se deja de lado algo tan esencial como la participación de la ciudadanía en su papel de objeto. Es decir, ya sea una dictadura o una democracia, siempre existe un objetivo hacia el cual se dirige el discurso, la propuesta o el acto represivo; ese objetivo tendrá un papel en el devenir de los acontecimientos y de él dependerá cuánto poder va a conceder a sus gobernantes.


A partir de esa premisa se puede afirmar que al debilitarse el protagonismo de la ciudadanía en un marco democrático y perderse el balance del poder, las fuerzas contrarias al sistema van a construir rápidamente un reducto desde el cual van echando anclas en cada una de las instancias capaces de blindar su hegemonía, legal e institucionalmente. Es un juego de vasos comunicantes, cuando uno se vacía se llena el opuesto y si este logra bloquear la reversión, todo el sistema está cooptado.
Mientras tanto, el debilitamiento del poder ciudadano se comienza a consolidar con la pérdida paulatina de los mecanismos diseñados para la protección de sus derechos. El estado de Derecho deja de funcionar mucho antes de que la ciudadanía se haya percatado de ello, dado que el trabajo de socavamiento de sus instituciones es y ha sido siempre una de las más eficientes y solapadas formas de revertir un proceso de democratización, por lo general inconveniente para los intereses de quienes detentan los poderes económico y político.


Estas estrategias han funcionado una y otra vez en la mayoría de países latinoamericanos, siempre de la mano del gobierno estadounidense, gracias a cuya influencia y políticas intervencionistas se han cerrado las compuertas al poder de la ciudadanía para entregárselo en bandeja de oro a los grupos hegemónicos. Así, las ilusiones de desarrollo de los pueblos se pierden en auténticos agujeros negros de los cuales nunca se logran recuperar, al igual como se pierden sus esperanzas de convertirse en naciones verdaderamente independientes.


Estos agujeros negros no parecen tener fin, absorben y aniquilan con una fuerza descomunal todo esfuerzo ciudadano por recuperar esa cuota de poder indispensable para hacer contrapeso a quienes convierten el gobierno en una feria de oportunidades para las élites. El peligro reside en el tiempo: mientras este transcurre, el contra-sistema se consolida y se pierden uno tras otro los derechos hasta caer todo en una dictadura no declarada, pero tolerada por la mayoría.


América Latina está experimentando los embates de la ola antidemocrática como una premonición del regreso a los años fieros de las dictaduras militares patrocinadas por Estados Unidos. Con la complicidad de sus cadenas noticiosas y los medios locales trabajando del lado de las oligarquías, es para los pueblos prácticamente imposible obtener información confiable sobre lo que sucede a sus espaldas y, por ende, está medio ciego. El paquete es perfecto y la ola avanza por todo el continente eliminando movimientos ciudadanos y liderazgos comunitarios, por ser estos pequeños focos de protesta una piedra en los zapatos de los dueños del poder.


Quizá sea importante echar una mirada alrededor y ver cómo el plan funciona más allá de las fronteras. El truco jamás falla: consiste en alimentar a los caciques locales, quienes se prestan obsequiosos a vender a sus países con tal de mantener sus privilegios. ¿Por qué habría de cambiarse el modelo de dominación cuando resulta tan fácil de ejecutar?

La estrategia es mantener a la ciudadanía alejada de los centros de poder, ajena a sus intenciones.
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Rosa María y muchas más
Por Carolina Vásquez Araya

Ser niña en Guatemala puede ser la peor de las desgracias: te puede costar la vida.

He visto desfilar nombres de niñas y adolescentes violadas, embarazadas, muertas durante el parto, desaparecidas o víctimas inocentes de una orgía de alcohol y sangre protagonizada por hombres de su entorno, su comunidad, su hogar; esos ámbitos en donde se supone deberían ser protegidas y amadas. Muchas niñas de Guatemala vienen sin garantía de supervivencia; ellas, las más vulnerables de la cadena humana, están sujetas a la voluntad de quienes las rodean y no se les reconoce derecho alguno. Casadas a la fuerza, violadas por quienes están supuestos a ser sus aliados y protectores; y destinadas desde la niñez a los más duros trabajos domésticos y del campo, millones de niñas enfrentan un destino en cuya ruta pierden incluso su identidad.
Cuando leí con horror lo sucedido con Rosa María Saquic Lares, una niña de apenas 12 años secuestrada por 4 hombres adultos de su comunidad durante una fiesta de la aldea, torturada hasta la muerte y abandonada en pedazos en un paraje cercano, vi hasta dónde es capaz de llegar la crueldad y el sadismo cuando en un país se ha perdido la decencia y la humanidad. Este, lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas niñas han sido violadas y sometidas a ritos de sangre con la finalidad de enviar un mensaje de poder entre grupos criminales, o quemadas –como las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- para acallar sus protestas y evitar sus denuncias de maltrato dentro de esa institución del Estado.
Pienso en mi hija cuando tenía 12 años y me cuesta creer cómo, a un ser que recién empieza a asomarse a la vida, le pueden arrebatar los sueños con ese salvajismo. Rosa María estaba en la fiesta de su pueblo, una de entre las pocas ocasiones festivas a las cuales acuden las familias. Acompañada por su padre y su hermana de 14 años, se negó a bailar con los hombres que las acosaron y ese gesto de libertad le costó la vida. Cinco días tardaron en encontrar sus restos, desperdigados por el campo.
Guatemala ha llegado al límite y este es tan solo un ejemplo de la pérdida de valores y de sensibilidad humana, herencia de una historia de terror que no termina. Los niveles de femicidio, desnutrición y pobreza extrema son apenas una muestra de la violencia indetenible en la cual se desarrolla la vida de sus habitantes, regidos por una cúpula de poder corrupta cuya fortaleza se basa en sus vínculos con el crimen organizado y la influencia de un sector ultra poderoso de empresarios cuyo único objetivo es continuar al mando del quehacer político.
El asesinato con saña de Rosa María quizá sea investigado, quizá no. Las instituciones encargadas de seguridad y justicia se encuentran más enfocadas en los enredos políticos de un pacto de corruptos, cuyos intereses predominan sobre el escenario nacional, que de los innumerables hechos delictivos cuya abundancia e impunidad garantizada constituyen una pesadilla permanente para la población guatemalteca.
El tan mentado estado de Derecho, las supuestas garantías constitucionales, los constantemente trasgredidos derechos humanos y el sistema jurídico -cuya flexibilidad parece amparar únicamente a quienes lo violan- se han convertido en el sello de identidad de un país a la deriva, timoneado por un mandatario inepto quien, rodeado de un círculo de confianza indiferente al mandato constitucional, ha llevado a Guatemala a convertirse en un paradigma mundial de lo que un Estado no debe ser. En semejante escenario, la pequeña Rosa María Saquic Larios pasará a integrar la ominosa lista de los numerosos crímenes contra la niñez guatemalteca, esos que por supuesto no figuran en la agenda nacional.
 
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La cobija de la impunidad

Por Carolina Vásquez Araya

 

Guatemala vive uno de los momentos más críticos de su historia.

 

La democracia es como el amor: para conservarla es preciso trabajar por ella, consolidarla a diario en el respeto por las leyes y los derechos de los otros, participar como ciudadanos y cultivar ideales comunes en la búsqueda de la igualdad, con tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso dentro de un ambiente de paz y armonía. Lindas palabras cuya realidad suele ser incompatible con la naturaleza humana, más inclinada al abuso de poder, a la codicia y a la búsqueda de satisfacción individual. Este cuadro, el cual se repite una y otra vez en países como los nuestros, ha causado una debilidad endémica a lo largo de la historia, en parte por la injerencia de potencias industriales cuyas acciones directas e indirectas nos han transformado –en mayor o menor grado- en repúblicas bananeras, pero también por la impotencia ciudadana.

Durante el fin de semana, Guatemala se ha convertido en el ejemplo más representativo de esta triste definición. Un gobierno bajo la influencia de una casta de empresarios cuyo dudoso mérito reside en haber conseguido montar todo un sistema de privilegios, tan efectivo como para haber perdurado por siglos y para continuar engañando a los ilusos, quienes creen en su aporte a la economía y al desarrollo. Sumado a ello, un ejército en cuyo papel de guardián de esta casta de privilegiados ha perdido todo contacto con su verdadera misión y una clase política cuyo mayor interés es blindarse contra la acción de la justicia para hacer de los bienes nacionales su caja chica.

Cuando por obra de algún milagroso fenómeno de la naturaleza se logró crear un organismo de investigación y apoyo a la justicia (Cicig) para perseguir los delitos cometidos por las organizaciones criminales insertas en el Estado, se podía augurar una apertura en esa cobija espesa de la impunidad institucionalizada. Por ese esfuerzo se logró avanzar en importantes casos de alto impacto, llevando a prisión a personeros de los sectores políticos, empresariales y castrenses. Sin embargo, el presidente de la República y su consejo de seguridad, integrado por los ministros de gobernación, relaciones exteriores, de la defensa y otros funcionarios de menor rango, se han atrincherado contra cualquier investigación sobre sus actos de corrupción, rompiendo en pedazos el marco institucional, violando disposiciones constitucionales y desobedeciendo las órdenes de las más altas cortes del país en su afán por impedir la acción de la justicia.

Pero este escenario que podría haber provocado una repulsa general e inmediata de la ciudadanía, solo ha permeado en ciertos estratos de la sociedad como las organizaciones civiles y los grupos más próximos a la vida política nacional. La grandes masas, divididas por estrategias pergeñadas desde los grupos dominantes, siguen en la duda de si perseguir a los criminales instalados en el Estado es bueno o malo para la salud nacional, porque hay quienes afirman que esta clase de noticias perjudica gravemente a la economía y a la imagen del país en el exterior, desanimando a posibles inversores.

El silencio ciudadano ha sido la protección más eficaz para los corruptos, a lo largo de su historia y, por supuesto, durante los gobiernos de la época democrática. El saqueo de riquezas ha sido constante y pródigo para los grupos de poder, mientras el pueblo se consume en la miseria más injusta. Las acciones intimidatorias del gobierno contra la Cicig y la ciudadanía son apenas una muestra del peligro al que se expone Guatemala: la posibilidad de perder una democracia incipiente que ha costado miles de vidas.

 

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El peligro del caudillismo
Por Carolina Vásquez Araya

Sin educación ni comunicación ética, es fácil caer en lealtades destructivas.

La secuencia de administraciones de gobierno orientadas a satisfacer ambiciones personales o de partido ha sido la impronta característica de la vida política de los países subdesarrollados.  No cabe duda de que este problema también se encuentra en naciones con un elevado grado de desarrollo económico pero, aún así, los sistemas más evolucionados de esos países tienden a impedir la excesiva concentración del poder minimizando de esta manera el abuso en su ejercicio.


Una vez más, sale a relucir la importancia fundamental de la educación en los niveles más amplios de la sociedad.  La capacidad de buscar, procesar y analizar información es una de las herramientas indispensables para que una sociedad logre escapar al oscuro fantasma del fanatismo y evite caer en la consuetudinaria carencia de elementos de juicio a la hora de elegir a sus gobernantes.  


Una forma de mantener a un pueblo atado a sus frustraciones y sometido al poderoso influjo de la demagogia, es precisamente negarle el acceso a la información limitando el crecimiento de los centros de enseñanza y proponiendo programas educativos ineficientes y desactualizados. De una sociedad con tales privaciones surge con extrema facilidad el caudillismo, una enfermedad política producto de la hábil manipulación psicológica de pueblos abrumados por el continuo fracaso de sus expectativas.


No existe factor más determinante en el retraso de la evolución social como el apasionamiento político.  De las pasiones ciegas nacen las dictaduras, y también a ellas se deben las divergencias irreconciliables dentro de una comunidad.  Sin embargo, no existe antídoto de corto plazo ni fórmulas mágicas capaces de obligar a los grupos mayoritarios a actuar de acuerdo con la lógica, no en todo caso cuando son impulsados por la rabia y la decepción cada cuatro años o lo que dure una administración de gobierno.


En este contexto, es imposible esperar el cumplimiento de todas las demandas o la solución de problemas estructurales de larga data cuyos efectos se agravan período tras período.  Por lo demás, es ilusorio pretender que de un sistema dependiente de la política exterior de los Estados Unidos derive un gobierno independiente y soberano, como tampoco es racional suponer que de un pueblo privado de educación surja de pronto una sociedad democrática, consciente de su responsabilidad y comprometida con el desarrollo de su nación.


Todo es cuestión de prioridades.  Por esta simple razón, cualquier administración debe establecer las suyas en cuanto decida si lo importante es cumplir compromisos con los sectores de poder o su preocupación debe enfocarse en la habilitación de una estructura capaz de dar cabida al estado de Derecho y a las garantías básicas de vida de toda la ciudadanía, lo cual implicaría destinar los fondos públicos a los temas de Estado y no a favorecer a los gobernantes y su pandilla.  Por supuesto, sin olvidar que el escaso desarrollo de la educación -en todos sus niveles- ha sido una condicionante histórica esencial en el entorpecimiento de la evolución social, y es precisamente el primer obstáculo que urge quitar del camino.  


A partir de un real compromiso de Estado en temas como educación, salud, trabajo y vivienda, se neutralizaría de manera natural el peligro del caudillismo en niveles nacional y regional, los cuales tienden a revestir de heroísmo a los peores enemigos del pueblo, tal como sucede en algunas regiones con los líderes de los carteles de la droga, los capos del crimen organizado y con políticos y empresarios corruptos.

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Los avatares de ser mujer


Por Carolina Vásquez Araya
   
Algunos seres humanos vienen con carga adicional desde antes de nacer.

En algunos países, nacer mujer es una maldición para el prestigio de la familia; de algún modo, se considera indicio de “debilidad genética” y se percibe como una mancha en la reputación del hombre, porque una niña supuestamente no aporta a la familia ni a la sociedad. Este desprecio por lo femenino es universal e instaló, a lo ancho y largo del planeta, a lo masculino como la plataforma sólida sobre la cual se eleva la estructura social en todas sus manifestaciones.


Para las mujeres ha sido una ruta llena de obstáculos, miseria y condena moral no solo enfrentar el desafío de la igualdad sino el derecho a desarrollar sus capacidades plenas. Tanto es así que recién en los últimos dos siglos ha sido posible insertar en leyes y tratados los conceptos de equidad, derechos sexuales y reproductivos, penalización de la violencia de género y otras formas de protección dirigidas a garantizar el respeto por los derechos humanos de más de la mitad de la población del mundo.


Sin embargo y a pesar de los avances, no todo está como debe ser. El solo hecho de verse en la necesidad de salir a manifestar a las calles para exigir los derechos que les corresponden –incluso en países desarrollados- es un signo evidente del retraso existente en la ruta de la igualdad de sexos. Los avatares del feminismo comienzan desde la percepción de la sociedad hacia ese movimiento de reivindicación. El rechazo del término “feminismo” como consecuencia de una campaña de descalificación de la lucha por la igualdad, ha encontrado una acogida instantánea en los sectores más conservadores y de poder político, desde los cuales existe una oposición cerrada contra las libertades y derechos de la mujer.

 
El sistema de un patriarcado indiscutible y bien enraizado apenas ha comenzado a temblar y eso que ya estamos en el siglo veintiuno, el de las comunicaciones instantáneas, el de la alta tecnología y en donde se supone existen leyes emitidas en función de reducir la brecha. Pero el sistema todavía cuenta con recursos para entorpecer y hacer más difícil la lucha feminista, dada la pobre presencia de mujeres en los organismos legislativos en la abrumadora mayoría de países del mundo. De ese modo, al no poseer voz suficiente para equilibrar las normas y leyes que las afectan, se ven obligadas a manifestar sus exigencias en un ámbito mucho menos seguro: las calles.


Si esta situación de desventaja institucionalmente instalada ha sido un poderoso avatar en contra del pleno goce de derechos para las mujeres del mundo, hay que imaginar cómo afecta a las niñas y adolescentes, cuyo estatus familiar y social está marcado por múltiples obstáculos. Las niñas nacen en un ámbito proclive a la represión y a la negación de acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Son susceptibles de ser agredidas sexualmente en el ámbito doméstico y en aquellos espacios supuestamente protectores, como la escuela o la iglesia. Su voz no incide en las decisiones de los adultos que las rodean por carecer, desde su condición de niñas, de cualquier forma de poder.


La lucha feminista –y el feminismo como concepto- ha sido como abrir brecha a destajo en un terreno sembrado de minas. A las valientes que han precedido les ha tocado cárcel, represión y hasta muerte de las maneras más crueles. Esto, solo por haberse atrevido a exigir lo que les correspondía de la cuota de libertades y derechos humanos. Por lo tanto, el deber de una comunidad sana y solidaria es unirse a esta lucha con la certeza de que, para avanzar como sociedad, es preciso cambiar las injustas y absurdas reglas existentes.

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Con una señal en la frente
Por Carolina Vásquez Araya

Nunca la degradación de un gobierno había sido tan contundente como ahora.

En la conducta de los gobernantes hay extremos imposibles de ignorar. Retrocesos capaces de aplastar no solo la dignidad de las personas sino también su integridad física y moral. Actos de tal magnitud como para despertar todas las alarmas, en especial si son cometidos por quienes están supuestos a administrar con ética y transparencia los bienes del Estado. El ejemplo más ilustrativo de tales desmanes está ahí, en Guatemala, y a la vista del mundo.


Alguna vez creí haber visto los extremos de la perversidad en los círculos del poder. Pero lo sucedido antes y durante la erupción del Volcán de Fuego la semana pasada ha sobrepasado todo lo imaginable. Las hordas gubernamentales no tardaron en organizarse, pero no para alertar a la población en riesgo, sino para apoderarse del flujo de ayuda recolectada por la ciudadanía y fingir, por medio de actos indignos de seres humanos, que esta provenía del gobierno. No contentos con esa farsa, algunos alcaldes han asumido un poder ilegítimo para prohibir la entrega directa de víveres y otros insumos a la población damnificada, obligando a los donantes a depositarlos en sus bodegas, quizá con el propósito de utilizarla a su favor en alguna próxima campaña electoral.


Pero lo más aberrante ha sido la actitud de las autoridades en su trato a la población infantil guatemalteca refugiada; son niños y niñas que lo han perdido todo. Son las víctimas de siempre, la infancia desprotegida por pobre, indígena y campesina. Tengo en la memoria la inconcebible imagen de la repartición de bananos y la marca con tinta en la frente de esos niños para que no osaran pedir otro. ¿Es acaso la instauración del Último Reich en Guatemala? ¿Coinciden estas atrocidades con las perversas intenciones del congreso, cuyo propósito es marginar legalmente toda diversidad sexual mediante oscuros pactos en medio del caos? ¿Es parte del nuevo régimen dictatorial legislar para eliminar las penas por crímenes de lesa humanidad? ¿Con qué autoridad esas pandillas arremeten contra los pequeños avances alcanzados en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria?


En medio del dolor y la rabia es imposible pasar por alto que un funcionario aparentemente no identificado tuvo el gesto de alertar a primeras horas de la mañana del domingo a la gerencia de un exclusivo club de golf  porque ahí se hospedaban personas importantes. Evacuaron las instalaciones del club a las 10 de la mañana. Todos se salvaron. Mientras tanto, la Comisión para la Prevención de Desastres emitía un comunicado afirmando que no era necesaria la evacuación. ¿Acaso otra estrategia contra la población indígena? Cientos de víctimas fatales merecen ahora investigación, justicia y reparación por parte de un gobierno que les negó el derecho de tener una oportunidad de sobrevivir, aunque fuera mínima.


Viví el terremoto de 1976 y vi con mis propios ojos cómo el glorioso ejército se apropiaba de la ayuda internacional. Carpas de lujo, hospitales de campaña, mantas, víveres, ropa, medicinas… Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz pensé que jamás volvería a suceder semejante despojo pero he aquí la historia repetida con calculada maldad, solo que en esta ocasión con mayor desparpajo, si eso es posible. Médicos voluntarios clamando por medicinas porque las autoridades las embodegaron y no les permite el acceso a ellas. Rostros de cientos de ciudadanos solidarios marcados por la impotencia y el cansancio, siempre prestos a ofrecer lo poco que tienen para salvar la vida de otros, quedarán como imagen imborrable en nuestra memoria.

¿Es Guatemala un ensayo en probeta para repetir los desmanes del nazismo?
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Romper las barreras


Por Carolina Vásquez Araya

Guatemala necesita un sacudón político para derribar las viejas estructuras.

El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros- les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.


Algo al parecer incomprendido por la población urbana y ladina es el poder de la unidad y la necesidad urgente de un trabajo conjunto desde distintos sectores para construir objetivos comunes a toda la ciudadanía, sin excepción alguna. Las estrategias divisionistas de quienes se han aprovechado históricamente de los beneficios y las riquezas nacionales han dado resultados y crearon una nación fragmentada en constante enfrentamiento, permeada por prejuicios racistas y conflictos de clase. Justo el cuadro ideal para dominar económica y políticamente a todo un país.


Tanto como un ejercicio de unidad nacional, es importante comenzar un proceso de análisis de todo el marco jurídico cuyos resquicios han permitido la clase de abuso extremo presente en el gobierno actual y en las anteriores administraciones. El saqueo y las negociaciones ilícitas (pero legales) han debilitado a tal punto la integridad del Estado y sus recursos, que para recuperar lo perdido se necesitarían varias generaciones de gobernantes abiertamente revolucionarios. El subsuelo y sus riquezas, vaciados con total impunidad por compañías extranjeras asociadas con empresarios guatemaltecos que han vendido a su patria para enriquecerse a niveles obscenos, constituye un bien colectivo cuya explotación debería estar sujeta a procesos de consulta nacional y sistemas transparentes de gestión.


Los acontecimientos recientes, entre ellos la inconcebible actitud del gobierno guatemalteco frente a la separación de las familias en la frontera estadounidense y su perversa indiferencia ante la tragedia humana derivada de las erupciones del volcán de Fuego marcan, sin lugar a dudas, un límite a la pasividad de la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de sacudir de una vez por todas el complejo de “subordinación a la autoridad”, especialmente cuando esa autoridad ha dejado de serlo para transformarse en el peor de los enemigos de la nación y sus habitantes. Lo mismo sucede respecto de un sistema económico basado en los moldes medievales de explotación de los más pobres para beneficio de los más ricos.


Guatemala posee todos los atributos para salir del actual estado de colapso político y económico. Tiene ciudadanos de enorme valía, cuyas capacidades bien aprovechadas representarían un nuevo renacer. Pero eso exige un esfuerzo ciudadano para romper barreras, recuperar cuotas de poder, cerrar divisiones étnicas y comprender que sin unidad será virtualmente imposible enfrentar a las mafias enquistadas en el Estado.
Las nuevas generaciones de guatemaltecos merecen ese esfuerzo y mucho más para dejar de ser las víctimas de un país que los expulsa de su tierra y los empuja a enfrentar las vicisitudes de una emigración tan injusta como peligrosa. Guatemala es un país rico y podría ofrecer a sus habitantes un futuro promisorio, para ello bastaría un compromiso de quienes, con la capacidad y ética necesarias, pueden erradicar los males que hoy la tienen en la lista de los países peor catalogados.

Las nuevas generaciones merecen un esfuerzo ciudadano real y concreto.
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No matar al mensajero
Por Carolina Vásquez Araya

Lo que está en juego es la vida del planeta, por ello la protesta debería ser unánime.

La campaña mediática y los comentarios –algunos francamente indignantes y ofensivos- para descalificar la campaña de protesta y concienciación iniciada hace más de un año por Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, es uno de esos fenómenos difícilmente comprensibles. ¿Odio, miedo o simplemente rechazo a una realidad sobre la cual estamos más o menos conscientes? Quizá se pueda sumar a esta fórmula el pensamiento patriarcal, cuyo marco conceptual no solo considera a la mujer un accesorio incapaz de pensar por sí mismo, sino también coloca a la niñez y la juventud en una posición de subordinación y dependencia, cuyos límites a la libertad de expresión demarca con feroz autoridad.


Greta Thunberg dio ante la comunidad internacional una lección valiosa imposible de ignorar. Sus fuertes palabras para recriminar a los representantes de los países reunidos en la cumbre del clima en la sede de las Naciones Unidas, cayeron sobre una audiencia cuyos objetivos están determinados por la economía y el poder geopolítico, no así por la urgente necesidad de reformar sus políticas para detener el acelerado deterioro ambiental que amenaza la vida sobre la Tierra.


No es posible ignorar que un puñado de países industrializados y sus sociedades consumistas han agotado, en menos de un siglo, recursos no renovables extrayéndolos de países empobrecidos por la corrupción y los conflictos bélicos provocados para facilitar sus operaciones. Como consecuencia de esa destrucción sistemática del equilibrio natural de la vida en el planeta, la Humanidad se enfrenta a un futuro incierto y poblado de amenazas que ya es necesario atender.


Sin embargo, ese escenario resulta apocalíptico para las grandes corporaciones y los países hegemónicos que gobiernan al mundo. De establecerse parámetros estrictos de reducción de emisiones, sustitución de fuentes de energía y cese de explotación de recursos no renovables y de especies marinas, muchos serían los efectos en sus planes y perspectivas económicas, en sus políticas sociales y de consumo, pero sobre todo en un replanteamiento drástico del concepto de desarrollo. Por esa razón, observan con recelo las acciones y el impacto de una adolescente de 16 años quien, sin mayores alardes, ha levantado una oleada de protestas a nivel global exigiendo acciones urgentes para detener el cambio climático.


La situación de deterioro ambiental ha sido negada sistemáticamente por los gobiernos de países con mayores índices de consumo, por lo tanto los mayores responsables por la situación actual. Eso, porque en su carrera hacia el poder absoluto, un freno de esa magnitud echaría por tierra sus ambiciones y afectaría gravemente su hegemonía económica. De esa cuenta, el presidente de la nación más consumista del planeta no tuvo empacho en intentar descalificar la actuación de Greta Thunberg y tampoco desperdiciaron la ocasión quienes apoyan sus políticas.


Lo importante no es, en realidad, quien trae el mensaje sino lo que este comunica. Como mensajera, la joven sueca logró su cometido por la pertinencia de un tema que afecta de manera directa a la niñez y la juventud del planeta. Una juventud cuyas perspectivas de vida y desarrollo se ven limitadas por la codicia corporativa y las políticas de dominación de algunas naciones súper poderosas cuyos representantes intentaron matar –mediáticamente- a la mensajera; pero el mensaje logró infiltrarse en la conciencia de millones de jóvenes, para quienes la vida es mucho más importante que un sistema de consumo alienante, impuesto por razones ajenas al bienestar humano.
 
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Alguien tiene miedo
Por Carolina Vásquez Araya


La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez, contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala.


Muchos ya conocen la historia; estos “hogares seguros” -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de las y los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia. Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde habían pasado toda la noche hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos.


En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en la cual se encontraban y, entre ellas, la de la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar. Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario “desaparecen” niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.


Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana. Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de “muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir”.


Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Por ello surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido entre esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

La debilidad moral del Estado se manifiesta en la violencia contra su gente.
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Los dobleces de la moral

Por Carolina Vásquez Araya

 

Estamos programados para seguir un protocolo de obediencia al pensamiento ajeno.

 

Hoy se cierra el año. Esta noche se realiza el ejercicio de una contabilidad obligada de avances y retrocesos, de promesas incumplidas, así como de sueños aplastados por decisiones ajenas y pasividades propias. En este lapso de días, semanas y meses transcurridos desde el último recuento anual han desfilado acontecimientos que por repetidos han dejado de llamar la atención y se han sumado a una agenda noticiosa impermeable a las emociones. En ella se suceden las tragedias y se acumulan las frustraciones, pero nada de eso cambia la perspectiva ni modifica las actitudes egocéntricas de una humanidad cada vez más centrada en sus pequeños objetivos personales.

Es así como en el variado panorama mundial han desfilado, uno tras otro, hechos que, por su enorme trascendencia, debieron poner en alerta y posición defensiva a los pueblos afectados por ellos. Un ejemplo contundente ha sido el creciente fenómeno de las migraciones ocasionadas por el hambre y la violencia, por las guerras y el crimen organizado con su cauda de muertes injustificables de seres indefensos. Sin embargo, los núcleos más influyentes de las sociedades desde las cuales se origina esta huida masiva manifiestan no solo indiferencia, sino encima de todo una condena moral contra quienes en su afán por sobrevivir toman el camino de la frontera.

¿Desde cuál plataforma ética, transparente y racional se permite la sociedad juzgar las decisiones de quienes lo han perdido todo? ¿Cuál es el punto de vista desde donde se miden las responsabilidades por el éxodo de quienes arriesgan su vida en una ruta plagada de amenazas? ¿En dónde se marca el límite del derecho humano a buscar su bienestar y el de su familia? ¿Cuándo y cómo se decidió la hegemonía del poder económico y geopolítico por sobre el derecho a la vida? Pero aún así, no deja de sorprender el conformismo y la aceptación -como si de un hecho irrebatible se tratara- de quienes permiten a un círculo de superpotencias decidir la suerte de millones de seres humanos.

Los principios y valores de nuestras comunidades humanas ya desde hace tiempo dejaron de constituir un protocolo sujeto a debate, revisiones y actualización. Se acepta como válido el principio de la supremacía del poder, sin repararse en la falsedad de intenciones de quienes lo detentan. De ahí surgen los nacionalismos extremos capaces de dividir a los humanos por su condición y su origen, así como otras desviaciones de la solidaridad y la empatía convertidas en actos de dudosa caridad. Desde esas posiciones extremas se predica un cristianismo a la medida de las ambiciones de los predicadores y una sumisión inducida a la medida de los intereses económicos de los gobiernos más poderosos y de las clases dominantes.

En una sociedad, los actos y pensamientos enmarcados en la moral son otra cosa. Equivalen al respeto por los demás, sus derechos y sus circunstancias. Reflejan algo más que una simple actitud de tolerancia, construyendo sociedades capaces de generar desarrollo y coincidencia en la búsqueda de objetivos. Propician el bienestar con un énfasis marcado en las nuevas generaciones, las cuales representan la mejor oportunidad de consolidación de valores en cualquier comunidad humana. Este énfasis en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes no es un acto de generosidad sino una urgente medida de supervivencia, toda vez que en ellos reside el futuro de las naciones. Abandonarlos, por lo tanto, no solo es un crimen de lesa humanidad; es el suicidio de una nación.

 

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Un plan macabro
Por Carolina Vásquez Araya

La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña.

Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.
Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.


Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las leyes.


Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la vida.


Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades correspondientes.


En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa moral para conseguir votantes.  

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El Quinto Patio

La ira transformadora
Un estado de frustración contiene toda la energía necesaria para generar cambios.


Por Carolina Vásquez Araya


El tema del control de armas, a pesar de esta tragedia reciente en el estado de Florida, no ha tenido eco en las altas esferas. El inmenso poder de este lobby se basa no solo en la segunda enmienda de la Constitución que permite la tenencia de armas como un derecho ciudadano, sino en una forma de cultura arraigada y alimentada por hábiles campañas en las cuales han transformado la afición por las armas en un ícono nacionalista. Es decir, en el “americanismo” per se.


Sin embargo, esta industria no afecta solo a Estados Unidos. La exportación de armas hacia otros países es uno de los más prósperos negocios estadounidenses, a lo cual se suma la enorme influencia política y estratégica que le otorga el poder de premunir de armamento a ejércitos afines a sus intereses en cualquier lugar del mundo, dentro de los marcos legales o fuera de ellos.


Las víctimas de este sucio negocio, por lo tanto, no se limitan a sus ciudadanos sino a millones de seres humanos alrededor del planeta, quienes resultan “víctimas colaterales” de uno de los negocios más prósperos y letales. Guatemala no escapa a esa influencia y tiene la enorme desventaja adicional de carecer de un sistema preciso para conocer el número y destino de las armas legales e ilegales que circulan por el país. De acuerdo con estimaciones de las entidades responsables del control de armas (Digecam), en Guatemala existe un arma registrada cada 25 personas, pero este indicador cambia sustancialmente si se añaden las provenientes del contrabando.


En un país como Guatemala, con uno de los índices de violencia más elevados del mundo, la “flexibilidad” institucional en este asunto de tanta importancia para la seguridad ciudadana constituye una amenaza constante para la vida y la integridad de su población. Poseer armas no debería ser considerado un derecho para la población civil, salvo casos excepcionales y estrictamente regulados. La alta incidencia de asesinatos cometidos por niños, adolescentes y adultos integrantes de organizaciones criminales tiene mucho que ver con la incapacidad de las entidades encargadas de velar por la seguridad de las personas.


Así como lo expresó Emma Gonzalez durante una manifestación contra la actitud pasiva de la Casa Blanca frente a la tragedia del colegio Marjory Stoneman Douglas, existe una responsabilidad directa de las autoridades en cada asesinato cometido con un arma comprada en una tienda o en el mercado negro y no hay excusa que valga para justificarlo.


Quizá la ira y la frustración creciente de nuestra sociedad incida en un cambio positivo de las leyes, reglamentos y actitudes frente a los instrumentos de muerte que son las armas en manos de seres agresivos y carentes de escrúpulos, incluidos en este amplio sector no solo los individuos que actúan al margen de la ley, sino también aquellos que lo hacen dentro de sus márgenes, haciendo abuso del poder para violar impunemente los derechos de los ciudadanos. Quizá sean la rabia y la impotencia los agentes de cambio, ya que no lo han sido los diálogos ni las manifestaciones pacíficas.
 
ROMPETEXTO: El poder de las armas es una amenaza constante, no importa en manos de quiénes estén.



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La polarización de las sociedades constituye un obstáculo difícil de derribar.

El intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es, en esencia, un ejercicio saludable; pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir a las sociedades frente a determinados intereses económicos, sociales o políticos. La diferencia entre uno y otro suele residir en cuál acuerdo sobre un marco valórico serviría de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Es en esa dicotomía entre lo ético visto desde una perspectiva social y los intereses particulares, en donde reside la mayor conflictividad y desde donde surgen enfrentamientos derivados de la inevitable oposición de ideas.
Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.
Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.
En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.
Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.
De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

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La niñez triste de Guatemala
Por Carolina Vásquez Araya

Negar la situación de la niñez guatemalteca es un insulto inaceptable.

En Prensa Libre se publicó un reportaje-denuncia sobre el estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.


Suelo revisar cuidadosamente las expresiones compartidas por internautas en redes sociales. Son variadas y reflejan en muchos aspectos la profunda crisis del Estado de Guatemala y de todas sus instituciones, públicas y privadas. Allí se estampa con prístina claridad el efecto catatónico provocado por un conflicto armado interno cuyos métodos represivos fueron científicamente calculados por los entrenadores estadounidenses para no dejar posibilidad alguna de rebelión en una sociedad acallada por el miedo.


La forma selectiva como se perpetraron los asesinatos de líderes y pueblos indígenas no fue un arrebato irracional de la soldadesca, sino una estrategia diseñada en el marco de la Guerra Fría. Esos métodos no han desaparecido y están patente en las estadísticas luctuosas de un país supuestamente democrático y en paz. Lo vivido en estas últimas décadas y sobre todo en el reciente año muestra cómo esa pasividad temerosa de la ciudadanía tiene un efecto directo en el empoderamiento de los sectores más corruptos y destructivos de la sociedad.


El impacto de las decisiones pergeñadas en los círculos poderosos de las organizaciones empresariales, el ejército, el Congreso de la República y el poder ejecutivo va directo al corazón mismo de la Nación. Guatemala es un país saqueado vilmente y sin el menor recato. Los acuerdos y compromisos internacionales son ignorados por los centros de poder y, peor aún, se emiten y modifican leyes cuyo único propósito es resguardar la impunidad de quienes cometen delitos desde esas instancias. Ante este escenario la ciudadanía espera a que alguien descienda de la Vía Láctea, tome la iniciativa y suceda el milagro del cambio.


Sin embargo, mientras eso suceda la niñez agoniza a la vista de todos. La pobreza, en Guatemala, es un crimen de lesa humanidad porque en Guatemala la riqueza abunda a manos llenas. El drama humano de la desnutrición, de la falta de vivienda, de la destrucción planificada de la infraestructura con fines de privatización, de la apropiación de bienes del Estado, del abandono de los migrantes y muchos otros actos abiertamente delictivos lleva al país hacia la pérdida total de la poca soberanía que aún le queda.


El nombramiento de amigos y cómplices en los puestos clave del gobierno incide de manera directa en la degradación ambiental, en el ocultamiento del saqueo, en garantías de impunidad para los involucrados en delitos fiscales y electorales, pero sobre todo en la cruda realidad de ese desfile interminable de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades hacia las fronteras, quienes prefieren arriesgar la vida en ese trayecto que hacerlo en su propia tierra. Claudia Patricia - la joven de Guatemala a quien asesinó de un disparo en la cabeza un agente de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos- es el símbolo de otras miles de jóvenes ansiosas por alcanzar un sueño fuera de su patria, porque en ella la han condenado a la miseria por mujer, pobre e indígena. Así es como Guatemala le responde a su pueblo. Lo más perverso de esta política de exclusión, es que al reducir drásticamente las perspectivas de desarrollo los expulsa del territorio para que, desde el norte, alimenten las arcas desde las cuales los gobernantes y su círculo de amigos obtienen su riqueza mal habida.

Si la gente buena espera a que suceda un milagro, terminará quedándose sin país.


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Fuera de contexto
Por Carolina Vásquez Araya

Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género, dispara las alarmas.

El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una entrevista: “La historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida. Hasta cómo nos comportamos en el hogar. Cuántas veces dejamos el ojo morado a la esposa o la esposa al esposo. Porque todos atacan a los hombres, pero las mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas”. Su afirmación corrió de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo no faltó quien defendiera al funcionario aduciendo que su malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle el entorno que merece.
“La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.” (ONU Mujeres). Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018 se registraron más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a la cual se ven expuestas, la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia.
La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce sobre más del 51 por ciento de la población y la pobre respuesta del Estado ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral.
El problema con las expresiones vertidas por representantes de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía. El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante decisión de utilizar una ley como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, diseñada para amparar a las mujeres víctimas de violencia, como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos por Sandra Torres, candidata a presidente, viene a horadar la solidez de un sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres amenazadas por un sistema patriarcal que las margina.
No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado que refleja una postura y una línea de pensamiento; por eso la necesidad imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un cinismo cruel; pero, sobre todo, a la perpetuación de una violencia cuyos niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en conflictos bélicos. El país se enfrenta como nunca a una necesidad imperiosa de cambio y depuración de sus más importantes instituciones y la ciudadanía tiene en sus manos el voto, con el poder de generar el salto hacia el futuro.

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